Formulan cargos al gobernador de Antioquia por presuntas irregularidades en proyecto de ciclorrutas del Oriente

La Contraloría General de Antioquia formuló cargos por presunto detrimento patrimonial contra el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, por hechos relacionados con un proyecto de construcción de ciclorrutas en el Oriente antioqueño ejecutado durante el periodo en el que se desempeñó como alcalde de Rionegro, entre 2016 y 2019.

La investigación fiscal está vinculada a un plan de movilidad regional que fue presentado como una intervención de gran alcance y que contemplaba la conexión de varios municipios del Oriente, entre ellos Rionegro y Marinilla. El proyecto fue promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y contemplaba una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos.

Según los hallazgos del ente de control, pese a la suscripción de contratos para su ejecución, las obras no habrían sido finalizadas de manera efectiva ni cumplido el objeto para el cual fueron contratadas. En el proceso se identificó un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos, celebrado entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia.

La Contraloría señaló que, aunque el monto del convenio era significativo, los trabajos contratados no lograron los resultados previstos, lo que derivó en cuestionamientos sobre la planeación, estructuración y ejecución del proyecto. De ese contrato, se habrían desembolsado 26.186 millones de pesos a las firmas Ingecon e IDC, cifra que constituye la base de la imputación fiscal.

Además del actual gobernador, los cargos también involucran al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández; a exgerentes de Indeportes Antioquia; a siete exfuncionarios de esa entidad; a una de las empresas contratistas y a una aseguradora internacional.

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En el documento que sustenta la imputación, el organismo de control advirtió debilidades en la etapa precontractual, las cuales habrían conducido a la celebración de contratos cuyas obras, a la fecha, no cumplen la finalidad para la que fueron concebidas. Estas observaciones hacen parte del análisis técnico adelantado durante el proceso investigativo.

Las presuntas irregularidades, según organizaciones ciudadanas, ya habían sido advertidas hace más de cinco años. Desde la Veeduría Ciudadana al Central Park, proyecto inconcluso en Bello, se indicó que uno de los principales obstáculos estuvo relacionado con la adquisición de predios necesarios para la ejecución de las ciclorrutas. Su representante, Carlos Contreras, explicó que las dificultades en la negociación de franjas de terreno derivaron en retrasos y reclamaciones por parte de propietarios afectados.

El caso tomó un nuevo alcance institucional luego de que la Contraloría General de la República asumiera poder preferente sobre la investigación. De igual manera, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe posibles responsabilidades de carácter penal derivadas de los hechos analizados.

Desde la veeduría ciudadana se pidió celeridad en el trámite del proceso para evitar dilaciones que puedan conducir a la prescripción de las actuaciones fiscales.

Frente a la imputación, el gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó la actuación de la Contraloría de Antioquia y la calificó como inusual. Señaló que la decisión se tomó a pocos días de la salida de la actual contralora departamental y aseguró que el ente se habría extralimitado en sus funciones. Rendón afirmó que solicitó la nulidad del proceso y sostuvo que algunos de los puntos críticos de las ciclorrutas han sido intervenidos por la actual administración.

Este proceso se suma a otra investigación en curso relacionada con la gestión de Rendón como alcalde de Rionegro. En ese expediente se indagan presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de la Policía, por un valor cercano a los 1.270 millones de pesos, que, según la Fiscalía, no se habrían ejecutado conforme a la normativa vigente.

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