Fiscal Luz Adriana Camargo cuestiona la Paz Total de Petro y revela problemas de la Fiscalía

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, hizo un balance de su gestión, cuestionó los resultados de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, reveló las dificultades que tuvo para relacionarse con la anterior administración, defendió la independencia de la entidad frente a los sectores políticos y respondió por algunas de las investigaciones que han marcado los últimos años, entre ellas el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el proceso contra Nicolás Petro, las actuaciones relacionadas con alias Calarcá, el expediente contra el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, la extradición de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, y la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

En entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, después de un prolongado periodo sin conceder una entrevista de esta extensión al medio. La conversación se produjo en un momento en el que la Fiscalía enfrenta cuestionamientos por varios expedientes de impacto nacional y, paralelamente, advierte sobre dificultades presupuestales, congestión y limitaciones para ampliar su presencia territorial.

Independencia de la Fiscalía

Uno de los primeros asuntos abordados fue la independencia de la Fiscalía. Camargo sostuvo que al comienzo de su administración anunció que no llegaba al cargo para favorecer a ninguna persona o sector y aseguró que ha mantenido esa posición. Definió la entidad bajo su dirección como una Fiscalía “sin agenda” política y señaló que las decisiones adoptadas durante su administración han provocado cuestionamientos provenientes de sectores enfrentados entre sí.

Como ejemplo mencionó la investigación de la UNGRD, que derivó en actuaciones contra exfuncionarios del gobierno Petro, entre ellos dos exministros y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según Camargo, esas decisiones llevaron a que sectores del petrismo y del Pacto Histórico interpretaran las actuaciones de la Fiscalía como parte de una agenda contra el anterior Gobierno.

En sentido contrario, señaló que otras decisiones relacionadas con el expresidente Álvaro Uribe provocaron acusaciones desde sectores que respaldan al exmandatario. La fiscal resumió su posición señalando que la función de la entidad consiste en investigar delitos independientemente del sector político al que pertenezcan los involucrados.

La entrevista dejó además una declaración sobre la relación institucional que mantuvo la Fiscalía con el gobierno de Gustavo Petro. Preguntada por el vínculo con la administración anterior y con el gobierno que asumió el 7 de agosto de 2026, Camargo afirmó que con el gobierno Petro “hubo muchas dificultades en el diálogo, en las formas”.

Nuevo gobierno y paz

En contraste, indicó que durante las primeras semanas de la nueva administración había sostenido alrededor de ocho reuniones de trabajo con funcionarios del Gobierno y calificó ese relacionamiento como bueno.

El balance de Camargo sobre la Paz Total fue todavía más directo. La fiscal sostuvo que esa política tuvo “muchísimas dificultades para que fuese exitosa” y concluyó que no lo fue.

Explicó que uno de los efectos del modelo adoptado por el gobierno Petro fue la imposibilidad de ejecutar determinadas órdenes de captura contra integrantes de organizaciones armadas que habían sido reconocidos como participantes o representantes en las mesas de diálogo.

Camargo recordó que el esquema se desarrolló al amparo de la Ley 2272 de 2022, que modificó y prorrogó disposiciones de la Ley 418 de 1997, instrumento utilizado por distintos gobiernos para establecer mecanismos relacionados con orden público, negociación, sometimiento y procesos de paz.

Desde la perspectiva de la Fiscalía, las decisiones tomadas en aplicación de ese marco tuvieron consecuencias concretas sobre la capacidad de hacer efectivas órdenes judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.

La fiscal identificó varios problemas. El primero fue el diseño de diálogos regionales, pues consideró que abrir numerosas conversaciones simultáneas exigía una capacidad de planeación que, según dijo, estuvo ausente. El segundo estuvo relacionado con los interlocutores.

A juicio de Camargo, los acuerdos deben adelantarse con quienes ejercen capacidad real de mando dentro de las organizaciones y no solamente con mandos medios. Los diálogos regionales, sostuvo, terminaron produciendo una interlocución dispersa.

A esos factores agregó otro que consideró determinante: la falta de voluntad de algunos integrantes de las organizaciones criminales para alcanzar acuerdos serios de paz. Su conclusión fue que el modelo no consiguió los resultados esperados.

Suspensión de órdenes de capturas

Camargo también explicó uno de los puntos que produjo diferencias entre la Fiscalía y el gobierno Petro: la suspensión de órdenes de captura. Según la fiscal, la entidad estableció que las suspensiones podían operar respecto de órdenes nacionales, pero no podían extenderse a órdenes de captura con fines de extradición.

Recordó en particular el caso de alias Araña y afirmó que su captura generó molestias en el Gobierno precisamente porque existía una solicitud relacionada con extradición. La posición institucional, aseguró, fue que ninguna orden con fines de extradición podía quedar suspendida por la participación de una persona en una mesa de conversaciones.

La fiscal también se pronunció sobre conversaciones atribuidas al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y representantes de organizaciones armadas.

Señaló que algunos contenidos podían resultar llamativos observados de manera aislada, pero recordó que los ceses al fuego y determinadas actuaciones estaban incluidos dentro del marco jurídico de los diálogos.

Precisó que algunos ceses fueron decretados anticipadamente con el propósito de facilitar las conversaciones y que esas actuaciones estaban respaldadas por la Ley 2272.

Por esa razón, explicó, determinadas conversaciones no derivaban por sí mismas en una investigación penal.

Impunidad con Calarcá

Otro de los capítulos centrales fue el de alias Calarcá. Camargo reconoció que información revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol permitió a la Fiscalía recuperar y analizar datos que ya estaban en poder de los investigadores, pero cuyo contenido no había sido examinado en su totalidad.

Explicó que la información permanecía dentro de una extracción forense y que el equipo responsable atendía simultáneamente investigaciones de alta complejidad, entre ellas hechos atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc.

La fiscal admitió que la entidad no había llegado previamente a esa información y sostuvo que el problema refleja la necesidad de disponer de equipos suficientemente robustos para identificar todas las líneas investigativas contenidas en grandes volúmenes de información digital. Agregó que esos elementos terminaron sirviendo como fundamento para avanzar contra Calarcá.

La situación se conecta directamente con uno de los problemas estructurales que Camargo ha expuesto durante su administración: la capacidad humana de la Fiscalía frente al volumen de investigaciones.

Carga de trabajo y presupuesto

Desde 2024 su despacho ordenó realizar diagnósticos de las cargas activas e inactivas de los despachos y mediciones cualitativas y cuantitativas del trabajo, al tiempo que estableció que, como regla, un mismo fiscal acompañara el proceso desde la indagación hasta su terminación, incluida la etapa de juicio.

En septiembre de 2026, además, Camargo llevó al Congreso una advertencia sobre los recursos disponibles para la entidad. La Fiscalía cuenta con cerca de 24.754 servidores y el componente de personal previsto para 2027 representa aproximadamente $6,2 billones.

La entidad solicitó alrededor de $7,7 billones únicamente para funcionamiento, mientras que el anteproyecto contemplaba aproximadamente $6,6 billones para ese componente, una diferencia cercana a $1,2 billones.

La preocupación no se limita a la nómina. Después de cubrir los gastos de personal quedarían, según las cifras expuestas ante el Congreso, aproximadamente $415.000 millones para obligaciones que incluyen servicios públicos, combustible, gastos reservados, viáticos, seguros y arrendamientos.

Los cálculos de la Fiscalía sitúan esas necesidades cerca de $976.000 millones, razón por la cual Camargo advirtió que los recursos disponibles resultarían insuficientes para cubrir todo 2027.

La entidad también tiene 443 sedes en arrendamiento y pretende ampliar su presencia territorial. Camargo explicó ante el Congreso que la Fiscalía todavía no llega a cerca de 500 municipios y que la aspiración institucional es alcanzar por lo menos 780.

A ello se suman los costos de vigilancia, aseo, infraestructura, protección de testigos y demás gastos asociados a la operación investigativa.

Ese panorama ayuda a explicar una de las respuestas de Camargo sobre los expedientes digitales: no basta con incautar computadores o teléfonos. La información debe extraerse, clasificarse, analizarse y convertirse en evidencia susceptible de ser presentada ante un juez.

En la entrevista con Noticias Caracol insistió en que la existencia aparente de un mensaje no reemplaza la obligación de acreditar su procedencia, autenticidad, interlocutores y contexto antes de convertirlo en fundamento de una actuación penal.

Caso UNGRD

Ese planteamiento apareció particularmente al hablar del escándalo de la UNGRD. Camargo explicó que la investigación comenzó alrededor de los 40 carrotanques adquiridos para La Guajira, pero posteriormente permitió establecer, según la Fiscalía, la existencia de una red en la que participaron funcionarios y particulares.

La profundización de las pesquisas condujo después a actuaciones contra exministros y otros funcionarios y a la compulsa de copias contra 33 congresistas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Camargo recordó los límites constitucionales de competencia de la Fiscalía. La entidad puede investigar a ministros y otros funcionarios, pero los congresistas cuentan con un régimen especial y las investigaciones correspondientes deben trasladarse a la Corte Suprema.

De allí, explicó, la decisión de compulsar las copias derivadas de los hallazgos relacionados con 33 integrantes del Congreso.

Vladimir Fernández

En ese contexto aparece el caso del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y sus comunicaciones con el exdirector de la UNGRD Olmedo López.

En Caracol, la fiscal se refirió de manera general a la necesidad de autenticar y contextualizar los chats antes de utilizarlos como evidencia.

Sobre Fernández, Camargo explicó que la fiscal María Cristina Patiño y el equipo responsable del caso UNGRD habían conocido los chats y concluyeron que no existían elementos suficientes para compulsar copias.

Camargo aseguró haber revisado posteriormente esas comunicaciones y sostuvo que, en su criterio, estaban siendo presentadas de manera descontextualizada.

También rechazó que de ellas pudiera concluirse automáticamente que existió una entrega de dinero al magistrado o que recursos del escándalo hubieran intervenido en la elección de la fiscal general por parte de la Corte Suprema.

La fiscal sostuvo que una compulsa de copias no debe hacerse simplemente ante la posibilidad abstracta de que exista un delito, sino cuando el funcionario judicial encuentra elementos que permiten advertir una conducta susceptible de investigación. Señaló que Patiño, quien dirige la investigación, mantenía la conclusión de que no había mérito suficiente para compulsar copias por ese episodio.

El asunto adquirió mayor relevancia después de que se conocieran nuevas reconstrucciones de las conversaciones entre Fernández y Olmedo López, en las que aparecen referencias a reuniones, nombramientos y comunicaciones relacionadas con el entonces presidente Gustavo Petro.

Esas publicaciones han planteado interrogantes sobre la actuación de Fernández durante su paso por la Casa de Nariño y después de su llegada a la Corte Constitucional. Sin embargo, esas son revelaciones periodísticas que continúan sometidas a contraste y no equivalen por sí mismas a una determinación judicial de responsabilidad.

En la entrevista Camargo puso el énfasis precisamente en esa diferencia entre un elemento que resulta llamativo periodísticamente y una prueba utilizable en un proceso penal. 

Para la Fiscalía, explicó, es necesario establecer que un chat salió de determinado teléfono, llegó efectivamente al dispositivo correspondiente y que quienes aparecen como interlocutores son realmente las personas señaladas. El estándar penal exige, recordó, construir prueba capaz de superar la duda razonable.

Los errores y caso Nicolás Petro

Camargo también admitió errores en el episodio de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre vinculado al caso UNGRD. Reconoció que hubo dificultades en la expedición de las órdenes de captura y que esa situación contribuyó a que González pudiera salir de Colombia.

Aseguró que esperaba que, por tratarse de una persona que había pertenecido al Gobierno, compareciera al proceso y enfrentara la imputación, y reconoció que no previó que se produjera su evasión.

Otro frente relacionado con el gobierno Petro fue el proceso contra Nicolás Petro. Camargo negó haber intervenido para modificar la orientación del expediente. Explicó que cuando llegó a la Fiscalía el caso ya estaba judicializado y se encontraba en audiencia preparatoria. Señaló que en esa fase la Fiscalía actúa como litigante y que la conducción del proceso corresponde al juez especializado de Barranquilla.

La fiscal reconoció que la audiencia preparatoria se ha extendido durante aproximadamente dos años y medio y atribuyó la duración a factores como la agenda judicial y la estrategia de litigio adoptada por la fiscal que manejaba el expediente. Explicó que actualmente existen recursos ante el Tribunal de Barranquilla relacionados con las pruebas que podrán ser practicadas durante el juicio.

Camargo también respondió a las declaraciones de la exfiscal Lucy Laborde, quien estuvo encargada del expediente. Negó haber ejercido presiones y explicó que Laborde salió de la entidad como consecuencia del concurso de méritos, pues no participó en el proceso mediante el cual fue provisto el cargo que ocupaba.

Recordó que la Fiscalía debía proveer miles de plazas mediante concurso y que no podía mantener a una funcionaria en un puesto únicamente por encontrarse a cargo de un proceso determinado. En una entrevista anterior había señalado que la entidad tiene alrededor de 24.000 funcionarios y debía avanzar en la provisión de cerca de 4.000 cargos mediante el sistema de mérito.

Camargo confirmó que sostuvo una reunión con Laborde en la que se habló de una solicitud de preacuerdo y principio de oportunidad presentada por la defensa de Nicolás Petro. La fiscal general sostuvo que ese tipo de solicitudes forma parte de los procedimientos ordinarios de la institución, que la fiscal del caso consideró que el acuerdo no era procedente y que, por esa razón, no se realizó. El proceso continuó.

Pesquisas en Ecopetrol y Pitufo

Otro asunto vinculado al anterior Gobierno fue el expediente de Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial de Petro y posteriormente presidente de Ecopetrol.

Camargo explicó que la Fiscalía trabaja sobre tres líneas. Una corresponde a un supuesto tráfico de influencias relacionado con un contrato de Hocol y la adquisición de un apartamento; otra investiga una posible violación de topes electorales durante la campaña presidencial, y una tercera se concentra en Termomorichal y el pago de aproximadamente US$40 millones relacionado con la terminación de un contrato.

La fiscal también rechazó una versión relacionada con Diego Marín, “Papá Pitufo”, y el exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero Isaac Beltrán. Ante la afirmación de que Beltrán habría actuado como emisario para conversar con Marín y posteriormente habría informado de sus gestiones al entonces presidente Petro y a Camargo, la fiscal negó de manera categórica haber participado o conocido una gestión de esa naturaleza.

Señaló que una persona ajena a la dirección de una investigación no está facultada para ofrecer beneficios ni organizar mesas de diálogo y aseguró que existe una actuación por posible abuso de autoridad.

Respecto de la extradición de Marín, Camargo explicó que Colombia consiguió inicialmente una decisión favorable en España en 2024 y posteriormente adelantó el procedimiento en Portugal durante 2025. El obstáculo actual, dijo, no está en la solicitud colombiana sino en la petición de asilo formulada por Marín ante las autoridades portuguesas, cuya resolución mantiene detenido el procedimiento.

Caso Miguel Uribe Turbay

La entrevista abordó además el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Camargo aseguró que existen indicios que apuntan a una posible participación de disidencias, pero fue cuidadosa en señalar que la información todavía es general y necesita ser concretada y corroborada. La Fiscalía, sostuvo, mantiene abiertas diferentes líneas para establecer quiénes estuvieron detrás del crimen.

En materia de seguridad, Camargo informó que durante 2026 la Delegada contra la Criminalidad Organizada había hecho efectivas 1.375 órdenes de captura y que, por su parte, Seguridad Territorial acumulaba aproximadamente 4.900. Vinculó esas cifras con el propósito institucional de “investigar para capturar” y no detener personas para posteriormente intentar construir las investigaciones.

La fiscal también defendió la cooperación con Estados Unidos. Señaló que las relaciones de la Fiscalía con las autoridades estadounidenses han sido buenas durante su administración y recordó que existen por lo menos siete grupos operativos conjuntos o apoyados por organismos estadounidenses, en los que trabajan investigadores colombianos de la Policía Judicial y del CTI. Indicó que esa cooperación se ha desarrollado durante aproximadamente 25 años.

En conjunto, las declaraciones de Camargo constituyeron uno de sus balances públicos más amplios desde que asumió la Fiscalía.

La funcionaria defendió la tesis de una entidad sin agenda partidista, reconoció problemas internos y limitaciones investigativas, admitió dificultades en actuaciones concretas como el caso de Carlos Ramón González y sostuvo que las investigaciones contra personas vinculadas al gobierno Petro no obedecieron a una orientación política.

Al mismo tiempo, su balance de la Paz Total fue crítico: consideró que el modelo no fue exitoso, cuestionó la planeación de los diálogos regionales, señaló que en algunos casos se negoció con personas sin suficiente capacidad de mando y afirmó que faltó voluntad real de organizaciones criminales para alcanzar acuerdos.

También dejó constancia de que la suspensión de órdenes de captura afectó durante un periodo la capacidad operativa de la Fiscalía frente a integrantes de organizaciones que participaban en las conversaciones.

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