Escolta de UNP denuncia ante Corte Suprema por acoso sexual a excongresista de Comunes Carlos Carreño

El exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes, Carlos Carreño, es objeto de una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia tras la denuncia presentada por una exintegrante de su esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La mujer aseguró que fue víctima de presuntos actos de acoso sexual y que, después de rechazar las conductas que atribuye al excongresista, enfrentó cambios en sus condiciones laborales que considera represalias por no acceder a sus pretensiones.

De acuerdo con la denuncia conocida por el alto tribunal, los hechos centrales ocurrieron el 17 de febrero de 2026 en Bogotá, cuando la escolta cumplía las funciones de protección asignadas por la UNP.

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Según su versión, al finalizar la jornada laboral, Carreño le pidió que subiera hasta el apartamento donde residía y, una vez allí, comenzó a hacerle comentarios de carácter personal que, en criterio de la denunciante, sobrepasaban cualquier relación estrictamente profesional.

En el testimonio entregado a los magistrados, la mujer relató que el entonces congresista manifestó de forma reiterada que sentía atracción por ella y que le resultaba difícil controlar ese interés.

Explicó que, durante la conversación, él le preguntó qué pensaba sobre esas afirmaciones, mientras ella respondió en varias oportunidades que la relación entre ambos era exclusivamente laboral y que su presencia obedecía únicamente a las funciones de seguridad asignadas por la Unidad Nacional de Protección.

La denunciante sostuvo que la situación no terminó con esas manifestaciones verbales. Según declaró, Carreño continuó insistiendo en sus comentarios y posteriormente pasó al contacto físico sin su consentimiento.

En la declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia afirmó que el exrepresentante le tocó las piernas mientras reiteraba expresiones relacionadas con la atracción que decía sentir por ella y aseguraba que no podía contenerse porque, según sus propias palabras, se encontraba "descontrolado".

La escolta señaló que, al advertir que la situación se estaba tornando más grave, manifestó su intención de retirarse del lugar. Sin embargo, aseguró que el excongresista la sujetó por los brazos e intentó llevarla por la fuerza hacia una habitación del apartamento.

En ese momento, según el relato consignado en la investigación, también habría realizado tocamientos en sus glúteos, hechos que la mujer calificó como una agresión de carácter sexual.

Tras ese episodio, la exintegrante del esquema de seguridad manifestó que comenzaron a presentarse modificaciones en sus condiciones de trabajo.

Indicó que dejó de ser incluida en grupos internos de comunicación utilizados para coordinar las labores de protección y que fue apartada de algunas funciones que anteriormente desarrollaba con normalidad dentro del equipo asignado al entonces congresista.

Según declaró ante la Corte, cuando consultó las razones de esos cambios recibió como explicación que para Carlos Carreño resultaba incómodo compartir espacios con ella.

La denunciante considera que esas decisiones obedecieron al rechazo que manifestó frente a las presuntas conductas de acoso y que constituyeron una forma de represalia dentro del entorno laboral.

La situación, según su versión, continuó después del período de vacaciones que culminó el 3 de marzo de 2026. En su declaración afirmó que el exrepresentante se comunicó telefónicamente con ella para reclamarle porque, según él, no lo saludaba cuando coincidían durante las actividades relacionadas con el esquema de protección.

La mujer aseguró que esa llamada incrementó el ambiente de incomodidad que ya existía entre ambos.

En el testimonio conocido por la Corte Suprema, la denunciante sostuvo que el ambiente laboral se volvió cada vez más difícil y que sintió que las decisiones adoptadas en su contra estaban relacionadas con el rechazo a las insinuaciones que, según ella, realizó el entonces congresista.

Añadió que percibió un uso de la posición de poder que ejercía Carreño como beneficiario del esquema de seguridad para afectar sus condiciones de trabajo.

La exescolta explicó igualmente que sus responsabilidades consistían en garantizar la seguridad del protegido hasta que este llegara a su residencia. Indicó que, luego de varias semanas en las que consideró que la situación se volvió insostenible, acudió a sus superiores dentro de la Unidad Nacional de Protección para informar lo ocurrido.

De acuerdo con su relato, funcionarios de la entidad le solicitaron reunir los elementos de prueba disponibles y presentar formalmente la denuncia mediante los canales institucionales establecidos para ese tipo de situaciones.

Posteriormente, fue retirada del esquema de seguridad y aseguró que desde entonces no volvió a tener contacto con Carlos Carreño.

Dentro del proceso judicial también quedó consignada la posición del exrepresentante a la Cámara.

Consultado sobre las denuncias en su contra, Carreño manifestó que el caso hace parte de un asunto político relacionado con recusaciones presentadas dentro de otro proceso judicial.

Al ser interrogado sobre una investigación distinta, relacionada con la presunta solicitud de dinero a una persona vinculada a su Unidad de Trabajo Legislativo, el excongresista afirmó que considera esas actuaciones como parte de una persecución política.

Frente a la pregunta específica sobre las acusaciones de acoso sexual formuladas por la exescolta, respondió que esa era toda la declaración que haría sobre el caso.

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