El respaldo del Gobierno a una constituyente desata una ola de críticas desde el país político

El apoyo del Gobierno nacional a la inscripción de un comité promotor de una asamblea nacional constituyente provocó un fuerte rechazo entre dirigentes políticos de distintas orillas, que calificaron la iniciativa como una amenaza al orden democrático y un intento del presidente Gustavo Petro por mantenerse en el poder.

El comité, integrado por nueve ciudadanos, fue inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil como una iniciativa ciudadana. Al acto asistió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien expresó públicamente el respaldo del Ejecutivo al proceso. Según explicó, el objetivo sería “superar el bloqueo institucional” y avanzar en transformaciones que, a juicio del Gobierno, no han sido posibles dentro del marco actual de la Constitución de 1991.

La propuesta implica la recolección de más de tres millones de firmas y, posteriormente, la presentación del proyecto ante el Congreso de la República, que tendría la última palabra sobre su viabilidad. Desde el Gobierno se ha insistido en que se trata de un mecanismo legal y ciudadano para impulsar reformas estructurales a la carta magna.

Sin embargo, el anuncio desató una inmediata reacción en el llamado país político. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia instó a la ciudadanía a defender la Constitución vigente y acusó al Gobierno de despreciar el equilibrio de poderes. A su juicio, la constituyente sería la antesala de una mayor intervención estatal en sectores clave como la banca y la minería.

En la misma línea, el abogado y precandidato Abelardo de la Espriella sostuvo que, aunque formalmente se trate de una iniciativa ciudadana, la constituyente sería una herramienta funcional al proyecto político del petrismo. Afirmó que el Gobierno busca “dinamitar la democracia” ante una eventual derrota electoral y calificó a sus promotores como “remedos de golpistas”.

Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal recordó que Petro se comprometió públicamente a no impulsar una constituyente. Según dijo, el respaldo del Ejecutivo contradice esa promesa y refleja una deriva autoritaria. Su copartidaria Paola Holguín también criticó la iniciativa y aseguró que el Gobierno pretende cambiar las reglas en lugar de gobernar con eficacia y transparencia.

Las críticas no se limitaron a la oposición de derecha. El precandidato presidencial Sergio Fajardo calificó la propuesta como una “trampa” que profundizaría la polarización y serviría para desviar la atención de lo que considera los fracasos del actual Gobierno. En su opinión, una constituyente no resolvería los problemas estructurales del país.

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Desde otros sectores, el aspirante a la Cámara Andrés Gaviria advirtió que abrir un proceso constituyente generaría incertidumbre económica y social en un momento en el que Colombia necesita estabilidad. Sostuvo que no es necesaria una reforma constitucional, sino una mejor ejecución de las políticas públicas.

La senadora Angélica Lozano, por su parte, alertó sobre los riesgos de repetir experiencias fallidas como la de Chile y defendió la Constitución de 1991 como un consenso histórico que debe respetarse. A su vez, el excongresista Ernesto Macías calificó la iniciativa como una “cortina populista” para distraer la atención de los escándalos que enfrenta el Gobierno.

Finalmente, Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional, fue más allá y aseguró que la constituyente sería una estrategia para asegurar la permanencia del petrismo en el poder, incluso advirtiendo sobre una supuesta cercanía con el régimen de Nicolás Maduro.

Mientras el comité promotor inicia el proceso de recolección de firmas, el debate sobre la conveniencia y los alcances de una asamblea constituyente vuelve a polarizar el escenario político colombiano y anticipa un nuevo choque entre el Gobierno y sus contradictores.

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