EE.UU. revoca visas a Ricardo Roa, Yahir Acuña y cinco congresistas más por corrupción y narcotráfico

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves restricciones de visado contra siete ciudadanos colombianos, entre ellos el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, antiguo jefe de campaña de Gustavo Petro. La medida hace parte de la política estadounidense contra la corrupción y el narcotráfico en la región.

Además de Roa, la prohibición de ingreso afecta al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; al senador electo Wadith Manzur; a la representante electa Karen Manrique; a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y al excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa. Las restricciones se extienden a sus familiares.

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Según Washington, la decisión se enmarca en la campaña impulsada por el Escudo de las Américas, una alianza regional liderada por el presidente Donald Trump, a la que se sumó el nuevo mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un comunicado que la Administración Trump está del lado del Gobierno de Colombia en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal, incluso en tribunales, fuerzas policiales y el Legislativo.

Las sanciones se aplican bajo una nueva política anunciada el 28 de septiembre, dirigida a extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan a los gobiernos latinoamericanos.

Roa se apartó de la presidencia de Ecopetrol el 7 de abril, mediante una licencia no remunerada, en medio de varias investigaciones judiciales y administrativas. El 11 de marzo, la Fiscalía lo imputó por tráfico de influencias de servidor público, en un caso relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá y su posible vínculo con contratos adjudicados por Ecopetrol. El 12 de mayo, además, fue imputado por violación de los límites de gastos en campañas electorales, por presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro en 2022, de la cual fue gerente.

Por su parte, Manzur, Manrique y Bitar están procesados por presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos para sus regiones a cambio de respaldar operaciones de crédito del Gobierno de Petro en 2023.

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