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Alerta por fin del contrato fiduciario del Fomag y faltante de $1,84 billones para la salud de docentes
El contrato vence el 31 de octubre; el ente de control pide garantizar la atención de los maestros.
La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta preventiva por la inminente terminación del contrato fiduciario que sostiene la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), prevista para el 31 de octubre de 2026. A esto se suma la necesidad de conseguir cerca de $1,8 billones adicionales para financiar el componente de salud lo que resta del año.
Ante la cercanía de la fecha, el organismo de control pidió al Consejo Directivo del Fomag explicar qué decisiones se han tomado sobre la continuidad de la administración fiduciaria. También le solicitó detallar las medidas para evitar interrupciones en los servicios de salud de los docentes y sus beneficiarios, así como en el reconocimiento y pago de sus prestaciones económicas.
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La situación financiera del Fondo es otro motivo de preocupación. Aunque el Consejo Directivo aprobó hace poco un traslado presupuestal de $859.000 millones para reforzar la salud, todavía persiste un faltante estimado de $1,84 billones frente a las necesidades proyectadas para 2026.
Por eso, la Procuraduría requirió información sobre las gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: los montos solicitados, el estado de los trámites y los planes de contingencia por si los recursos no están disponibles a tiempo.
El Ministerio Público advirtió que las dificultades financieras y contractuales no pueden afectar la continuidad, oportunidad y calidad de la atención de los afiliados. Además, solicitó de manera prioritaria los soportes de las acciones adoptadas para garantizar el funcionamiento del Fondo desde el 1 de noviembre de 2026.
La Procuraduría precisó que su intervención es de carácter preventivo y que busca proteger los derechos fundamentales de los docentes y sus familias, sin interferir en las decisiones administrativas y contractuales que corresponden a las entidades competentes.
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