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Destituyen a expolicías por caso de la narcoavioneta cargada con cocaína en Providencia

Detalles del caso que involucra al esposo de una figura de la actuación colombiana.

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Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 22/10/2026 - 12:47 Créditos: Fiscalía General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a los exagentes de la Policía William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, por su participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá a la Isla de Providencia a bordo de una avioneta, en mayo de 2021.

En fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que los entonces agentes fueron quienes se encargaron de embarcar el alcaloide en uno de los hangares del aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, antes de que la aeronave iniciara su desplazamiento a la terminal aérea El Embrujo, que sirve a Providencia, lugar donde fue incautado por las autoridades. 

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta cometida por los uniformados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo de primera instancia fue apelado por los investigados.

El caso

El hallazgo de 446 kilogramos de cocaína se registró el 23 de mayo de 2021 y generó una amplia repercusión nacional debido a que la aeronave involucrada aparecía registrada a nombre de Interandes Helicópteros S.A.S., empresa en la que figuraba como socio fundador el empresario Miguel Jaramillo, esposo de la presentadora y humorista Alejandra Azcárate.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento de droga estaba oculto en cajas que, presuntamente, transportaban elementos de bioseguridad. Durante el operativo también fueron incautados cerca de $102 millones en efectivo, según los reportes conocidos sobre el caso.

La vinculación de la aeronave con la compañía relacionada con Jaramillo desató cuestionamientos en la opinión pública. No obstante, el empresario aseguró que, según la documentación entregada a la Fiscalía General de la Nación, había dejado de ser accionista y representante legal de la sociedad cinco meses antes de los hechos. Asimismo, reconoció que no verificó que su contadora realizara el registro de las actas correspondientes ante la Cámara de Comercio.

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