Directora del ICBF responde a Alfredo Mondragón y exige pruebas por señalamientos sobre contratos

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, pidió al representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón presentar las pruebas que respalden sus señalamientos sobre la contratación de dos personas que trabajaron con ella antes de asumir la dirección de la entidad.

El pronunciamiento de Restrepo se produjo después de que Mondragón difundiera un video en sus redes sociales en el que afirmó que la funcionaria llegó al ICBF “a pagar favores políticos” y cuestionó dos vinculaciones realizadas después de su nombramiento.

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Según el representante, 11 días después de asumir el cargo, Restrepo contrató “a dedo a dos personas que financiaron su campaña política cuando fue candidata a la Cámara de Representantes en 2022 y se quemó”.

Mondragón identificó a las personas como Erika Jiménez y Cristian Mauricio Pinzón. De acuerdo con sus afirmaciones, Jiménez habría realizado un aporte en especie por $6 millones a la campaña de Restrepo y actualmente tendría un contrato por $25 millones con el ICBF.

Sobre Pinzón, el congresista sostuvo que habría aportado $36 millones en especie y que posteriormente obtuvo un contrato por más de $17 millones con la entidad. Los señalamientos fueron presentados por Mondragón en el video publicado en sus redes sociales.

Restrepo rechazó las acusaciones y cuestionó que se presenten como hechos situaciones que, según ella, no corresponden a la realidad.

“No vayan a inventarse cosas que son falsas simplemente porque es lo único que pueden encontrar”, manifestó la directora del ICBF.

La funcionaria explicó que conoce y trabaja desde hace varios años con las dos personas mencionadas por el representante. Según su versión, la relación laboral con ambos es anterior a su llegada al instituto.

“Erika Jiménez ha sido mi secretaria privada desde hace 11 años y Cristian Pinzón es abogado de la Universidad Libre y trabaja conmigo en mi firma de abogados desde hace 8 años. Por supuesto, esos no son los sueldos que están diciendo”, afirmó Restrepo.

La directora también rechazó que las vinculaciones puedan ser calificadas como un pago de favores políticos y aseguró desconocer la militancia partidista de Jiménez y Pinzón.

“Y si pretenden presentar sus vinculaciones como ‘pago de favores políticos’, tendrán que explicar cuáles; ni siquiera sé de qué partido político son. Ahora también dicen que dos ex empleados míos supuestamente aportaron dinero a mi campaña hace cinco años”, señaló.

Restrepo pidió que quienes sostienen que hubo aportes a su campaña presenten los documentos correspondientes y precisen cuál habría sido la contraprestación.

“Perfecto, que muestren cuánto aportaron, cuándo, dónde está registrado y cuál es exactamente el supuesto favor que se habría pagado cinco años después. Los hechos y los documentos son muy fáciles de verificar”, afirmó.

La controversia ocurre después de que Restrepo asumiera la dirección del ICBF y denunciara supuestas irregularidades relacionadas con la administración de su antecesora, Astrid Cáceres. Esas denuncias han estado acompañadas de críticas contra la nueva directora.

En otro frente, Restrepo acudió esta semana a la Fiscalía para solicitar que se investigue a los responsables de tres perfiles en redes sociales por presuntas amenazas contra servidores públicos e injuria, debido a mensajes publicados en chats y en X.

De acuerdo con la funcionaria, algunas publicaciones llegaron a divulgar información sobre su ubicación y a plantear posibles acercamientos personales.

Uno de los mensajes señaló que Restrepo se encontraba en el aeropuerto de Cali a finales de septiembre y manifestó la intención de acercarse a preguntarle “qué tiene en la cabeza”. Otra usuaria respondió que pronto la vería, aunque afirmó que no sabía cómo haría “para ser lo suficientemente protocolaria”.

Restrepo consideró que esos mensajes superaron los límites del debate político y solicitó que las autoridades investiguen a los responsables de los tres perfiles por los presuntos delitos de amenazas contra servidores públicos e injuria.

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