Fiscalía apela detención domiciliaria de Miguel Quintero en caso de presunta corrupción en el Amva

La Fiscalía y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) solicitaron revocar las decisiones que concedieron detención domiciliaria a Miguel Andrés Quintero Calle y mantuvieron en libertad a Sebastián Ortega Urán dentro del proceso por la presunta apropiación de recursos en seis convenios suscritos entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021.

Los recursos de apelación fueron sustentados este lunes 5 de octubre ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, después de que el despacho resolviera el pasado 2 de octubre imponer casa por cárcel a Quintero Calle y permitir que Ortega Urán continuara en libertad con medidas restrictivas.

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La Fiscalía centró su recurso en la medida adoptada contra Quintero. La delegada del ente acusador, integrante del Grupo de Tareas Especiales para la Corrupción en Medellín, sostuvo que la detención domiciliaria no sería suficiente para enfrentar el riesgo que, según la investigación, representa el procesado.

El argumento de la Fiscalía es que la presunta actuación atribuida a Quintero no habría requerido de su presencia física en las instalaciones del Área Metropolitana, sino que supuestamente se desarrollaba mediante llamadas, conversaciones por WhatsApp e intermediarios.

“La detención domiciliaria restringe únicamente la libertad de locomoción y deja intactos los dos medios con los que se materializó la conducta. La medida incide sobre un factor accesorio y no sobre la fuente del riesgo”, manifestó la fiscal durante la audiencia.

De acuerdo con la exposición del ente acusador, Quintero habría intervenido en el supuesto entramado pese a no tener un vínculo laboral o contractual formal con el Amva. La Fiscalía señaló además que en grupos de mensajería era identificado mediante los seudónimos de “Mr. M” o “nuestro jefe”.

A partir de esos elementos, la delegada cuestionó que la permanencia obligatoria de Quintero en su residencia sea suficiente para impedir que pueda comunicarse o impartir instrucciones.

Explicó que la vigilancia del Inpec permite verificar que permanezca en el domicilio, pero no controla sus comunicaciones ni las personas que puedan visitarlo.

La Fiscalía también planteó una objeción jurídica a la decisión de primera instancia. Según su argumentación, la detención domiciliaria desconocería el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, debido a la prohibición de conceder esta modalidad frente al delito de peculado por apropiación cuando la cuantía supera los 50 salarios mínimos legales mensuales.

En el expediente, el presunto detrimento relacionado con los seis contratos investigados supera los $2.400 millones.
El Área Metropolitana, que interviene en el proceso en calidad de víctima, dirigió su apelación contra la decisión que permitió a Sebastián Ortega permanecer en libertad. Su representante legal pidió que se revoque esa determinación y que el procesado sea enviado a un establecimiento carcelario.

El apoderado sostuvo que existiría una contradicción entre las consideraciones realizadas por el juez de primera instancia sobre el posible peligro para la comunidad y la decisión final de mantener a Ortega en libertad.

Según lo expuesto durante la audiencia, Ortega aparece señalado dentro del expediente como el presunto receptor directo de recursos provenientes de las coimas y como quien habría intervenido en la última etapa de la supuesta apropiación de dineros públicos.

La representación del Amva también argumentó que existiría riesgo de obstrucción a la justicia, circunstancia que, según sostuvo, no habría sido valorada suficientemente por el juzgado al adoptar la medida.

De acuerdo con la tesis presentada por la entidad, Ortega y Quintero presuntamente habrían utilizado a terceras personas para intentar influir sobre testigos relacionados con la investigación, entre ellos Misael Cadavid Jaramillo.

El apoderado señaló que, cuando Cadavid estuvo privado de la libertad, habría recibido visitas de personas presuntamente enviadas por Ortega y Quintero. Según la argumentación presentada en la audiencia, esos emisarios le habrían ofrecido dinero y otros beneficios a cambio de guardar silencio o modificar sus declaraciones.

Por esta razón, la representación de víctimas cuestionó la efectividad de restricciones como la prohibición impuesta a Ortega de comunicarse directamente con coimputados o testigos.

Su planteamiento es que, si las actuaciones investigadas presuntamente se desarrollaban mediante intermediarios, esas prohibiciones no serían suficientes para impedir contactos indirectos.

El abogado defensor de Miguel Quintero rechazó los argumentos de la Fiscalía y solicitó mantener la detención domiciliaria. La defensa de Sebastián Ortega también controvirtió la posición del Área Metropolitana y pidió confirmar la decisión que permite a su representado continuar en libertad.

El expediente pasará ahora a un juez de circuito, encargado de resolver la segunda instancia. Ese despacho deberá determinar si confirma o revoca la casa por cárcel impuesta a Miguel Quintero y si mantiene o modifica la decisión adoptada respecto de Sebastián Ortega.

El proceso está relacionado con seis convenios celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante 2020 y 2021. Los contratos investigados sumaron $17.656 millones.

La Fiscalía sostiene que mediante el presunto esquema se habrían desviado $2.481 millones a través del pago de coimas. De acuerdo con la imputación, a Miguel Quintero le habrían correspondido $1.653 millones y a Sebastián Ortega, $133 millones.

En el expediente también aparece Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Amva, imputado por peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, Villada habría recibido $693,7 millones.

La investigación también involucra a Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la entidad, quien fue imputada por interés indebido en la celebración de contratos.

El pasado 15 de septiembre, la Fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública imputó a Miguel Quintero por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. A Sebastián Ortega le formuló imputación por peculado por apropiación.

El caso corresponde a una tercera fase de la investigación, que ya había involucrado a otras siete personas. Entre ellas están Juan David Palacio, director del Amva durante el periodo 2020-2023; Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí, y María Janeth Rúa, exfuncionaria del Área Metropolitana.

Cadavid permaneció privado de la libertad desde mediados de octubre de 2025 hasta finales de marzo, cuando recuperó su libertad después de suscribir un principio de oportunidad.

María Janeth Rúa, imputada por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, permanece recluida mientras se espera una decisión judicial sobre el preacuerdo y el principio de oportunidad parcial pactados con la Fiscalía.

Con la detención domiciliaria ordenada contra Quintero, son tres las personas privadas de la libertad dentro del proceso por el presunto esquema de corrupción investigado en los convenios entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí.

La decisión sobre Quintero y Ortega queda ahora en manos del juez de segunda instancia, que deberá resolver los recursos presentados por la Fiscalía y el Área Metropolitana y definir si mantiene las medidas adoptadas el 2 de octubre o las modifica.

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