Directora del DNP no aclara dudas sobre déficit fiscal tras suspensión de emergencia económica

Ante el revés jurídico al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, intentó justificar el incremento del gasto público, sin ofrecer respuestas claras sobre el manejo del déficit fiscal que ronda los $110 billones.

La funcionaria intervino en Blu Radio, en medio de un escenario de creciente presión institucional tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente la emergencia decretada por el presidente Gustavo Petro.

Durante su intervención, Molina argumentó que el aumento del gasto tiene como propósito sostener políticas sociales que, según ella, corresponden al mandato popular expresado en las elecciones presidenciales de 2022.

Sostuvo que el Gobierno ha destinado mayores recursos a sectores como salud, educación y mejoras salariales para trabajadores estatales, soldados e internos de medicina, y que dichas decisiones forman parte de un enfoque redistributivo y de dignificación laboral.

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No obstante, al ser confrontada sobre las implicaciones fiscales de estas medidas, evitó precisar cifras concretas sobre el impacto presupuestal.

Las respuestas poco concluyentes generaron reacciones inmediatas. La periodista Camila Zuluaga, quien conducía la entrevista, cuestionó que una alta funcionaria del Ejecutivo no tuviera claros los datos fundamentales de las finanzas públicas.

En respuesta, Molina se limitó a insistir en que el déficit tiene un carácter estructural, cuyo origen no sería atribuible exclusivamente a la actual administración.

Señaló que la falta de respaldo legislativo a las reformas fiscales propuestas por el Ejecutivo ha dificultado el cierre de brechas presupuestales.

En defensa del decreto suspendido, la directora del DNP calificó la decisión del alto tribunal como una medida “gravísima”, y aseguró que el Presupuesto General de la Nación para 2025 fue construido bajo el supuesto de una Ley de Financiamiento que permitiría subsanar un faltante de $16 billones.

Agregó que el Congreso y el Gobierno habían alcanzado consensos alrededor de dicha meta, por lo cual consideró que el bloqueo judicial de los recursos proyectados rompe los acuerdos iniciales sobre el equilibrio fiscal.

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Al abordar la sostenibilidad de las políticas sociales, Molina afirmó que una reforma tributaria progresiva sigue siendo necesaria. Propuso que los contribuyentes con patrimonios superiores a $2.100 millones —menos del 10% de la población— deberían asumir un mayor peso tributario, en contraste con los sectores de menores ingresos, quienes a su juicio deben pagar proporcionalmente menos.

A la par, defendió las inversiones en infraestructura hospitalaria, citando el caso del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, cuya reactivación se pactó con la Alcaldía mediante un convenio que involucra una suma de 1,66 billones de pesos.

También reivindicó la política de gratuidad en educación superior, enfocada en beneficiar a estudiantes de los estratos más bajos.

Frente a los señalamientos de despilfarro, Molina argumentó que dichos gastos no deben ser leídos exclusivamente desde una lógica contable, sino que deben analizarse como instrumentos de transformación social.

Añadió que los ajustes del Banco de la República en tasas de interés —que pasaron del 9,25 % al 10,25 % en los últimos días— podrían frenar la inversión y afectar negativamente la reactivación económica.

La entrevista derivó en un intercambio tenso cuando la funcionaria planteó una disyuntiva: “¿A quién le vamos a recortar el presupuesto? ¿A la política social o a los megarricos?”.

La afirmación generó nuevas preguntas de la periodista, que quedaron sin respuesta precisa.

Además de su exposición, el presidente Gustavo Petro respaldó su postura a través de redes sociales.

En su cuenta oficial afirmó que, de no mantenerse el recaudo esperado, el costo de la deuda aumentará y el próximo gobierno deberá imponer cargas fiscales aún mayores.

Natalia Molina fue designada directora del DNP en junio de 2025, tras desempeñarse como subdirectora general de Descentralización y Desarrollo Territorial en la misma entidad.

Previamente había ejercido funciones de consultoría en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en la Unidad del Servicio Público de Empleo.

También integró la junta directiva de Central de Inversiones S. A. (CISA), empresa estatal del sector Hacienda.

Su trayectoria en el actual gobierno comenzó en la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que fue asesora entre febrero y junio de 2022.

Tras el triunfo electoral, coordinó el proceso de empalme con el gobierno saliente y posteriormente fue gerente de proyectos en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Según su hoja de vida oficial, cuenta con formación en ciencia política y ha cursado cuatro posgrados, de los cuales dos aún no han sido culminados.

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