Detalles de la denuncia de la esposa de Miguel Uribe sobre nexos del magnicidio con el Congreso

María Claudia Tarazona, viuda del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que la orden para asesinar a su esposo habría salido del Congreso de la República y reveló que entregó a la Fiscalía General de la Nación información relacionada con esta hipótesis, incluidos nombres, fotografías y conversaciones que podrían contribuir a identificar a los responsables intelectuales del magnicidio.

La denuncia fue expuesta durante una entrevista con Noticias Caracol, en la que Tarazona se refirió a los mensajes que recibió antes del atentado contra el dirigente del Centro Democrático, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá.

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“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”, afirmó Tarazona al referirse a una de las versiones que llegaron a su conocimiento sobre la planeación del crimen.

La viuda explicó que, antes del ataque, recibió advertencias sobre un presunto plan para atentar contra su esposo y otros integrantes del Centro Democrático.

Según su testimonio, algunos mensajes contenían información sobre personas que podrían estar relacionadas con la organización del atentado y el origen de los recursos utilizados para financiarlo.

Uno de esos mensajes, de acuerdo con su relato, señalaba que “la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.

La afirmación forma parte de la información recibida por Tarazona y no constituye una conclusión judicial sobre la procedencia del dinero ni sobre la identidad de quienes habrían ordenado el asesinato.

La hipótesis también menciona una posible vinculación de un integrante del partido Comunes, colectividad surgida después de la desmovilización de las antiguas Farc y que obtuvo representación parlamentaria como resultado del acuerdo de paz firmado en 2016.

Hasta el momento, la información suministrada no permite identificar de manera comprobada al congresista mencionado ni establecer que algún integrante de esa colectividad haya participado en el crimen.

Tampoco se ha acreditado judicialmente que la orden proviniera del Congreso o que los recursos utilizados para ejecutar el atentado hubieran sido enviados desde Venezuela.

Tarazona precisó que entregó formalmente a la Fiscalía los elementos que recibió para que los investigadores determinen su autenticidad, procedencia y eventual relación con el magnicidio.

Entre esos materiales, según explicó, figuran fotografías, nombres y conversaciones que podrían orientar nuevas diligencias.

La viuda también manifestó que espera que el organismo investigador examine esa información como una posible línea dentro del proceso penal.

Aclaró que corresponde exclusivamente a las autoridades establecer la veracidad de los señalamientos y determinar si existen elementos que permitan atribuir responsabilidades.

Sus declaraciones se producen mientras continúa la investigación para esclarecer quiénes participaron en la planeación, financiación y ejecución del atentado contra Uribe Turbay, así como para establecer las responsabilidades de quienes habrían intervenido en las distintas etapas del crimen.

El asesinato del dirigente político ocurrió después de que un atacante armado le disparara durante una actividad pública en Modelia.

El atentado, perpetrado en plena campaña política, dio origen a una investigación penal que comprende tanto a los participantes materiales como a quienes habrían coordinado la operación.

La denuncia de Tarazona provocó reacciones entre dirigentes del Centro Democrático, quienes solicitaron que se investigue la información entregada a la Fiscalía.

El senador Hernán Cadavid calificó los señalamientos como graves y pidió que fueran examinados por las autoridades judiciales.

En su pronunciamiento también hizo referencia a las curules otorgadas a la antigua guerrilla de las Farc después del acuerdo de paz.

“El acuerdo de paz abrió las puertas del Congreso a las Farc, otorgó curules y beneficios mientras el país seguía esperando justicia”, afirmó el congresista.

Por su parte, Honorio Henríquez solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que investigue los señalamientos relacionados con el posible origen de la orden para asesinar a Uribe Turbay.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció sobre las declaraciones de María Claudia Tarazona y expresó su preocupación por la información que ella aseguró haber entregado a las autoridades.

“El dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder, Miguel Uribe Turbay, no pasa, y hoy todo se revive. Y nos preocupamos inmensamente por la denuncia que ha hecho su señora esposa, doña María Claudia.

Por favor, todo el apoyo a María Claudia, toda la protección y que se descubra este magnicidio”, declaró el exmandatario a Noticias Caracol.

La petición del expresidente se concentró en la protección de Tarazona y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el asesinato de su esposo.

Además de los señalamientos sobre una eventual participación de personas vinculadas al Congreso, el expediente del magnicidio contiene información relacionada con posibles irregularidades dentro del esquema de seguridad que protegía al dirigente político.

Documentos e informes periciales de dos expedientes judiciales dan cuenta de una línea de investigación sobre una posible filtración de información desde el equipo de protección del senador.

De acuerdo con lo publicado por ese medio, seis semanas después del atentado la Fiscalía había recibido información que apuntaba a la posibilidad de que personas relacionadas con el esquema de seguridad hubieran facilitado datos utilizados para planear el ataque.

Uno de los elementos examinados corresponde a registros de ubicación de teléfonos celulares del 29 de enero de 2025.

Según los documentos divulgados, ese día los dispositivos de dos integrantes del esquema de seguridad coincidieron geográficamente en el sector de Modelia con el teléfono de una persona posteriormente condenada por su participación en el caso.

La coincidencia llamó la atención porque ocurrió varios meses antes del atentado y en el mismo sector de Bogotá donde posteriormente fue atacado Uribe Turbay.

Para esa fecha, el senador se encontraba en Panamá, mientras que su esposa estaba en Miami, de acuerdo con la información conocida sobre los desplazamientos de la pareja.

Una segunda coincidencia de los dispositivos habría ocurrido a comienzos de abril de 2025, esta vez en inmediaciones del Congreso de la República.

Los registros examinados indicarían que los teléfonos de los dos integrantes del esquema de seguridad estuvieron próximos al dispositivo de la misma persona condenada, en momentos en que Uribe Turbay y Tarazona se encontraban fuera de Bogotá.

Sin embargo, la proximidad geográfica entre dispositivos celulares no demuestra por sí sola que sus propietarios se hayan reunido, intercambiado información o participado en la preparación del atentado.

Los hallazgos forman parte de los elementos que deben ser esclarecidos dentro de la investigación y no permiten establecer, por sí mismos, una responsabilidad penal de los escoltas mencionados.

La información sobre posibles filtraciones dentro del esquema de protección constituye una línea distinta de la hipótesis expuesta por María Claudia Tarazona acerca de una presunta orden procedente del Congreso.

Por ahora, no existe información judicial confirmada que permita establecer una conexión entre ambas versiones.

La investigación también comprende la reconstrucción de los movimientos de las personas vinculadas al atentado, las comunicaciones anteriores al ataque y los posibles contactos entre quienes participaron en su organización.

Los registros de telefonía, las conversaciones recuperadas y los testimonios incorporados al expediente son elementos que pueden contribuir a reconstruir las circunstancias previas al asesinato, aunque su alcance probatorio depende de la verificación judicial correspondiente.

El caso registra siete condenas, según el balance referido en la información divulgada sobre el proceso. No obstante, esas decisiones no equivalen a una determinación definitiva sobre todos los posibles autores intelectuales ni acreditan la hipótesis de que la orden del crimen haya salido del Congreso.

La información entregada por Tarazona incorpora nuevos señalamientos sobre el posible origen de la decisión de asesinar al senador, pero su contenido continúa sujeto a verificación por parte de la Fiscalía.

La identidad de los presuntos determinadores, el eventual origen de los recursos y la posible intervención de personas con vínculos políticos permanecen entre los asuntos que no pueden darse por establecidos a partir de las declaraciones conocidas.

En las verificaciones realizadas sobre las publicaciones del 14 de octubre también se encontraron dos novedades que complementan la noticia: María Claudia Tarazona aseguró a Caracol Radio que la Fiscalía entrevistó a alias “Araña” y alias “Águila” sobre la planeación y financiación del magnicidio. Asimismo, antiguos integrantes del partido Comunes manifestaron su disposición a atender los requerimientos de las autoridades.

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