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Uniformados en techo del Capitolio que Jennifer Pedraza vinculó con intimidación eran del esquema de seguridad de Petro
Petro convocó las marchas y su esquema de seguridad pidió ubicar hombres armados en la terraza del Congreso.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, reveló la solicitud oficial presentada un día antes de las manifestaciones y confirmó que autorizó el ingreso de dos integrantes de la Fuerza Pública para proteger al expresidente.
La aclaración se produjo después de que la senadora Jennifer Pedraza cuestionara la presencia de hombres armados en el Capitolio y exigiera explicaciones al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
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Los uniformados armados que permanecieron en la terraza del Congreso de la República durante las manifestaciones de este miércoles 14 de octubre en Bogotá fueron ubicados allí por solicitud del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro y no por una orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella para vigilar o reprimir a los manifestantes, según confirmó el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien reveló el documento oficial que autorizó su presencia.
La comunicación, fechada el 13 de octubre y suscrita por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de las avanzadas del esquema de protección del exmandatario, solicitaba autorización para instalar a dos integrantes de la Fuerza Pública en la terraza del edificio del Congreso, desde las 8:00 de la mañana del miércoles, con el propósito de garantizar la seguridad de Petro durante su participación en la concentración convocada en inmediaciones de la Plaza de Bolívar.
La revelación se produjo después de que la senadora Jennifer Pedraza denunciara públicamente la presencia de uniformados portando fusiles en la parte superior del Capitolio Nacional, en momentos en que cientos de personas participaban en las movilizaciones promovidas por sectores políticos y organizaciones sociales contrarios al Gobierno.
La congresista cuestionó el despliegue y reclamó explicaciones al presidente Abelardo de la Espriella, al considerar que la presencia de hombres armados en las terrazas del Congreso podía constituir una forma de intimidación contra quienes ejercían su derecho a manifestarse.
“¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación? Abelardo tiene que responder”, expresó Pedraza en su cuenta de X.
La senadora agregó que consideraba grave que los ciudadanos encontraran uniformados armados durante una jornada de protesta y sostuvo que las manifestaciones pacíficas no debían ser tratadas como una confrontación militar.
Sin embargo, durante la sesión plenaria del Senado, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, respondió directamente a los cuestionamientos y asumió la responsabilidad por la autorización de ingreso del personal de seguridad.
“Los hombres que usted vio apostados aquí, en el Senado de la República, en el Congreso de los colombianos, yo fui quien dio la orden, porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, manifestó Henríquez.
El congresista explicó que había recibido una comunicación formal del esquema de protección del exjefe de Estado y que, después de revisar la petición, autorizó la ubicación de los uniformados en las instalaciones del Legislativo.
Para respaldar su declaración, ordenó al secretario de la corporación dar lectura al documento enviado por la Policía Nacional, cuyo contenido identificaba a los responsables de la solicitud y establecía las condiciones del ingreso.
La carta aparece expedida bajo el membrete del Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Dirección de Protección y Servicios Especiales y el Grupo de Protección a Personas e Instalaciones Gubernamentales y Diplomáticas.
El documento está dirigido al teniente coronel José Luis Gómez Muñoz, identificado como oficial de enlace del Congreso de la República, y lleva como asunto “Solicitud autorización ingreso”.
En su contenido se menciona el Comunicado Oficial GS-2026-111714-DIPRO, relacionado con las medidas adoptadas por la Policía Nacional dentro del Programa de Prevención y Protección.
También se hace referencia a la sesión número 31 del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (CENIR), instancia mencionada en la comunicación como parte de los antecedentes administrativos de las medidas de protección del expresidente.
La solicitud señala expresamente:
“De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración en el sentido de autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio a dos (02) funcionarios de la Fuerza Pública, a partir de las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la integridad del Doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO”.
El oficio precisa que la medida estaba relacionada con la visita del expresidente a un evento programado en las inmediaciones del Congreso, escenario próximo a la Plaza de Bolívar, donde se desarrolló una de las principales concentraciones de la jornada.
En el apartado correspondiente a la coordinación del procedimiento se identifica al intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López como integrante del esquema de seguridad encargado de las avanzadas de protección.
El mismo funcionario aparece como firmante de la comunicación, acompañado de su cargo como responsable de las avanzadas del esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
La petición fue elaborada el martes 13 de octubre, un día antes de las movilizaciones nacionales convocadas por sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos de oposición al Gobierno.
Durante su intervención en el Senado, Henríquez explicó que su decisión estuvo sustentada en las disposiciones legales relacionadas con la protección de los expresidentes de Colombia.
En particular, hizo referencia al Decreto 1066 de 2015, que contiene la reglamentación del sector administrativo del Interior, y a las disposiciones sobre protección y seguridad de antiguos mandatarios.
El oficio también menciona el Decreto 1069 de 2018, mediante el cual se dictaron disposiciones relacionadas con la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes de la República.
Henríquez sostuvo que, como presidente del Senado, debía atender las solicitudes de protección presentadas por los organismos encargados de garantizar la integridad de las personas que cuentan con esquemas oficiales de seguridad.
“Así como yo debo garantizar la seguridad de ustedes en este recinto, tengo la obligación también, cuando los organismos de seguridad y del esquema del expresidente me piden para garantizar la seguridad de él en la Plaza de Bolívar, hacer lo correspondiente”, afirmó.
La explicación permitió establecer que la autorización de acceso al techo del Capitolio había sido tramitada antes de las manifestaciones y que su finalidad declarada era la protección del expresidente Petro.
El documento no identifica a los dos funcionarios por sus nombres ni especifica el tipo de armamento que portarían durante el servicio. Tampoco los denomina francotiradores ni establece que tuvieran instrucciones de intervenir contra los participantes de las protestas.
La controversia surgió durante una jornada de movilizaciones desarrollada en Bogotá y otras ciudades del país, convocada por organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas y sectores políticos de izquierda.
El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda respaldaron las manifestaciones contra las políticas del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto.
Entre los motivos de las protestas figuraron los cuestionamientos a las modificaciones de los protocolos de actuación de la Policía Nacional frente a las manifestaciones, así como reclamaciones relacionadas con educación, derechos laborales y decisiones del Ejecutivo.
En Bogotá, la Plaza de Bolívar fue uno de los principales escenarios de concentración, debido a su ubicación frente al Capitolio Nacional y a otras instituciones del Estado.
La presencia de personal armado en la parte superior del Congreso generó reacciones políticas mientras se desarrollaban las marchas, especialmente entre quienes relacionaron el dispositivo con las medidas de seguridad implementadas durante la jornada.
Después de la intervención de Henríquez y de la divulgación de la solicitud oficial, congresistas de otros sectores políticos respondieron a los señalamientos dirigidos contra el Gobierno.
La representante a la Cámara Sara Castellanos cuestionó las acusaciones iniciales y aseguró que el documento conocido durante la plenaria demostraba que la presencia de los uniformados había sido solicitada por el propio esquema de seguridad de Petro.
En su pronunciamiento, Castellanos criticó a quienes atribuyeron el despliegue al Ejecutivo y relacionaron la ubicación de los funcionarios con una supuesta estrategia de intimidación contra los manifestantes.
Por su parte, el representante Daniel Briceño también se refirió a la controversia y señaló que los uniformados cuya presencia había provocado las denuncias fueron solicitados por los responsables de proteger al expresidente.
La concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez cuestionó igualmente la reacción de la senadora Jennifer Pedraza y sostuvo que las críticas contra el dispositivo de seguridad se habían formulado sin conocer previamente el origen de la solicitud.
Los pronunciamientos se produjeron después de que el presidente del Senado hiciera pública la comunicación y confirmara que había autorizado personalmente el acceso a las instalaciones.
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