Demandan pérdida de investidura del senador Ciro Ramírez ante el Consejo de Estado por corrupción

El Consejo de Estado recibió una demanda de pérdida de investidura contra el senador Ciro Ramírez, integrante del partido Centro Democrático, con el fin de que sea retirado definitivamente de su cargo y se le prohíba ejercer funciones públicas de por vida. La acción judicial, presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno, surge tras la reciente sentencia de primera instancia que condenó al parlamentario a 23 años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como "Marionetas 2.0".

El proceso se encuentra actualmente en el despacho del magistrado Wilson Arias Girón. Aunque el tribunal determinó que los hechos y conductas delictivas fueron debidamente acreditados, solicitó al demandante subsanar un requisito formal relacionado con la credencial que certifica la condición de congresista de Ramírez para el periodo en que ocurrieron los hechos. Se espera que este lunes se proceda con dicha subsanación para que el trámite continúe su curso legal.

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Argumentos de la demanda

El documento de 541 páginas sostiene que el senador incurrió en tráfico de influencias e indebida destinación de recursos públicos. Según la demanda, Ramírez utilizó su posición para favorecer a la empresa Proyecta Quindío con al menos 13 contratos valorados en 24.000 millones de pesos, gestionados a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). A cambio de estas gestiones, el congresista habría recibido beneficios económicos y electorales para su campaña al Senado.

La acción judicial resalta que el tráfico de influencias fue ratificado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde se expuso cómo el demandado utilizó a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para coordinar reuniones entre contratantes y terceros interesados. Para el demandante, estas acciones representan una desviación sistemática del poder que rompe la confianza con el electorado.

Finalmente, el recurso enfatiza que la condición de abogado del senador agrava la falta, pues permite inferir un pleno conocimiento sobre la ilegalidad de sus actos. La demanda solicita, además, el testimonio de la gerente de Proyecta Quindío para determinar las afectaciones sufridas por la entidad debido a este esquema de corrupción.

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