Contrato pasaportes: Excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo responden a investigación

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como contra Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, por presuntas irregularidades en el manejo del proceso de elaboración y distribución de pasaportes en Colombia.

Según el Ministerio Público, Murillo y Sarabia no estructuraron de forma eficiente ni oportuna el proceso durante su paso por la Cancillería. En el caso específico de Murillo, la Procuraduría cuestiona el uso de la figura de urgencia manifiesta, decretada en septiembre de 2024, para garantizar la continuidad del servicio.

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En cuanto a Sarabia, el ente de control señala que en abril de 2025 habría tenido conocimiento de que el cronograma propuesto para implementar un nuevo modelo —en colaboración con la Casa de la Moneda de Portugal— era inviable, y que además existía una falta de capacidad operativa por parte de la Imprenta Nacional.

Tras conocerse la decisión, ambos exfuncionarios reaccionaron de forma pública. Luis Gilberto Murillo afirmó en sus redes sociales que celebra “que la Procuraduría adelante una investigación objetiva y rigurosa”, y sostuvo que el modelo de pasaportes que lideró fue “legal, responsable y con acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría”. Además, enfatizó que la urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría como una medida necesaria y legal.

Por su parte, Laura Sarabia expresó que confía en el proceso que adelanta la Procuraduría y recordó que desde el 5 de marzo de este año solicitó expresamente el acompañamiento de los órganos de control. 

Aseguró que “todo el proceso ha sido trazable y documentado”, y recalcó que las decisiones que tomó fueron en cumplimiento de instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, con el fin de asegurar la continuidad del servicio público.

La Procuraduría continuará con la evaluación disciplinaria para determinar si existieron faltas en el desarrollo del proceso contractual que garantizaba la expedición de pasaportes a los ciudadanos.

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