Gustavo Petro y las elecciones que ganó con Thomas Greg como operador logístico

En un giro que aviva el debate sobre la transparencia electoral en Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó su "desconfianza" en la claridad de las elecciones presidenciales de 2026. A través de un mensaje en la red social X, el mandatario colombiano manifestó sus inquietudes, que se producen en un contexto particular.

Las declaraciones del presidente Petro, realizadas en la noche de este martes, llegan horas después de que un consorcio, del que hace parte Thomas Greg & Sons, se adjudicara el contrato de logística electoral para las elecciones de 2026. 

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Es importante recordar que esta misma compañía fue el operador logístico en las elecciones presidenciales de 2022, comicios en los que Gustavo Petro resultó elegido presidente de la República. La firma también ha estado involucrada en otros procesos electorales previos donde Petro fue candidato.

Para el periodo 2012-2015, Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá, al obtener más de 720.000 votos, superando en las urnas a Enrique Peñalosa y Gina Parody. Durante esa contienda electoral, la empresa Thomas Greg fue contratada por un valor cercano a los $98.000 millones para encargarse de la distribución de los kits electorales.

Esta misma empresa es objeto de reiteradas acusaciones por parte del presidente, quien ha cuestionado su papel en la expedición de pasaportes, un contrato que, de hecho, Thomas Greg & Sons dejará de operar el próximo 31 de agosto. 

La adjudicación de este nuevo contrato, a pesar de las denuncias previas del mandatario, genera un escenario de incertidumbre y abre interrogantes sobre las garantías en el próximo proceso electoral, a pesar de la experiencia previa de la compañía en procesos que han llevado al actual presidente al poder.

Este miércoles, la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 (UT ILE), encabezada por Thomas Greg & Sons, fue adjudicada con el millonario contrato para operar la logística y tecnología de las elecciones que se celebrarán en 2026 en Colombia. 

El contrato, que supera los $2,1 billones, fue objeto de interés por parte de varias compañías, aunque la mayoría desistió del proceso por presuntas condiciones restrictivas.

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