Congreso en la mira por intervención del ministro Armando Benedetti en votación sobre la reforma laboral

En medio de la discusión legislativa sobre la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional, un episodio ocurrido en el Senado de la República ha suscitado cuestionamientos sobre la integridad del procedimiento parlamentario.

El incidente se registró el jueves a las 3:55 p. m., durante el proceso de votación del artículo 13 del proyecto de ley, que contempla modificaciones al régimen de horas extras para los trabajadores.

Las cámaras de la plenaria captaron al ministro del Interior, Armando Benedetti, acercándose a la curul del senador John Moisés Besaile Fayad, integrante del Partido de la U, y, según las imágenes divulgadas, realizando una acción directa sobre el sistema electrónico de votación asignado al congresista.

El video muestra al ministro inclinado sobre el puesto del senador, quien no se encontraba en ese momento en su escaño. Posteriormente, Benedetti se retira sin ofrecer declaraciones, mientras el tablero de registro ya mostraba el voto consignado.

El hecho no ha sido aclarado oficialmente ni por el Ministerio del Interior ni por el senador Besaile. Tampoco ha habido un pronunciamiento del presidente del Senado ni de la Secretaría General de la corporación frente a lo ocurrido.

La situación ha generado inquietudes en sectores del Congreso y en la opinión pública sobre la legalidad y validez de la votación respectiva, particularmente si se comprueba que un funcionario del Ejecutivo intervino de forma directa en una decisión legislativa que, constitucionalmente, corresponde exclusivamente a los senadores.

La votación del artículo 13 formó parte del análisis del articulado de la reforma laboral, una de las prioridades del Gobierno actual en materia social y económica.

Este artículo plantea una reducción del límite diario de horas laborales ordinarias y una ampliación de las franjas en las que deben reconocerse recargos nocturnos y dominicales.

Su discusión ha generado divisiones entre los partidos de la coalición oficialista y sectores independientes, y ha sido objeto de presión tanto por parte de organizaciones sindicales como de representantes gremiales empresariales.

La reforma, que ya había sido aprobada en primera instancia en la Cámara de Representantes, requiere ahora ser ratificada en el Senado.

No obstante, su trámite ha encontrado resistencia en algunos sectores del Congreso, lo que ha llevado al Gobierno a considerar alternativas para concretar su implementación.

Entre estas opciones se encuentra el recurso a una consulta popular, cuyo decreto fue firmado por el presidente Gustavo Petro y remitido a la Corte Constitucional para su revisión.

Según lo expresado por el jefe de Estado, la consulta se realizaría únicamente si el Congreso, como órgano legislativo legítimo, no aprueba los elementos sustanciales de la iniciativa que el Ejecutivo considera esenciales para la transformación del modelo laboral colombiano.

“Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes”, indicó el mandatario a través de una comunicación oficial.

El episodio protagonizado por Benedetti se suma a un contexto de tensiones crecientes entre el Gobierno y algunos sectores del Congreso, especialmente en lo relacionado con el uso de mecanismos de participación directa para avanzar en reformas estructurales.

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La oposición ha manifestado reservas frente a lo que considera una estrategia del Ejecutivo para sortear el control legislativo, mientras que aliados del Gobierno defienden la consulta como un mecanismo legítimo de expresión democrática cuando no hay consenso político.

Ante el video que circula del momento en que el ministro Benedetti se aproxima al escaño del senador Besaile, algunos legisladores han solicitado a la Mesa Directiva del Senado la revisión de las grabaciones oficiales del canal institucional y la verificación del registro de votación.

También han exigido garantías sobre la transparencia del procedimiento y el cumplimiento del reglamento interno que rige el funcionamiento del Congreso.

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