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CNE propone sanciones a campaña Petro Presidente 2022 por superar topes de $3.500 millones
Ponencia del CNE señala que campaña de Petro en 2022 violó topes de financiación electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a discutir una ponencia que concluye que la campaña Petro Presidente 2022 incurrió en exceso de gastos electorales superiores a $3.500 millones, monto que sobrepasó los límites fijados por la ley en la primera y segunda vuelta presidencial.
La ponencia, que será sometida a votación en la Sala Plena del CNE, es resultado de un proceso de investigación adelantado durante más de dos años y medio por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
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Según el documento, la campaña utilizó recursos que sobrepasaron los topes legales, lo que abre la puerta a sanciones económicas significativas contra los responsables y las colectividades que respaldaron la candidatura de Gustavo Petro.
El informe plantea medidas de carácter económico y no contempla sanciones políticas como la pérdida de personería jurídica de los partidos involucrados. En el caso del gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, las sanciones superarían los $4.000 millones entre devoluciones y multas.
Los partidos Colombia Humana, Pacto Histórico y la Unión Patriótica, así como otros directivos de la campaña, también aparecen en la lista de posibles sancionados.
De aprobarse, esta sería la primera medida formal contra la campaña presidencial de 2022 por violaciones al régimen de financiación.
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La Sala Plena del CNE, integrada por ocho magistrados, tendrá la responsabilidad de decidir la aprobación de la ponencia.
Según información revelada por Blu Radio, la correlación de fuerzas estaría en cinco votos a favor y tres en contra.
Los votos afirmativos corresponderían a Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Cristian Quirós y Maritza Martínez. En contra se ubicarían Altus Vaquero, Álvaro Echeverri y Fabiola Márquez, esta última cercana al Pacto Histórico.
Aunque la investigación recae sobre la campaña y sus responsables financieros y administrativos, el presidente Gustavo Petro no figura entre los investigados.
Esto obedece a una decisión de la Corte Constitucional, que en julio falló una tutela indicando que el CNE no puede investigarlo directamente por razón de fuero, trasladando esa competencia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Por esta razón, la ponencia no ordena compulsar copias contra el mandatario, dado que dicho trámite ya cursa en la instancia correspondiente.
En paralelo a la discusión del CNE, se conoció que la empresa SADI, que facilitó un avión para la campaña, embargó bienes de Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa por deudas derivadas de los servicios de transporte aéreo.
De aprobarse la ponencia, se trataría de un hito en la vigilancia de la financiación electoral en Colombia, al convertirse en la primera sanción formal contra la campaña presidencial de 2022 por exceder los topes establecidos. La decisión del CNE podría sentar un precedente en la aplicación de controles a los recursos utilizados en procesos electorales.
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