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Centro Democrático denuncia falta de garantías tras asesinato de la concejal Mileydy Villada en Obando, Valle
El director del partido, Gabriel Vallejo, y la candidata Paloma Valencia arremetieron contra el Gobierno por la desprotección de la oposición.
El partido Centro Democrático se encuentra en luto tras el asesinato de Mileydy Villada, actual presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca. La líder política, quien cursaba su tercer periodo en la corporación y se perfilaba como candidata a la alcaldía de dicho municipio, fue atacada por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Este hecho ha provocado una fuerte reacción de la colectividad uribista, que denuncia una persecución sistemática y la ausencia de garantías de seguridad para ejercer la oposición en el país.
Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, calificó la situación como un "hostigamiento permanente" y aseguró que en menos de un año han sido asesinados cuatro militantes del partido. Vallejo señaló directamente al Gobierno Nacional por lo que considera una incapacidad para proteger a los líderes políticos, afirmando que "están permitiendo que nos acribillen". Según el directivo, más de 70 dirigentes de la colectividad han reportado amenazas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero las medidas implementadas suelen ser inoportunas o insuficientes.
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En el caso específico de Villada, el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, confirmó que la concejal ya había denunciado amenazas previas. Entre 2020 y 2023, la UNP le asignó un chaleco antibalas y un botón de pánico, pero se investiga por qué al momento del atentado no contaba con medidas de protección activas. Esta situación refuerza las críticas de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien cuestionó la eficiencia de los esquemas de seguridad y denunció que en regiones como el Cauca y Tolima se le ha impedido realizar campaña debido a la presión de grupos armados.
Valencia también dirigió sus críticas hacia el candidato Iván Cepeda, exigiéndole un pronunciamiento sobre la violencia que, según ella, está condicionando la intención de voto de los colombianos. Por su parte, la Defensoría del Pueblo mantiene alertas tempranas vigentes sobre Obando, advirtiendo sobre la "gobernanza ilegal" impuesta por grupos criminales en la zona y la respuesta insuficiente del Estado para mitigar el riesgo de la población civil y sus representantes políticos.
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