Cancillería investiga uso de dineros por más de US$500.000 en la Embajada de Colombia en Haití

El Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta investigaciones internas para establecer el manejo de recursos públicos en la Embajada de Colombia en Haití, luego de detectar presuntas irregularidades administrativas y financieras que comprometerían más de US$500.000 correspondientes a recursos cuya legalización aún se encuentra pendiente.

La información fue confirmada por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien, en declaraciones entregadas a Caracol Radio, indicó que la Cancillería puso en marcha las actuaciones correspondientes después de identificar diversas operaciones financieras que presentan inconsistencias documentales y requieren ser verificadas por las autoridades competentes.

Según la información conocida, las revisiones adelantadas por el Ministerio habrían permitido detectar movimientos financieros que carecen de soportes suficientes para acreditar la correcta utilización de los recursos públicos asignados al funcionamiento de la representación diplomática de Colombia en Puerto Príncipe.

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Entre los hechos objeto de análisis figura la existencia de un cheque girado desde una cuenta oficial destinada al funcionamiento de la Embajada hacia una cuenta bancaria personal de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez.

De acuerdo con la Cancillería, esta operación hace parte del conjunto de movimientos financieros que actualmente son materia de investigación para establecer su origen, finalidad y el respaldo documental correspondiente.

Las verificaciones también comprenden otras operaciones relacionadas con la administración presupuestal de la misión diplomática, debido a que, desde la apertura de la Embajada de Colombia en Haití, la embajadora Vilma Rocío Velásquez ha estado a cargo del manejo de las cuentas bancarias institucionales y de la ejecución de los recursos asignados para el funcionamiento de la sede diplomática.

Durante las revisiones administrativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores identificó varias situaciones que motivaron la apertura de las investigaciones.

Entre ellas figuran operaciones respaldadas con documentación considerada insuficiente para acreditar la legalidad de los desembolsos, dificultades para establecer el destino final de determinados pagos efectuados desde las cuentas oficiales y movimientos de dinero en efectivo cuya justificación aún no ha podido ser plenamente establecida.

Asimismo, dentro de las actuaciones de control también fueron identificados cheques girados sin una justificación documental suficiente hacia cuentas relacionadas con establecimientos hoteleros, además de consignaciones cuya procedencia y finalidad permanecen bajo revisión.

Las autoridades administrativas buscan establecer si cada una de estas operaciones cumplió con los procedimientos previstos para la administración de recursos públicos en el servicio exterior colombiano y si existe la documentación exigida para soportar cada desembolso realizado con cargo al presupuesto de funcionamiento de la misión diplomática.

Investigación disciplinaria

Paralelamente a las verificaciones financieras, la Cancillería abrió un proceso disciplinario contra la embajadora Vilma Rocío Velásquez con el propósito de determinar si existieron actuaciones que puedan constituir faltas disciplinarias relacionadas con el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de sus funciones administrativas.

El proceso permanece en curso mientras se recopilan documentos, soportes contables y demás elementos probatorios que permitan esclarecer las circunstancias en las que fueron realizadas las operaciones objeto de revisión.

De acuerdo con la información revelada, el trámite disciplinario habría registrado demoras durante su desarrollo. Según fuentes consultadas por ese medio, dichas dilaciones estarían relacionadas con la presunta cercanía existente entre la embajadora y el presidente Gustavo Petro.

Esa versión corresponde a información suministrada por fuentes citadas por la emisora y no constituye una conclusión oficial dentro del proceso que adelanta la Cancillería.

Las investigaciones buscan establecer la legalidad de todas las operaciones financieras efectuadas desde la apertura de la misión diplomática en Haití y determinar si los recursos públicos fueron administrados conforme a las normas presupuestales, contables y administrativas aplicables a las sedes diplomáticas de Colombia en el exterior.

Dentro de ese proceso de revisión, las autoridades deberán verificar la existencia de los soportes que respalden cada desembolso, el cumplimiento de los procedimientos para la ejecución del presupuesto, la trazabilidad de los movimientos bancarios y la destinación de los recursos cuya legalización continúa pendiente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha informado, hasta el momento, sobre decisiones de fondo frente a la responsabilidad de la funcionaria, por lo que las actuaciones permanecen en etapa de investigación.

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