Andrés Idárraga se desmarca del anónimo sobre plan de atentado contra presidente Gustavo Petro

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia aclaró este lunes que no tuvo intervención en el manejo de la comunicación anónima que advertía sobre un presunto plan para atentar contra el presidente Gustavo Petro.

La precisión fue hecha por Andrés Idárraga, jefe de esa dependencia, quien afirmó que la carta nunca entró al circuito regular de recepción y verificación que administra su equipo y que, por el contrario, fue remitida de manera directa a la Jefatura de Protección Presidencial, dirigida por el general retirado Humberto Guatibonza.

Idárraga sostuvo que la Secretaría de Transparencia no participó en la cadena de información que terminó en la notificación oficial enviada por la Presidencia a la Fiscalía General de la Nación.

El funcionario señaló que la dependencia a su cargo no conoció el documento y que ningún proceso de validación preliminar fue adelantado por su oficina.

Según explicó, la correspondencia emitida desde Palacio de Nariño fue tramitada por otras áreas internas sin que el contenido fuera remitido al sistema habitual empleado para denuncias ciudadanas o alertas de riesgo administrativo.

Idárraga afirmó que la Secretaría de Transparencia opera bajo protocolos definidos desde su creación y que estos procedimientos no fueron activados en este caso.

Agregó que la dependencia no es responsable de verificar amenazas contra el jefe de Estado, pues esa labor corresponde a los organismos de protección adscritos al Gobierno y a las autoridades competentes en materia de seguridad presidencial.

En su explicación, detalló que el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) funciona como un repositorio de datos públicos y como un canal para recibir información sobre hechos asociados a riesgo de corrupción.

Este sistema, creado en 2021, reúne datos de contratación estatal, sanciones disciplinarias y judiciales, reportes ciudadanos y publicaciones periodísticas.

Además, actúa como mecanismo para que la ciudadanía entregue material que pueda resultar útil en procesos de vigilancia institucional.

El secretario informó que PACO ha registrado un aumento considerable en su uso desde 2022. Ese año, el portal alcanzó 47.000 visitas, mientras que en 2024 superó 1,4 millones de ingresos.

Idárraga explicó que este crecimiento motivó la apertura, en julio de 2024, de un canal complementario mediante la cuenta [email protected] para ampliar la capacidad de recepción de información y evitar congestión en la plataforma principal.

Según dijo, esta herramienta permite que se gestionen reportes ciudadanos de forma más eficiente y continúe el flujo de datos hacia los equipos encargados de análisis.

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La salida del general Edwin Masleider Urrego Pedraza de la Policía Nacional se produjo el 11 de febrero de 2026, cuando el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que lo retiró del servicio activo.

La decisión se adoptó después de que a la Casa de Nariño llegara un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que lo señalaba de estar vinculado a un presunto complot para introducir drogas en el vehículo presidencial durante un viaje reciente del jefe de Estado a Estados Unidos.

Ese documento, de 15 diapositivas, fue la base de la denuncia que el propio presidente expuso en un Consejo de Ministros y motivó el relevo de Urrego, quien en ese momento se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El centro de la controversia está en la calidad del informe de inteligencia que soportó la medida. De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas, el reporte de la DNI se origina en un único correo electrónico anónimo, firmado por alguien que se identifica como “Paco”, en el que se habla de un supuesto complot fraguado en Barranquilla por el entonces comandante de la Policía en esa ciudad, el teniente coronel Óscar Moreno Arroyave y su superior, el general Urrego, junto con políticos de derecha, para montar un decomiso de drogas “plantado” y responsabilizar al presidente y a un ministro

Sin embargo, no anexa ninguna prueba” y se apoya en especulaciones sobre la supuesta cercanía del general con determinados círculos políticos, mientras Infobae recoge que sectores políticos lo califican de “escueto” y carente de evidencias materiales sólidas.

En paralelo, el ministro de Defensa ha afirmado que también fue víctima de “información falsa” en este caso y anunció que la situación será revisada por una Junta de Inteligencia Conjunta, lo que refuerza la discusión sobre si se cumplieron o no los estándares básicos de verificación que se exigen a los productos de inteligencia que terminan causando retiros de altos mandos.

El propio informe de la DNI introduce otro elemento que ha alimentado la polémica: la referencia a la captura de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe de una estructura de disidencias, ocurrida el 23 de junio de 2024.

El documento registra que en ese operativo la Policía incautó un número significativo de dispositivos electrónicos y archivos que habrían evidenciado vínculos entre ese jefe criminal y funcionarios del Ejército y de la DNI.

La relación con Urrego, de acuerdo con esa misma fuente, se limita a que el material fue recuperado y entregado a la Fiscalía en momentos en que él ejercía como subdirector de la Dijín, es decir, hacía parte de la cadena institucional que manejó esos hallazgos, sin que el informe explique con claridad qué conexión concreta habría entre ese episodio y el presunto complot contra Petro.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, en declaraciones citadas por Infobae, sostuvo que el retiro del general y el llamado a calificar servicios del coronel Óscar Miguel Moreno obedecerían a represalias por los operativos que llevaron a la captura de Díaz Mendoza en julio de 2024 y a la incautación de material probatorio sobre posibles vínculos ilícitos entre integrantes del Gobierno y estructuras criminales.

La congresista afirmó que “casualmente, son los mismos oficiales que capturaron a alias Calarcá e incautaron pruebas”, formulación que se ha convertido en uno de los ejes del debate político, aunque por ahora esa interpretación corresponde a su versión y no a una conclusión oficial derivada de una investigación judicial.

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