Álvaro Leyva cuestiona a la JEP y pregunta si se convirtió en una “metamorfosis” del acuerdo de paz

Las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvieron a ocupar el debate público, esta vez por cuenta de Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro y una de las figuras políticas que ha tenido cercanía con el proceso de paz y el Acuerdo entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

Leyva cuestionó el rumbo que ha tomado la jurisdicción de paz y puso en duda que su funcionamiento actual corresponda con lo establecido en los documentos que dieron origen al mecanismo. Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos de distintos sectores políticos por los recursos destinados a la JEP y por los tiempos de implementación de los procesos judiciales relacionados con el conflicto armado.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X durante la mañana de este 6 de octubre, el exministro hizo referencia al documento S/2017/272 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, relacionado con el proceso de paz colombiano. 

“La JEP de hoy no es lo estipulado, lo consagrado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su documento S/2017/272. ¿Hoy la JEP es una provocadora metamorfosis de lo allí señalado? ¿Kafkas haciendo de magistrados? Habría que decirles, ¡mamola!”, escribió Leyva.

Las declaraciones se conocen pocos días antes del segundo debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso de la República. En este escenario, la JEP ha solicitado mantener los $821.803 millones que el Gobierno incluyó inicialmente para financiar su funcionamiento durante el próximo año.

La solicitud se produce después de que en el primer debate del presupuesto se aprobara un recorte de $170.000 millones a los recursos destinados a la jurisdicción. La JEP ha advertido que una reducción de este tamaño podría comprometer la atención a las víctimas, la protección de las personas que participan en los procesos judiciales y el avance de las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante el conflicto armado.

De acuerdo con las cifras entregadas por la propia Jurisdicción, el presupuesto pasaría de los $821.803 millones inicialmente contemplados a $651.803 millones, lo que representa una reducción del 16,6% frente a los recursos asignados para 2026. El ajuste contempla una disminución de $140.000 millones en inversión y de $30.000 millones en gastos de funcionamiento.

La entidad sostiene que el recorte en inversión tendría efectos directos sobre el desarrollo de los procesos judiciales en los territorios donde ocurrieron los crímenes. Entre las actividades que podrían verse limitadas están la realización de audiencias y diligencias judiciales en las regiones, así como la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas acreditadas ante la JEP.

Actualmente, según la información de la jurisdicción, están acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, estos últimos representativos de aproximadamente 634.804 personas. Para la JEP, garantizar la participación de estas víctimas requiere recursos destinados a su representación y acompañamiento durante las diferentes etapas de los procesos.

El eventual recorte también tendría impacto, según la entidad, sobre las garantías judiciales de quienes comparecen ante la jurisdicción. En total, se trata de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a la JEP, quienes cuentan con defensa técnica, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial financiados con recursos de inversión.

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