Alias Castor y Digno Palomino: Gobierno Petro estudia acercamientos con cabecillas criminales en Barranquilla

La estrategia gubernamental conocida como “paz total”, impulsada por el presidente Gustavo Petro, contempla nuevos escenarios de acercamiento con estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país.

En el Caribe colombiano, particularmente en la ciudad de Barranquilla, se han registrado movimientos que indican la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo con los principales líderes de dos organizaciones criminales de alto impacto: Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor, cabecilla del grupo denominado los Costeños o bloque Resistencia Caribe, y Digno José Palomino Rodríguez, identificado como el máximo referente de la estructura ilegal conocida como los Pepes.

Según información obtenida Semana, existen reuniones preliminares sostenidas entre delegados del Gobierno nacional y apoderados judiciales que representan a estos dos individuos, actualmente vinculados a múltiples investigaciones por actividades delictivas, entre ellas homicidios, narcotráfico, extorsión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y amenazas.

El objetivo declarado de estos acercamientos sería la eventual participación de ambos en un acto público en la ciudad de Barranquilla, similar al evento celebrado semanas atrás en Medellín, donde integrantes de bandas locales participaron en un acto simbólico de sujeción al orden institucional bajo supervisión gubernamental.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, las conversaciones habrían tenido una primera reunión en territorio barranquillero, concretamente en un espacio facilitado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En dicho encuentro participaron representantes de la Iglesia católica, funcionarios del Gobierno nacional, asesores jurídicos y delegados de la administración distrital, aunque esta última ha manifestado oficialmente que no respaldará ninguna negociación con cabecillas de estructuras armadas ilegales.

La Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Alejandro Char, ha sostenido que de presentarse actos promovidos por el Ejecutivo que impliquen contacto con actores criminales, exigirá garantías estrictas para evitar una eventual escalada de violencia en la ciudad.

En el contexto de estos hechos, distintas fuentes en la capital del Atlántico han señalado que durante los últimos meses se ha registrado una disminución en los índices de homicidios en zonas históricamente golpeadas por disputas entre los Costeños y los Pepes.

Este descenso, según informantes consultados, podría estar relacionado con una tregua informal entre ambas organizaciones, enmarcada en la voluntad de iniciar una eventual mesa de diálogo con el Gobierno nacional.

Aunque no existe hasta el momento un calendario oficial para la realización de un evento público con la participación de alias Castor y Digno Palomino, se ha señalado que, de concretarse, sería parte de la agenda presidencial en el Caribe antes del cierre del actual periodo de gobierno.

De igual manera, se han planteado versiones no confirmadas sobre beneficios judiciales o reducciones de pena que podrían estar siendo evaluadas en los círculos jurídicos que rodean a los presuntos actores del proceso.

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El presidente Gustavo Petro ya había mencionado la intención de emprender un proceso de diálogo en Barranquilla durante su intervención en el cabildo popular celebrado el pasado 20 de mayo en el Paseo Bolívar.

En esa ocasión, sin dar nombres específicos, expresó su propósito de convocar a “las bandas juveniles de Barranquilla” para que cesaran su participación en acciones violentas, dejando de operar como estructuras de apoyo al narcotráfico o de colaboración con sectores políticos o económicos señalados de instrumentalizar su accionar.

El anuncio presidencial provocó reacciones diversas entre sectores ciudadanos, autoridades locales y organizaciones sociales, quienes han solicitado claridad sobre el alcance, objetivos y condiciones de estos acercamientos, especialmente por tratarse de figuras ampliamente conocidas en el panorama criminal del Atlántico y el Caribe colombiano.

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, ha sido señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de redes delictivas que operan en barrios periféricos de Barranquilla, en municipios aledaños como Soledad y en el corredor portuario del norte del país. Digno Palomino, por su parte, ha figurado en los últimos años como interlocutor de redes de microtráfico, reclutamiento de menores y control territorial, con presencia en varias localidades urbanas donde su organización impone restricciones y regula dinámicas sociales y económicas mediante mecanismos de coerción armada.

Ambos personajes han sido objeto de operativos de búsqueda por parte de la fuerza pública y figuran en informes de inteligencia sobre los riesgos que enfrenta la seguridad urbana en el Caribe.

La posibilidad de que se les otorgue un espacio de interlocución con el Estado, sin un marco claro de sometimiento a la justicia o reparación integral a las víctimas, ha generado inquietudes en distintos sectores, que advierten sobre los límites éticos y jurídicos que debería observar cualquier proceso de diálogo con estructuras no reconocidas como actores políticos.

Por el momento, el Ejecutivo no ha emitido declaraciones oficiales que confirmen ni desmientan la información sobre las reuniones preliminares con representantes de los líderes de las organizaciones en mención.

La Presidencia mantiene abierta la línea discursiva sobre la necesidad de construir una paz que abarque todos los territorios, pero sin detallar la metodología específica para el tratamiento de las estructuras armadas urbanas que no están incluidas en los procesos formales de paz, como los pactados con guerrillas o disidencias.

En los próximos meses se espera una definición más clara por parte del alto gobierno sobre el papel que estas estructuras cumplirían, en caso de aceptarse su vinculación a un proceso de diálogo con el Estado.

También se anticipan pronunciamientos de organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación, los cuales podrían intervenir para garantizar que cualquier iniciativa de esta naturaleza se desarrolle conforme a los principios de legalidad, justicia y respeto por los derechos de las víctimas del conflicto urbano.

Perfil criminal de Díaz y Palomino

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor
Alias Castor ha sido señalado como el principal cabecilla de los Costeños, una estructura armada urbana con presencia consolidada en barrios populares de Barranquilla, en municipios cercanos como Soledad, y en áreas estratégicas del puerto marítimo.

Esta organización ha sido identificada como una derivación local del antiguo Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, posteriormente, como un grupo autónomo que consolidó poder mediante el control del microtráfico, la extorsión y el sicariato.

Los registros judiciales indican que Castor ha enfrentado cargos por concierto para delinquir agravado, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y amenazas

La Fiscalía General de la Nación ha relacionado a esta organización con una ola de homicidios selectivos ocurridos entre 2018 y 2022 en distintos puntos del área metropolitana de Barranquilla, muchos de los cuales se enmarcan en disputas por territorios de comercialización de droga o por desacuerdos internos con facciones aliadas.

Además, informes de inteligencia lo vinculan con alianzas temporales con otros grupos delictivos como los Rastrojos Costeños o el Clan del Golfo, especialmente para el tránsito de cargamentos de droga por el corredor Caribe.

Alias Castor ha sido mencionado también en interceptaciones judiciales donde se evidencia su capacidad de impartir órdenes desde la clandestinidad o, en algunos periodos, desde centros carcelarios mediante el uso de intermediarios.

Durante años ha sido considerado uno de los principales articuladores de economías ilícitas en el Caribe, con influencia en mercados ilegales que incluyen armas, vehículos robados y lavado de activos a través de empresas fachada.

Digno José Palomino Rodríguez

Digno Palomino es identificado por las autoridades como el líder de los Pepes, una estructura que, al igual que los Costeños, tiene su origen en agrupaciones armadas herederas del paramilitarismo y que posteriormente mutó en una red urbana con actividades criminales diversificadas.

Su nombre figura en procesos judiciales por los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, extorsión, secuestro y uso de menores en la comisión de delitos.

Palomino fue capturado en Venezuela en 2019, en una operación conjunta entre autoridades de ese país y organismos de seguridad colombianos. Sin embargo, su permanencia en territorio venezolano dificultó los procesos de extradición y seguimiento, hasta que se registró su retorno a Colombia en circunstancias poco esclarecidas.

Desde entonces, se ha especulado sobre su posible ubicación en zonas rurales del Atlántico, aunque sin confirmación oficial de su paradero por parte de las autoridades.

Según expedientes conocidos por la justicia colombiana, su estructura opera con esquemas similares a los de una organización empresarial ilícita, con delegación de funciones, estructuras financieras, unidades logísticas y aparatos armados.

Ha sido asociado a redes de cobro de extorsiones en sectores comerciales, rutas de tráfico de droga que utilizan corredores fluviales y marítimos, y operaciones de intimidación a líderes comunitarios y ciudadanos que se niegan a pagar cuotas extorsivas.

Uno de los aspectos más graves que pesa sobre su historial es el reclutamiento y uso sistemático de adolescentes y jóvenes, especialmente en sectores con bajos niveles de acceso a educación, empleo o redes institucionales de protección.

Estos jóvenes, según testimonios recogidos en procesos judiciales, son utilizados como sicarios, transportadores de droga, informantes o vigilantes de zonas en disputa.

Digno Palomino también ha sido vinculado a actos de intimidación contra medios de comunicación y periodistas que han investigado la actuación de su organización, lo que ha generado pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos y libertad de prensa.

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