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“Al suspender la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos”, Benedetti
El ministro del Interior aseguró que la decisión congela impuestos clave y pone en riesgo el pago de la deuda y la financiación social.
La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, con el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la Emergencia Económica y Social, generó reacciones inmediatas en el Ejecutivo y en distintos sectores políticos y económicos del país.
La medida fue adoptada por la Sala Plena del Alto Tribunal con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, y tiene efectos inmediatos. Con la suspensión, quedaron congelados todos los impuestos y beneficios tributarios creados o modificados al amparo de la emergencia, mientras la Corte avanza en el estudio de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
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La primera voz del Gobierno en pronunciarse fue la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó duramente el fallo y defendió la necesidad de la emergencia económica. Según el funcionario, la crisis que enfrenta el país no se limita a un desbalance fiscal, sino que tiene implicaciones más amplias sobre la estabilidad financiera del Estado.
“La emergencia económica se da no sólo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda, y la deuda se debe pagar por Constitución, lo mismo que los temas de seguridad social”, afirmó Benedetti.
El ministro sostuvo que, sin la emergencia económica, se vería comprometido el desarrollo de políticas públicas sociales. “Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o si la terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales”, agregó.
Benedetti fue más allá y señaló que, a su juicio, la decisión de la Corte Constitucional favorece a los sectores de mayores ingresos. “Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que tienen entre $3.000 y $104.000 millones. No hay derecho que esto haya pasado”, concluyó el ministro.
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