Agenda de proyectos de ley del Pacto Histórico en fin de gobierno Petro

Cuando restan pocas semanas para el cambio de gobierno en Colombia, la bancada del Pacto Histórico decidió convertir el inicio del nuevo período legislativo en el punto de partida de la defensa política del presidente Gustavo Petro.

A través de un comunicado titulado "El Pacto Histórico legisla por la vida", la coalición oficialista anunció la radicación de un amplio paquete de proyectos de ley con el que pretende mantener vivas las principales banderas del Gobierno saliente, aun cuando el nuevo escenario político anticipa un trámite mucho más complejo por la ausencia de mayorías propias en el Congreso.

El documento sostiene que la nueva agenda legislativa estará orientada a "ampliar derechos, fortalecer la democracia y consolidar las transformaciones sociales que Colombia necesita".

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Según la bancada, las iniciativas responden a demandas históricas de sectores que, en su criterio, permanecieron excluidos de las decisiones públicas durante décadas y buscan convertir en leyes varias de las políticas impulsadas por la administración Petro que no alcanzaron a culminar su trámite durante el cuatrienio.

Uno de los proyectos centrales corresponde al Estatuto del Trabajo y el Salario Vital, considerado por el Gobierno como el desarrollo del artículo 53 de la Constitución Política de 1991.

La iniciativa pretende establecer un nuevo marco para las relaciones laborales, incorporar el concepto de salario vital como criterio legal para la remuneración de los trabajadores y fortalecer garantías relacionadas con estabilidad laboral, protección sindical y condiciones dignas de empleo.

El Ministerio del Trabajo ha explicado que la propuesta busca convertir en mandato permanente la metodología utilizada por el Gobierno Petro para fijar incrementos del salario mínimo con base en las necesidades reales de los hogares colombianos.

En materia sanitaria, la bancada anunció que volverá a presentar la Reforma a la Salud, una de las iniciativas emblemáticas del presidente Gustavo Petro que en anteriores oportunidades fue archivada por el Congreso.

El nuevo proyecto conserva la intención de modificar profundamente el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención de enfermedades y trasladar al Estado una mayor capacidad de administración de los recursos públicos destinados al sistema de salud.

La educación superior también aparece entre las prioridades. El comunicado plantea impulsar el reconocimiento de este nivel educativo como un derecho, mediante una reforma que profundice los cambios promovidos durante el Gobierno Petro al sistema de financiamiento universitario y fortalezca el acceso de los estudiantes a instituciones públicas.

Según el Ejecutivo saliente, la propuesta busca consolidar jurídicamente avances que durante el cuatrienio fueron implementados mediante decisiones administrativas y presupuestales.

Otro de los ejes corresponde a la Jurisdicción Agraria, proyecto que pretende desarrollar plenamente la reforma constitucional aprobada para crear jueces especializados en conflictos rurales.

La iniciativa busca establecer procedimientos específicos para resolver disputas relacionadas con la propiedad de la tierra, el acceso a predios rurales y los conflictos derivados de la actividad agropecuaria, uno de los componentes considerados fundamentales dentro de la política de reforma agraria promovida por el Gobierno Petro.

En materia ambiental, el Pacto Histórico insiste en una de las posiciones que caracterizó a la administración saliente: la prohibición definitiva del fracking en Colombia.

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La propuesta busca impedir la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica, argumentando la necesidad de proteger las fuentes hídricas, los ecosistemas y las comunidades donde eventualmente podrían desarrollarse este tipo de proyectos.

La iniciativa se complementa con un proyecto sobre Gestión Comunitaria del Agua, orientado a fortalecer el papel de las organizaciones sociales y territoriales en la administración y protección de este recurso estratégico.

La agenda también incorpora una Ley de Competencias, cuyo propósito consiste en redefinir la distribución de funciones entre la Nación y las entidades territoriales para fortalecer la descentralización administrativa y otorgar mayores herramientas a departamentos y municipios en la ejecución de políticas públicas.

El Pacto Histórico sostiene que esta reforma permitiría construir un Estado más cercano a las regiones y con mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades locales.

Entre las novedades figura igualmente una Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial, iniciativa con la que el Gobierno saliente pretende establecer principios para el desarrollo y utilización de sistemas de inteligencia artificial en Colombia.

El proyecto plantea que el avance tecnológico debe estar acompañado de garantías para la protección de los derechos fundamentales, la transparencia de los algoritmos, la supervisión humana de las decisiones automatizadas y la protección de los datos personales, siguiendo tendencias regulatorias que actualmente discuten diferentes democracias alrededor del mundo.

En el plano económico, la bancada anunció que impulsará nuevamente una reforma tributaria con un enfoque de progresividad fiscal.

Según las explicaciones entregadas durante la radicación, la propuesta busca incrementar la carga tributaria sobre patrimonios de mayor valor, vehículos de lujo, yates, algunos bienes suntuarios y determinados consumos considerados de alta capacidad económica, con el objetivo de financiar programas sociales y mantener la inversión pública desarrollada durante la administración Petro.

El comunicado concluye señalando que la bancada continuará defendiendo "el legado transformador del presidente Gustavo Petro", al considerar que las reformas impulsadas durante los últimos cuatro años representan un proceso de ampliación de derechos, fortalecimiento de la justicia social y profundización democrática.

En consecuencia, el nuevo Congreso será el escenario donde el petrismo buscará ejercer una oposición programática frente al gobierno entrante, manteniendo vivas las principales iniciativas que marcaron el cuatrienio 2022-2026.

Sin embargo, el panorama legislativo resulta complejo. Aunque el Pacto Histórico continúa siendo una de las bancadas más numerosas del Congreso, no cuenta con las mayorías suficientes para garantizar la aprobación de estos proyectos.

Analistas coinciden en que buena parte de las iniciativas enfrentará intensos debates políticos y dependerá de acuerdos con otros partidos para avanzar en su trámite.

Aun así, la radicación de este paquete legislativo deja planteada una hoja de ruta con la que el petrismo pretende preservar su programa político más allá del final del mandato presidencial y convertir el Congreso en el principal escenario de confrontación política durante el próximo cuatrienio.

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