⁠Eva Ferrer anuncia demandas contra Verónica Alcocer

La abogada de Eva Ferrer, exconsejera presidencial y antigua colaboradora de Verónica Alcocer, confirmó que la voz que aparece en los audios divulgados por la revista Semana corresponde a su clienta y anunció que emprenderá acciones judiciales tras considerar que las grabaciones fueron obtenidas y difundidas de manera ilegal.

En las grabaciones se mencionan supuestos testaferros, recursos de campaña, gastos personales y otros hechos que, de comprobarse, tendrían implicaciones judiciales.

En entrevista con Mañanas Blu, la jurista María Soledad Morales aseguró que las conversaciones fueron registradas sin el consentimiento de Ferrer, presuntamente mientras sostenía un diálogo privado dentro de su vivienda con una persona de confianza.

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"Aquí se están vulnerando los derechos de nuestra cliente, el derecho a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones", afirmó la abogada.

Aunque inicialmente evitó confirmar la autenticidad de la voz, posteriormente reconoció que corresponde a Eva Ferrer y señaló que actualmente se adelanta un análisis sobre el material: “Sí es la voz de Eva, pero estamos en un proceso de investigación con peritos, revisando una cantidad de cosas”, señaló.

Según la defensa, las grabaciones habrían sido realizadas hace entre cuatro y cinco meses y ahora se investiga quién las hizo y cómo llegaron a hacerse públicas. "Fueron grabados sin su consentimiento, sin su autorización y sin su conocimiento (…). En su casa puede hablar lo que quiera. Estos audios fueron sustraídos de forma ilegal", sostuvo Morales.

La abogada también reveló que Ferrer mantiene varios procesos judiciales abiertos, uno de ellos contra Verónica Alcocer, el consultor español Manuel Grau y la Corporación Centro de Pensamiento Progresista Colombia Humano, por una presunta obligación económica incumplida.

De acuerdo con la defensa, la suma reclamada asciende actualmente a 600 millones de pesos entre capital e intereses. Además, que el reclamo corresponde a una relación civil y comercial y no a un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). 

Morales aseguró que su clienta dejó de recibir los pagos acordados tras finalizar su vínculo laboral y que ello la obligó a permanecer en Colombia con el apoyo económico de su familia mientras adelantaba las reclamaciones judiciales. 

“Le dejaron de pagar y simplemente la dejaron tirada en Colombia”, dijo Morales.

Incluso, mencionó otros procesos contra particulares por presuntos préstamos de dinero que, según habló, nunca fueron devueltos.

Respecto al contenido de los audios, los periodistas de Blu Radio preguntaron si Ferrer pondrá en conocimiento de las autoridades estas afirmaciones (entre ellas referencias a presuntos recursos de campaña y posibles hechos de corrupción). Sin embargo, la abogada evitó responder de fondo: “Eso lo estamos valorando en este momento”, dijo.

Tampoco confirmó que su clienta tenga pruebas para sustentar las afirmaciones sobre supuestos aportes económicos durante la campaña presidencial o sobre los gastos atribuidos a Alcocer.

Morales también negó que Ferrer y Verónica Alcocer fueran amigas cercanas y sostuvo que la relación entre ambas fue estrictamente laboral, la cual terminó pocos meses después del inicio del actual Gobierno.

De igual manera, la entrevista abordó el llamado grupo de los “catalanes”, integrado por personas cercanas a Verónica Alcocer durante la campaña y los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro.

Al ser consultada sobre la relación entre Eva Ferrer, Manuel Grau y otras personas de ese grupo, la abogada María Soledad Morales evitó profundizar en el tema y afirmó que desconoce cómo se conformó esa relación.

 “Lo único que puedo decirles es que Eva se encuentra en Colombia y está tranquila en Colombia. No tengo ni idea de cómo se forma esa relación entre ellos y, a su vez, entre la señora Verónica Alcocer”, respondió.

La defensa aseguró que Eva Ferrer fue víctima de maltrato económico, psicológico y social tras la ruptura de esa relación laboral, circunstancias que, según indicó, sustentan las acciones judiciales.

La jurista afirmó que Ferrer dejó de recibir los pagos acordados por el trabajo que desempeñaba como asesora y que esa situación la dejó sin recursos para mantenerse en Colombia. Asimismo, afirmó su clienta “quedó sin reputación profesional”.

“Cuando la aislaron, la sacaron y no le pagaron, Eva quedó sin dinero (...) Sobrevivió con la ayuda de su familia porque dijo: ‘Yo necesito que me paguen la plata que presté, la plata que me deben y yo no me voy de acá hasta que me paguen’”, relató.

Finalmente, la defensa señaló que estos hechos hacen parte de los procesos civiles y penales que actualmente adelanta Ferrer para reclamar las obligaciones económicas que considera pendientes y los perjuicios que le ocasionó la ruptura de esa relación laboral.

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