Abogado de Jorge Alfredo Vargas inconforme con que audiencias por presunto acoso sexual sean reservadas

La audiencia de imputación de cargos contra el expresentador de Caracol Noticias, Jorge Alfredo Vargas, tuvo uno de sus primeros debates jurídicos antes de que la Fiscalía General de la Nación formulara oficialmente los cargos por el presunto delito de acoso sexual.

La discusión se centró en la solicitud presentada por el ente acusador y respaldada por la representación de una de las presuntas víctimas para que no solo se protegiera la identidad de las denunciantes mediante su anonimización, sino que además todas las actuaciones judiciales del proceso fueran declaradas reservadas.

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La petición fue respaldada por la abogada Ana Bejarano, representante de una de las presuntas víctimas, quien solicitó al despacho judicial que las medidas de protección no se limitaran a ocultar los nombres o datos de identificación de las denunciantes, sino que se extendieran a restringir el acceso del público a la audiencia de imputación y a las diligencias posteriores del proceso.

Durante su intervención, Bejarano sostuvo que la naturaleza de los hechos investigados exige adoptar mecanismos adicionales de protección para evitar que las tres mujeres que figuran como presuntas víctimas puedan ser identificadas de manera indirecta a partir de la narración de los hechos que realizará la Fiscalía durante la imputación y en las siguientes etapas procesales.

Como sustento de su solicitud, la representante de víctimas citó jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la obligación de los Estados de adoptar medidas que impidan la revictimización de quienes denuncian hechos de violencia o conductas de naturaleza sexual.

Según expuso, la publicidad de las audiencias podría facilitar que terceros identifiquen a las denunciantes a partir de las circunstancias, lugares, fechas o relaciones laborales descritas durante la exposición de los hechos, aun cuando sus nombres permanezcan bajo reserva.

La defensa del expresentador manifestó una posición distinta frente a esa petición. El abogado de Jorge Alfredo Vargas indicó ante el juez que la defensa nunca había solicitado que las diligencias fueran reservadas y expresó que no encontraba una justificación suficiente para restringir el principio de publicidad que rige el proceso penal.

En su intervención, señaló que no comprende por qué resulta necesario, además de anonimizar la identidad de las presuntas víctimas, declarar reservadas las audiencias, al considerar que la protección de sus datos personales sería una medida suficiente para impedir que sean identificadas por el público.

El defensor sostuvo que, aun cuando se preserve la identidad de las denunciantes, no resulta evidente que las personas que sigan el desarrollo del proceso puedan establecer quiénes son las mujeres que formularon las denuncias únicamente con la descripción de los hechos que serán expuestos por la Fiscalía.

Asimismo, recordó que el proceso penal no solo debe garantizar la protección de las presuntas víctimas, sino también los derechos fundamentales del procesado.

En ese sentido, afirmó que no puede perderse de vista que quien enfrenta una investigación penal es Jorge Alfredo Vargas, por lo que debe preservarse su derecho a un juicio justo y a todas las garantías previstas en la Constitución y la ley.

Entre esas garantías, indicó el abogado, se encuentra el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, mecanismo que permite el control ciudadano sobre la administración de justicia y constituye una garantía tanto para la sociedad como para quien es objeto de un proceso penal.

La defensa sostuvo que cualquier limitación a ese principio debe responder a razones estrictamente necesarias y proporcionadas, por lo que solicitó al despacho valorar cuidadosamente si la reserva integral de las audiencias constituye una medida indispensable o si la protección de la identidad de las presuntas víctimas resulta suficiente para garantizar sus derechos.

El debate quedó planteado ante el juez de control de garantías, quien deberá resolver si acoge la solicitud formulada por la Fiscalía y la representación de víctimas para que las actuaciones judiciales se desarrollen bajo reserva o si, por el contrario, mantiene la regla general de publicidad prevista para los procesos penales, adoptando únicamente medidas de anonimización para proteger la identidad de las denunciantes.

El asunto se resolverá mañana martes 4 de agosto a las 9am, por parte de la juez quien fijó en esa fecha y horario la continuación de la audiencia de imputación de cargos.

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