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Presidente Abelardo De La Espriella levanta suspensión de permisos para porte de armas
El Gobierno argumenta que la medida busca garantizar derechos a ciudadanos que cumplen la ley.
El presidente Abelardo De La Espriella firmó un decreto mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
El anuncio fue realizado por el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que, durante años, la normativa vigente terminó restringiendo principalmente a los ciudadanos que actúan dentro del marco legal, mientras que las estructuras al margen de la ley continuaron teniendo acceso a las armas.
Para sustentar la decisión, el Gobierno presentó cifras oficiales sobre el panorama del armamento ilegal en el país.
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Según los datos divulgados, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ese total, 14.179 estaban directamente relacionadas con la comisión de delitos.
El desglose de las incautaciones también da cuenta de armas presuntamente vinculadas con diferentes organizaciones armadas ilegales.
De acuerdo con las cifras reveladas por el mandatario, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Eln.
“Además, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros”, señaló De La Espriella en X.
La nueva disposición busca establecer una diferenciación entre los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la ley para portar armas y las organizaciones delictivas que operan al margen de la legalidad.
Bajo esta premisa, la directriz gubernamental establece que se otorgarán garantías institucionales a los ciudadanos que se ajusten a la ley, mientras que el Estado aplicará toda su fuerza legítima contra los actores armados ilegales.
El levantamiento de la suspensión general no implica, de acuerdo con el planteamiento del Gobierno, que desaparezcan los requisitos legales para acceder a un permiso de porte de armas, sino que modifica la política de suspensión general que se venía aplicando.
La decisión se produce en medio de las cifras presentadas por el Ejecutivo sobre la cantidad de armas incautadas y su relación con actividades delictivas y organizaciones armadas ilegales en diferentes regiones del país.
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