Estados Unidos y Colombia: décadas de cooperación en seguridad, lucha antidrogas y desarrollo

La cooperación entre Estados Unidos y Colombia ha sido durante las últimas décadas uno de los componentes centrales de la relación bilateral y ha abarcado desde la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía hasta programas de desarrollo rural, justicia, derechos humanos, implementación del Acuerdo de Paz, comercio, educación y asistencia a poblaciones afectadas por el conflicto.

Aunque las relaciones diplomáticas entre los dos países se remontan a 1822, la cooperación adquirió una dimensión diferente a finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, cuando Colombia atravesaba una expansión de los cultivos de coca, el fortalecimiento de organizaciones guerrilleras y paramilitares y una escalada del conflicto armado.

El punto de inflexión fue el Plan Colombia, diseñado durante el Gobierno del presidente Andrés Pastrana y respaldado por la administración estadounidense de Bill Clinton. El programa comenzó a ejecutarse en 2000 y convirtió a Colombia en uno de los principales receptores de asistencia estadounidense en el hemisferio occidental.

El Plan Colombia fue concebido como una estrategia que combinaba diferentes frentes. Washington destinó recursos para combatir el narcotráfico, fortalecer la capacidad del Estado, respaldar reformas judiciales, proteger los derechos humanos, impulsar programas económicos y apoyar los esfuerzos dirigidos a recuperar territorios en los que la presencia institucional era limitada.

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En su etapa inicial, Estados Unidos aprobó un paquete extraordinario de aproximadamente US$1.300 millones para respaldar la estrategia colombiana. Una parte considerable de esos recursos estuvo destinada a operaciones contra el narcotráfico y al fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública.

La cooperación incluyó helicópteros, aeronaves, sistemas de comunicaciones, inteligencia, entrenamiento, logística y equipos destinados a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

También se destinaron recursos para operaciones de interdicción aérea, marítima y fluvial, erradicación de cultivos ilícitos y destrucción de infraestructura utilizada para producir y transportar drogas.

El apoyo estadounidense adquirió posteriormente una dimensión adicional con la lucha contra las organizaciones armadas. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de los cambios en la política internacional de Washington frente al terrorismo, la cooperación permitió ampliar progresivamente el alcance de los recursos destinados a Colombia.

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, la cooperación estadounidense coincidió con la implementación de la política de Seguridad Democrática. Estados Unidos continuó suministrando recursos, capacitación, inteligencia y asistencia técnica mientras el Estado colombiano desarrollaba operaciones contra las Farc y otras estructuras armadas y buscaba recuperar presencia institucional en zonas donde esas organizaciones habían ejercido control.

La relación en materia de seguridad se mantuvo durante los gobiernos posteriores, aunque sus prioridades fueron modificándose. Colombia dejó de ser exclusivamente un receptor de capacidades y comenzó también a transferir parte de la experiencia acumulada a otros países.

Esa transformación llevó a la creación del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia sobre Cooperación en Seguridad Regional. El mecanismo permitió que policías y militares colombianos participaran en capacitación de integrantes de fuerzas de seguridad de países de Centroamérica, el Caribe y otras zonas de la región.

De esta manera, Washington pasó a considerar a Colombia no solamente como beneficiario de asistencia, sino como socio para programas de seguridad regional.

El narcotráfico, sin embargo, se mantuvo como uno de los ejes permanentes. Los dos países han trabajado en erradicación de cultivos ilícitos, interdicción, destrucción de laboratorios, persecución de organizaciones criminales, control del lavado de activos, fortalecimiento judicial y extradición de narcotraficantes requeridos por tribunales estadounidenses.

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La cooperación también ha involucrado a la Fiscalía General de la Nación y otras entidades encargadas de investigar y judicializar organizaciones criminales. Estados Unidos ha proporcionado capacitación y asistencia para mejorar las capacidades investigativas y fortalecer instituciones relacionadas con justicia y seguridad.

La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en 2016 produjo otro cambio en las prioridades de la cooperación. Washington mantuvo el respaldo a la seguridad y la lucha antidrogas, pero aumentó los recursos destinados a la implementación de los compromisos de paz y al desarrollo de los territorios afectados por décadas de confrontación.

Según cifras divulgadas por el Departamento de Estado, entre 2017 y julio de 2023 Estados Unidos había proporcionado más de US$1.500 millones para respaldar la implementación del Acuerdo de Paz, convirtiéndose en el mayor contribuyente internacional en ese proceso.

Los programas incluyeron iniciativas de desarrollo rural, presencia estatal, reintegración de excombatientes, protección de comunidades vulnerables y defensores de derechos humanos, acceso a oportunidades económicas, reformas relacionadas con tierras y fortalecimiento del Estado de derecho.

La relación bilateral también ha incorporado la profesionalización de las Fuerzas Armadas colombianas. Estados Unidos ha financiado programas de educación y entrenamiento militar y ha apoyado procesos dirigidos a mejorar la interoperabilidad, las capacidades de defensa, la ciberseguridad y la administración del sector de seguridad.

El Departamento de Estado reportó que solamente entre los años fiscales 2017 y 2023 Estados Unidos proporcionó aproximadamente US$278 millones a Colombia mediante el programa de Financiamiento Militar Extranjero. Para el año fiscal 2023, la asistencia estadounidense específicamente destinada a seguridad superó los US$90 millones.

El nivel alcanzado por esa relación quedó reflejado en 2022, cuando Estados Unidos designó oficialmente a Colombia como aliado principal extra-OTAN. Esta categoría, aunque no significa que Colombia forme parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ni establece una obligación automática de defensa mutua, facilita determinadas modalidades de cooperación militar y de defensa.

Pero la cooperación entre Washington y Bogotá no se ha limitado al componente militar. Estados Unidos ha financiado durante años proyectos destinados al desarrollo económico, fortalecimiento de instituciones públicas, justicia, protección de derechos humanos, atención de comunidades rurales y generación de alternativas económicas en regiones afectadas por cultivos ilícitos y organizaciones armadas.

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La migración venezolana abrió otro frente. Ante la llegada de millones de venezolanos a territorio colombiano, Washington destinó recursos para apoyar la respuesta de Colombia y la atención humanitaria.

Para 2023, el Gobierno estadounidense reportaba compromisos superiores a US$958 millones relacionados con la crisis venezolana y el respaldo a Colombia como uno de los principales países receptores de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela.

A la cooperación política y de seguridad se suma una relación económica que adquirió mayor profundidad con la entrada en vigor, en mayo de 2012, del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos.

El tratado eliminó o redujo barreras comerciales y amplió el acceso de productos de ambos países a sus respectivos mercados.

Estados Unidos ha ocupado tradicionalmente los primeros lugares entre los socios comerciales y fuentes de inversión extranjera de Colombia. Café, flores, petróleo y diferentes productos agrícolas colombianos tienen en el mercado estadounidense uno de sus principales destinos, mientras Colombia importa productos agrícolas, combustibles, maquinaria, tecnología y otros bienes estadounidenses.

La cooperación también se ha extendido a ciencia y tecnología, energías renovables, medioambiente, aviación civil, educación e intercambios académicos. Programas como Fulbright forman parte de una relación que ha permitido durante décadas la formación y movilidad de estudiantes, investigadores y profesionales.

La alianza ha atravesado diferencias entre gobiernos sobre las estrategias para enfrentar los cultivos de coca, la erradicación, la política frente a Venezuela, la extradición y otros asuntos de la agenda regional. Sin embargo, los mecanismos de cooperación se han mantenido a través de administraciones demócratas y republicanas en Estados Unidos y gobiernos de distintas orientaciones políticas en Colombia.

Ese recorrido explica el peso que tiene para Bogotá cualquier modificación de la política estadounidense hacia el país. Durante más de dos décadas, Washington ha sido una fuente de cooperación financiera, militar, policial, judicial y técnica, mientras Colombia se ha convertido en uno de sus principales socios de seguridad en América Latina.

La relación que comenzó el siglo con el Plan Colombia evolucionó hacia una cooperación más amplia. La lucha contra el narcotráfico continúa siendo uno de sus componentes principales, pero a ella se sumaron seguridad regional, implementación de la paz, fortalecimiento institucional, migración, desarrollo rural, comercio, inversión, energía, medioambiente y educación.

Por esa razón, la relación con Estados Unidos continúa ocupando un lugar central en la política exterior colombiana. 

El alcance acumulado durante más de 25 años convierte cada definición de Washington sobre cooperación, seguridad y lucha antidrogas en un asunto con consecuencias directas para las capacidades y prioridades del Estado colombiano.

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