El patrimonio del gabinete de De la Espriella: 18 ministros declararon $28.577 millones en bienes líquidos

Las cifras patrimoniales de los 18 ministros que integran el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella permiten hacer una radiografía financiera de los funcionarios que asumieron la conducción de las principales carteras del Gobierno.

Las declaraciones públicas muestran diferencias que van desde patrimonios líquidos superiores a $5.000 millones hasta funcionarios que reportaron menos de $200 millones, mientras que las obligaciones financieras acumuladas por todo el equipo ministerial superan los $6.400 millones.

Los datos corresponden a las declaraciones de bienes y rentas disponibles en el portal del Departamento Administrativo de la Función Pública.

De acuerdo con la información publicada, las declaraciones corresponden al año 2024 para 17 de los 18 ministros, mientras que en el caso del ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, la información corresponde a 2025.

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La publicación se realiza en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, que estableció la obligación para altos funcionarios del Estado de hacer pública información relacionada con sus bienes y rentas, conflictos de interés y declaración del impuesto sobre la renta.

La herramienta oficial de Función Pública permite que ciudadanos, organismos de control, medios de comunicación y organizaciones consulten esta información como parte de los mecanismos de transparencia y control social.

Los ministros del despacho están expresamente incluidos entre los sujetos obligados por la Ley 2013 de 2019. La suma del patrimonio líquido declarado por los 18 integrantes del gabinete alcanza $28.577.962.000, lo que representa un promedio de $1.587.664.556 por ministro.

Las deudas reportadas, por su parte, llegan conjuntamente a $6.426.502.000, con un promedio cercano a $357.027.889 por funcionario.

En la parte superior de la lista aparece Iván Cancino, ministro de Justicia, quien declaró un patrimonio líquido de $5.160.869.000, el mayor entre todos los integrantes del gabinete.

Al mismo tiempo, Cancino reportó obligaciones por $383.773.000. Su patrimonio representa aproximadamente el 18 % de los $28.577 millones acumulados por los 18 ministros.

Cancino llega al Ministerio de Justicia con una trayectoria desarrollada principalmente alrededor del derecho penal y el ejercicio profesional de la abogacía. Ahora, además de las responsabilidades derivadas de la cartera, su declaración lo ubica como el funcionario con el patrimonio líquido más elevado dentro del gabinete ministerial.

En el segundo lugar se encuentra el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien declaró $4.145.870.000 de patrimonio líquido. A diferencia de buena parte de sus compañeros de gabinete, Gómez reportó $0 en deudas, convirtiéndose junto con el canciller Omar Nicolás Bula en uno de los dos ministros que aparecen en el registro sin obligaciones financieras.

La tercera posición corresponde a María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía. Su patrimonio líquido declarado asciende a $3.383.461.000, mientras sus deudas son de apenas $6.492.000. Con estas cifras, los tres primeros integrantes del listado —Cancino, Gómez y Arboleda— acumulan conjuntamente cerca de $12.690 millones de patrimonio líquido, alrededor del 44 % de todo lo declarado por el gabinete.

Después aparece Viviane Morales, ministra de Educación, con un patrimonio líquido de $2.873.013.000 y deudas por $139.958.000. Morales ocupa así la cuarta posición entre los funcionarios con mayor patrimonio.

El quinto puesto corresponde a la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien declaró un patrimonio líquido de $2.303.131.000. Su situación financiera presenta una característica distinta frente a los primeros puestos: reportó $1.795.061.000 en deudas, la cifra de obligaciones más alta entre los 18 ministros.

Vesga concentra por sí sola más de una cuarta parte de las deudas declaradas por todo el gabinete. Aunque las obligaciones son elevadas frente a las de otros integrantes del equipo de Gobierno, el indicador utilizado para ordenar el listado es el patrimonio líquido y no el valor bruto de los activos.

La sexta posición corresponde a Elsa Noguera, ministra de Transporte, con $2.130.501.000 de patrimonio líquido y $296.675.000 en deudas.

Le sigue Paola Holguín, ministra de Cultura, quien reportó $1.972.845.000 de patrimonio líquido y obligaciones por $195.941.000. Con ella se completa el grupo de siete ministros cuyos patrimonios líquidos superan los $1.900 millones.

En la octava posición aparece Jaime Beltrán, ministro de Vivienda, con un patrimonio líquido de $1.208.933.000 y deudas por $11.525.000. Su caso tiene una particularidad frente al resto del gabinete: la declaración utilizada para la comparación corresponde a 2025, mientras las de los otros 17 funcionarios corresponden a 2024.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Nicolás Bula, ocupa el noveno lugar. Declaró un patrimonio líquido de $946.436.000 y, al igual que Miguel Gómez, no reportó deudas.

En el décimo puesto está Alexandra Falla, ministra de las TIC, con un patrimonio líquido de $840.729.000 y obligaciones por $300.664.000.

A partir de allí, las cifras se sitúan por debajo de los $800 millones.

Fabio Arjona, ministro de Ambiente, declaró $798.011.000 de patrimonio líquido y $13.194.000 en deudas. Arjona aparece entre los integrantes del gabinete con menores obligaciones financieras.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, figura en la posición 12 con un patrimonio líquido de $662.614.000 y obligaciones por $375.598.000.

En el puesto 13 aparece Claudia Benavides, ministra de Ciencias, quien reportó $644.537.000 de patrimonio líquido y $93.799.000 en deudas.

Le sigue Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, con un patrimonio líquido de $553.535.000 y deudas por apenas $5.030.000, una de las cifras de obligaciones más bajas entre todos los ministros.

Los últimos cuatro lugares muestran una reducción considerable frente a los patrimonios registrados en la parte superior del listado. Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, declaró $316.257.000 de patrimonio líquido, acompañado de $795.373.000 en deudas.

La ministra de Trabajo, Natalia López, ocupa el puesto 16 con $307.500.000 de patrimonio líquido y obligaciones por $732.647.000.

En el puesto 17 aparece Juliana Gutiérrez, ministra del Deporte, con $173.837.000 de patrimonio líquido y $136.051.000 en deudas.

Finalmente, Rodrigo Lara, ministro del Interior, registra el patrimonio líquido más bajo de los 18 integrantes del gabinete: $155.883.000. Paralelamente, declaró obligaciones por $1.146.721.000, la segunda cifra de endeudamiento más elevada después de la ministra de Salud.

La distancia entre los extremos del listado es amplia. Los $5.160 millones de patrimonio líquido declarados por Iván Cancino equivalen a más de 33 veces los $155,8 millones reportados por Rodrigo Lara.

Entre ambos aparecen perfiles financieros diferentes: ministros con patrimonios de varios miles de millones y deudas reducidas, otros con activos líquidos importantes acompañados de obligaciones considerables y funcionarios cuyo nivel de endeudamiento supera ampliamente el patrimonio líquido informado en el gráfico.

El endeudamiento también está concentrado. Ana María Vesga registra $1.795 millones; Rodrigo Lara, $1.146 millones; Indalecio Dangond, $795 millones, y Natalia López, $732 millones.

Entre esos cuatro funcionarios acumulan aproximadamente $4.470 millones, cerca del 70 % de los $6.426 millones en obligaciones reportados por todo el gabinete.

En el extremo contrario aparecen Miguel Gómez y Omar Nicolás Bula, quienes reportaron cero deudas. Mauricio Gómez Amín declaró $5,03 millones; María Nohemí Arboleda, $6,49 millones; Jaime Beltrán, $11,52 millones, y Fabio Arjona, $13,19 millones.

La información, sin embargo, debe leerse de acuerdo con el alcance de estas declaraciones. El patrimonio líquido no equivale necesariamente al dinero disponible en cuentas bancarias ni al ingreso anual de un funcionario.

Corresponde al resultado patrimonial que queda después de considerar activos, bienes y las obligaciones correspondientes de acuerdo con la información declarada.

La Ley 2013 convirtió estos registros en información destinada al escrutinio ciudadano. Función Pública señala que el mecanismo busca garantizar los principios de transparencia y publicidad y que la información debe actualizarse anualmente mientras la persona conserve la condición de sujeto obligado.

También contempla actualizaciones cuando se produzcan cambios en la información declarada y después de la presentación de la declaración correspondiente ante la Dian.

El Aplicativo por la Integridad Pública concentra además información sobre bienes y rentas, impuesto sobre la renta y posibles conflictos de interés.

Función Pública explica que la consulta ciudadana es anónima y no requiere registro, precisamente para facilitar el control social sobre quienes ocupan cargos de responsabilidad estatal.

Las cifras conocidas ahora establecen así una fotografía patrimonial del equipo con el que Abelardo de la Espriella inició su Gobierno.

No constituyen por sí mismas una señal de irregularidad ni permiten establecer el origen de cada activo u obligación sin acudir a los documentos individuales que respaldan las declaraciones.

Su relevancia está en que dejan una línea de referencia pública sobre la situación económica declarada por los ministros al comienzo de esta etapa de la administración.

Esa línea base permitirá contrastar posteriormente las actualizaciones que deberán efectuar los funcionarios. Función Pública señala que la declaración debe presentarse al posesionarse, durante el ejercicio del cargo y al retirarse, además de las actualizaciones previstas por la normativa.

La publicación de los datos también permite dimensionar las diferencias dentro del gabinete: mientras Justicia, Hacienda y Minas y Energía concentran alrededor de $12.690 millones de patrimonio líquido, los cuatro funcionarios ubicados al final del listado —Agricultura, Trabajo, Deporte e Interior— suman aproximadamente $953 millones.

Así, detrás de los nombres de los 18 funcionarios que asumieron ministerios aparecen situaciones económicas muy distintas. Desde los $5.160 millones declarados por Iván Cancino hasta los $155 millones de Rodrigo Lara, el gabinete suma $28.577 millones en patrimonio líquido y $6.426 millones en obligaciones, cifras que desde ahora quedan como punto de partida público para seguir la evolución patrimonial de quienes tienen a su cargo algunas de las decisiones más importantes del Estado.

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