Defensoría entrega al Gobierno Nacional radiografía de los derechos humanos en el país

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, entregó al nuevo Gobierno Nacional el documento Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, que reúne información sobre algunas de las principales problemáticas de derechos humanos en el país y aporta elementos para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, iniciativas legislativas y otras decisiones del Estado. 

El documento permite reconocer los avances alcanzados, identificar las brechas que persisten entre territorios, grupos poblacionales y advertir sobre riesgos y violencias que continúan afectando a la población.

Esta radiografía complementa las Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno, que se presentó durante el proceso electoral. El inicio de un nuevo período presidencial y la renovación del Congreso de la República representa una oportunidad para preservar lo alcanzado como sociedad y afrontar los desafíos que aún enfrenta el país.

Puntos clave

Desigualdad: La reducción de las desigualdades continúa siendo uno de los principales desafíos para consolidar el Estado Social de Derecho. Aunque Colombia registra avances en distintos indicadores relacionados con las condiciones de vida, estos no han beneficiado de igual manera a todos los territorios ni a todos los grupos sociales.

En 2025, la pobreza monetaria se ubicó en 28%, después de haber alcanzado 43,1 % en 2020. En materia de seguridad alimentaria también persisten brechas territoriales: entre 2022 y 2025, la prevalencia de inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales pasó de 26,8% a 18,1%, mientras en los centros poblados y zonas rurales dispersas pasó de 32,5% a 31,4%.

En salud, la cobertura no siempre se traduce en acceso efectivo: durante 2025 se registraron 2.048.427 reclamos y 312.573 tutelas relacionadas con este derecho. En educación básica y media, aunque la deserción disminuyó frente a los niveles de 2022, la cobertura neta pasó de 92,35% en 2019 a 88,21% en 2024.

Las desigualdades también tienen una dimensión de género. Aunque el cuidado representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto (PIB), las mujeres realizan el 76% del trabajo de cuidado no remunerado. A estas brechas se suman las afectaciones a su derecho a una vida libre de violencias: en 2025 se registraron 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres y el 78,9% correspondió a mujeres menores de 18 años.

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Violencia armada, paz, seguridad: La criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan. Actualmente están vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos. A ello se suma la aparición de nuevas modalidades de violencia: entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas.
 
La persistencia de las violencias también se refleja en las masacres: entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, con 2.380 víctimas. 

El desplazamiento forzado continúa siendo una de las principales afectaciones sobre la población civil. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas. En promedio, el 35,73% de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.

Las afectaciones del conflicto armado también comprometen el buen futuro de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a reclutamiento, se reportaron 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. La reducción de los casos no necesariamente significa una disminución del fenómeno, debido a los riesgos, temores y dificultades para denunciar o poner los hechos en conocimiento.

A esto se suman las muertes de menores de edad en contextos de hostilidades. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, 71 niñas, niños y adolescentes fallecieron en operativos militares. Además, se registran casos de menores de edad muertos en combates entre grupos armados ilegales.

Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza: La protección de la naturaleza es un punto central del diagnóstico. Entre 2024 y 2025, la deforestación aumentó de 113.608 a 119.483 hectáreas, un incremento de 5,2 %, y la Amazonía colombiana concentró el 65 % de la deforestación nacional durante 2025.

La minería ilegal también representa riesgos para las comunidades y los ecosistemas. Entre 2023 y 2026, la Defensoría del Pueblo emitió 34 Alertas Tempranas en las que identificó esta actividad como una economía de riesgo para las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos.

Por último, la libertad de prensa enfrenta igualmente amenazas. Entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 711 agresiones contra periodistas, entre ellas 275 amenazas. A su vez, entre 2020 y 2026 se registraron 12 homicidios de periodistas, dos de ellos durante 2026.

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