Primera mujer condenada a muerte por protestas en Irán en medio de tregua con Estados Unidos

Las autoridades iraníes condenaron a muerte a una mujer identificada como Bita Hemmati por su presunta participación en las protestas masivas registradas en enero de 2026, en lo que sería el primer caso de ejecución de una mujer vinculada a estas manifestaciones en el país.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos y reportes judiciales, Hemmati fue sentenciada junto con su esposo, Mohammadreza Majidi Asl, y otros dos hombres, Behrouz y Kourosh Zamaninejad, tras un proceso adelantado por un tribunal revolucionario en Teherán. La sentencia incluyó la pena capital, prisión adicional y la confiscación de bienes.

Las autoridades iraníes los acusaron de actuar en favor de gobiernos considerados hostiles, así como de participar en acciones contra la seguridad nacional.

Según versiones difundidas por agencias de derechos humanos, entre los cargos figuran la utilización de explosivos, la participación en concentraciones y la realización de actos considerados desestabilizadores.

Un quinto implicado, Amir Hemmati, familiar de la mujer condenada, recibió una pena cercana a seis años de prisión por delitos relacionados con asociación y propaganda contra el Estado.

La condena se produce en un contexto de incremento sostenido en el uso de la pena de muerte en Irán. Organizaciones internacionales han advertido que, solo en 2025, el país registró más de 1.600 ejecuciones, la cifra más alta en más de tres décadas, con un promedio superior a cuatro ejecuciones diarias.

En lo corrido de 2026, la tendencia se mantiene. Grupos de monitoreo han documentado nuevas ejecuciones de personas detenidas durante las protestas, muchas de ellas tras procesos judiciales cuestionados por la rapidez de los fallos y la falta de garantías procesales.

Informes recientes señalan que al menos siete personas ya han sido ejecutadas por su presunta relación con las manifestaciones, mientras que decenas más enfrentan sentencias similares.

Lea también: (Cundinamarca primer departamento que reduce la pobreza multidimensional, anuncio del gobernador Jorge Rey)

Las manifestaciones que dieron origen a estas detenciones comenzaron a finales de diciembre de 2025, inicialmente con paros de comerciantes en Teherán, y en pocos días se extendieron a distintas regiones del país.

Durante enero, estudiantes, trabajadores y diversos sectores sociales se sumaron a las protestas, que derivaron en uno de los mayores desafíos internos para las autoridades iraníes en los últimos años.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro para los Derechos Humanos en Irán han documentado un uso intensivo de la fuerza por parte de organismos de seguridad, así como detenciones masivas y juicios colectivos.

Cifras recopiladas por entidades independientes indican que miles de personas habrían muerto o resultado heridas, mientras decenas de miles fueron arrestadas durante las operaciones de control estatal.

Ante este panorama, organismos multilaterales y defensores de derechos humanos han solicitado la suspensión de las ejecuciones relacionadas con las protestas.

Expertos de Naciones Unidas han instado a las autoridades iraníes a detener la aplicación de la pena de muerte y a garantizar procesos judiciales transparentes.

De igual forma, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ha pedido una moratoria inmediata, advirtiendo que decenas de personas se encuentran en riesgo de ejecución tras las sentencias emitidas en los últimos meses.

Las autoridades iraníes han fundamentado las condenas a muerte de varios manifestantes en figuras jurídicas contempladas en su legislación islámica, como el delito de moharebeh —traducido como “hacer la guerra contra Dios”—, utilizado para procesar a quienes, según el Estado, atentan contra el orden público y la seguridad nacional.

En el caso de Bita Hemmati y su esposo, Mohammadreza Majidi Asl, los tribunales sostienen que su participación en disturbios, incluida la presunta agresión contra fuerzas de seguridad, constituye una acción directa contra el sistema político y religioso del país. Bajo este argumento, actos como lanzar objetos durante las protestas son interpretados como una forma de insurgencia.

De acuerdo con estas interpretaciones judiciales, las manifestaciones no son consideradas expresiones de inconformidad social, sino acciones coordinadas que, según las autoridades, buscan desestabilizar el Estado con apoyo de actores externos.

En ese marco, los procesados son señalados de colaborar con gobiernos considerados hostiles y de participar en actividades contra la seguridad nacional.

Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas decisiones, al advertir que los procesos carecen de garantías suficientes y que las confesiones presentadas en juicio habrían sido obtenidas bajo coacción.

Otras noticias