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Gobierno Petro descarta que retiro de aranceles por parte de Ecuador esté ligado a Abelardo De la Espriella
La Cancillería aseguró que la medida responde a órdenes de la CAN y rechazó vínculos con reuniones políticas.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro rechazó que la reciente decisión de Ecuador de eliminar aranceles a productos colombianos esté relacionada con supuestos encuentros políticos entre Abelardo de la Espriella y el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería colombiana precisó que la medida anunciada por Ecuador, que entrará en vigor el 1 de junio de 2026, obedece al cumplimiento de disposiciones “perentorias” emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), y no a un gesto político o electoral.
El pronunciamiento enfatizó que interpretar la decisión como una muestra de buena voluntad o vincularla a coyunturas electorales distorsiona su fundamento jurídico y puede afectar la confianza en la relación bilateral entre ambos países.
Según el Gobierno colombiano, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional habían advertido previamente sobre los riesgos de mantener restricciones comerciales, señalando posibles impactos negativos en la actividad productiva, la competitividad y el bienestar de las comunidades fronterizas.
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En ese sentido, la administración Petro indicó que las medidas adoptadas por Ecuador contravenían los principios del ordenamiento jurídico andino, afectando la seguridad jurídica de los operadores económicos y el comercio intracomunitario.
“El Gobierno de Colombia considera necesario precisar que esta decisión debe entenderse como el resultado de las órdenes de eliminación de aranceles impuestas por la CAN”, señaló la Cancillería en su declaración oficial.
Además, Colombia anunció que, en línea con la normalización comercial, también procederá a levantar las medidas que había implementado para mitigar las distorsiones generadas por las restricciones ecuatorianas.
El Ejecutivo sostuvo que este paso busca restablecer la simetría en las relaciones económicas bilaterales y reafirmar su compromiso con el libre comercio intracomunitario y la integración regional.
No obstante, uno de los puntos más contundentes del comunicado fue el rechazo a lo que calificó como una “deliberada injerencia” en el proceso electoral colombiano, al vincular decisiones comerciales con dinámicas políticas internas.
Para el Gobierno, este tipo de interpretaciones representan una violación del principio de no intervención entre Estados, así como una amenaza a la soberanía nacional y al sistema democrático.
Finalmente, la Cancillería reiteró que las decisiones en materia económica y comercial deben basarse exclusivamente en criterios técnicos, jurídicos e institucionales, evitando su utilización en escenarios político-electorales.
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