ONU lleva caso de desapariciones en México a la Asamblea General por posible crimen de lesa humanidad

El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas decidió activar un mecanismo previsto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con el fin de elevar la situación de México ante la Asamblea General del organismo.

La determinación se adoptó mediante la aplicación del artículo 34 de dicho instrumento, el cual se reserva para escenarios que, a juicio del Comité, presentan un nivel de gravedad que exige atención internacional inmediata.

De acuerdo con el contenido del documento emitido por el Comité, la activación de este procedimiento responde a la recepción y análisis de información que, según su evaluación, contiene elementos que permiten inferir la posible existencia de prácticas de desaparición forzada de manera generalizada o sistemática dentro del territorio mexicano.

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En ese sentido, el órgano indicó que, conforme a lo establecido en la Convención, una vez examinados los datos disponibles y tras solicitar información adicional al Estado involucrado, puede trasladar el asunto al Secretario General de las Naciones Unidas para que este, a su vez, lo someta a consideración de la Asamblea General.

El texto recuerda que el artículo 34 establece que, cuando se verifiquen indicios fundados de este tipo de prácticas, el Comité está facultado para remitir la situación de forma urgente.

Esta disposición constituye uno de los mecanismos más relevantes del sistema internacional en materia de desapariciones forzadas, debido a que implica la intervención de uno de los órganos deliberativos más amplios de la organización.

En su pronunciamiento, el Comité también señala que, en el marco del derecho internacional, la comisión de desapariciones forzadas de manera extendida o sistemática puede ser calificada como crimen de lesa humanidad.

Esta categorización se encuentra contemplada en instrumentos internacionales y tiene implicaciones en materia de responsabilidad estatal e individual.

Asimismo, el organismo informó que solicitó al Secretario General de la ONU que, junto con la decisión adoptada, remita a la Asamblea General los informes elaborados por el propio Comité, así como observaciones previas y la documentación aportada por organizaciones de la sociedad civil.

Esta información, según se indica, deberá ser considerada en el análisis que realicen los Estados miembros.

En relación con las posibles acciones a adoptar, el Comité plantea que la Asamblea General evalúe la implementación de medidas orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a las desapariciones.

Entre estas se mencionan la cooperación técnica entre Estados, la asignación de recursos financieros y el suministro de asistencia especializada en labores de búsqueda de personas, análisis forense e investigación de los hechos.

También se sugiere que se promuevan mecanismos para esclarecer eventuales vínculos entre autoridades públicas y estructuras delictivas.

De igual manera, el documento propone la creación de un mecanismo que permita garantizar el acceso a la verdad, así como la protección y la asistencia a las familias de las personas desaparecidas.

En este contexto, se destaca la importancia de respaldar a organizaciones y a defensores que acompañan a las víctimas en los procesos de búsqueda y exigencia de justicia.

El Comité reitera, además, su disposición de mantener canales de cooperación con el Estado mexicano. En esa línea, subraya que la activación del artículo 34 no debe interpretarse como una medida de carácter sancionatorio, sino como una herramienta orientada a fortalecer el diálogo y la colaboración internacional frente a una situación que requiere atención sostenida.

El documento también recoge observaciones formuladas durante más de diez años de interacción entre el Comité y el Estado mexicano. En estas se advierte la persistencia de un problema de carácter estructural que, según el órgano, no ha sido contenido pese a las recomendaciones emitidas en diferentes momentos.

“El Comité ha transmitido preocupaciones y recomendaciones en cada etapa de su interacción con el Estado Parte, instándole a adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, así como para buscar y localizar a las personas desaparecidas y garantizar los derechos de las víctimas”, se indica en el texto.

Como parte de los elementos considerados para sustentar la gravedad de la situación, el Comité hace referencia al hallazgo continuo de fosas clandestinas en distintas regiones del país.

Según los datos citados, se han localizado más de 6.200 cuerpos y cerca de 76.000 restos humanos, en su mayoría sin identificar.

El análisis también señala que un número significativo de desapariciones se produce en el contexto de la denominada “guerra contra las drogas”, desarrollada a nivel nacional durante los últimos años.

No obstante, el Comité precisa que no cuenta con elementos que permitan afirmar la existencia de una política federal dirigida a la comisión de desapariciones forzadas.

En cambio, indica que existen indicios de que muchas de estas conductas son ejecutadas por grupos delictivos.

Sin embargo, los expertos advierten que, en algunos casos documentados, las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos o, en su defecto, a situaciones en las que habría existido apoyo, tolerancia o aquiescencia por parte de autoridades.

La solicitud del Comité fue remitida al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, con el propósito de que este la traslade de manera urgente a la Asamblea General. Una vez en esa instancia, los Estados miembros podrán examinar la información presentada y determinar las acciones que consideren pertinentes dentro del marco de sus competencias.

Entre las medidas que podrían adoptarse, el Comité menciona nuevamente la posibilidad de fortalecer la cooperación internacional, facilitar recursos financieros y proporcionar asistencia técnica especializada para las tareas de búsqueda, identificación de restos humanos e investigación de las desapariciones.

Asimismo, se contempla la necesidad de profundizar en el análisis de posibles relaciones entre estructuras criminales y agentes del Estado.