México oculta por cinco años documentos sobre el secuestro de “El Mayo” Zambada y su traslado a EE. UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México decidió mantener bajo reserva durante cinco años los documentos relacionados con la investigación del presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos, ocurrido el 25 de julio de 2024.

La medida incluye fotografías, videos, peritajes, registros aeronáuticos, comunicaciones entre ambos gobiernos y pruebas utilizadas por las autoridades mexicanas para cuestionar la información proporcionada por funcionarios estadounidenses.

La decisión fue conocida mediante una respuesta a una solicitud de transparencia que buscaba acceder a los documentos mencionados por la fiscal general, Ernestina Godoy, durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de julio de 2026.

Lea también: (Parque Lleras de Medellín se queda sin turistas: ventas caen hasta un 90 % y cierran negocios)

La institución argumentó que divulgar los archivos podría perjudicar las investigaciones abiertas, revelar procedimientos judiciales y comprometer los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos.

El Comité de Transparencia de la FGR aprobó la reserva el 19 de agosto de 2026, mientras que la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental formalizó la respuesta dos días después. Aunque el plazo establecido es de cinco años, la información podría difundirse antes si desaparecen las circunstancias que justificaron su clasificación.

La controversia tiene su origen en la operación que permitió la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de que ambos aterrizaran en el aeropuerto del condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México.

Según las versiones del propio Zambada y de la Fiscalía mexicana, Guzmán López habría participado en el secuestro del fundador del Cártel de Sinaloa para trasladarlo contra su voluntad a territorio estadounidense.

Las circunstancias de ese vuelo volvieron a generar diferencias entre los gobiernos de ambos países después de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) entregara al War Eagles Air Museum la aeronave Beechcraft King Air 200 utilizada para transportar a los dos narcotraficantes.

La donación fue revelada por Aristegui Noticias el 28 de junio de 2026 y anunciada formalmente por el FBI durante una conferencia de prensa realizada el 2 de julio en las instalaciones del museo. En el acto, el agente especial Conal L. Whetten destacó la participación de la agencia en las capturas.

La aeronave quedó abierta a los visitantes, quienes pudieron observar su interior y algunos objetos colocados para recrear las condiciones en que fue encontrada. Entre ellos figuraban paquetes de frituras y productos similares a los localizados durante el procedimiento de arresto.

Además, las autoridades estadounidenses difundieron información sobre las modificaciones detectadas en el avión. De acuerdo con el documento presentado, habían sido alterados el número de serie, la matrícula y algunos sistemas electrónicos, circunstancias que dificultaban establecer completamente su historial.

La controversia aumentó cuando el museo divulgó un documento titulado “Operación Air Kings”, elaborado con información proporcionada por el FBI. El texto describía la actuación de dos agentes estadounidenses en las detenciones y presentaba la operación como el final del dominio que Zambada había ejercido durante cuatro décadas como uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa.

El contenido provocó cuestionamientos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien pidió establecer si las agencias estadounidenses habían intervenido únicamente en las capturas o también en la operación que permitió trasladar a Zambada fuera de México.

Durante su conferencia del 7 de julio, la mandataria puso en duda las explicaciones entregadas por Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México cuando ocurrieron los hechos.
“La primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿quién mintió?, ¿mintió el embajador Ken Salazar?”, manifestó Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que una eventual participación de agencias estadounidenses en el secuestro podría representar una violación de tratados internacionales y de la Constitución mexicana.

Sus declaraciones estuvieron relacionadas con informaciones que interpretaron el documento divulgado por el museo como una posible admisión de participación estadounidense en la planificación de la operación.

Salazar había afirmado desde julio de 2024 que el gobierno de Joe Biden no organizó el traslado de Zambada y que los agentes estadounidenses intervinieron cuando la aeronave llegó a Nuevo México.

Posteriormente reiteró esa posición y negó que el avión, el piloto o la operación pertenecieran a las autoridades de su país.

“Comunicamos al gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, escribió el exembajador en su cuenta de X.

La diferencia entre ambas versiones llevó a la Fiscalía mexicana a realizar una conferencia de prensa el 8 de julio de 2026, en la que Godoy y otros funcionarios expusieron presuntas inconsistencias en la información entregada por Estados Unidos.

Durante esa intervención, la fiscal general sostuvo que las autoridades estadounidenses habían proporcionado datos “falsos e imprecisos” sobre las circunstancias de la captura de Zambada.

Precisamente, la solicitud de transparencia buscaba conocer los documentos que respaldaban esas afirmaciones, así como los elementos que permitieron a la Fiscalía identificar las supuestas contradicciones.

Sin embargo, la FGR negó la entrega de todos los archivos requeridos, incluidos aquellos utilizados para sustentar las declaraciones que sus funcionarios habían realizado públicamente.

Entre los materiales solicitados figuraban registros migratorios, documentos de cadena de custodia, inspecciones, fotografías, grabaciones, informes periciales y comunicaciones con autoridades estadounidenses.

También se requirió información sobre la identidad del piloto, su nacionalidad, situación migratoria, declaraciones ante las autoridades mexicanas y actuaciones relacionadas con su captura y posterior entrega a Estados Unidos.

La Fiscalía rechazó incluso la posibilidad de proporcionar versiones públicas de los documentos con los datos confidenciales protegidos.

Según la institución, la entrega parcial de los archivos permitiría reconstruir procedimientos, identificar elementos probatorios y conocer el alcance de las investigaciones todavía en curso.

“La elaboración de una versión pública no permitiría superar el perjuicio identificado”, sostuvo la FGR en su respuesta.

La dependencia explicó que los documentos están relacionados entre sí y que su divulgación, aunque fuera incompleta, podría revelar información sobre las diligencias adelantadas y los mecanismos de asistencia jurídica utilizados por los dos países.

Otro de los aspectos incluidos en la investigación corresponde a la identificación de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, señalado por las autoridades mexicanas como el presunto piloto de la aeronave que transportó a Zambada y Guzmán López.

Durante la conferencia del 8 de julio, la Fiscalía informó que había logrado establecer su identidad mediante el análisis de una grabación suministrada por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam).

En el registro, el piloto solicitaba a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, un código necesario para ingresar al espacio aéreo estadounidense.

A partir de estudios periciales de voz y otros indicios, entre ellos huellas dactilares, la FGR determinó en junio de 2026 que el hombre que habría conducido el avión era Núñez Ojeda, presuntamente relacionado con la organización criminal conocida como “Los Chapitos”.

No obstante, el señalado ya había sido detenido por las autoridades mexicanas el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Sinaloa, y entregado a Estados Unidos el 13 de agosto de ese mismo año, dentro de un grupo de 26 presuntos delincuentes.

La identificación se produjo diez meses después de su traslado y contradijo declaraciones anteriores del secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, quien había negado la participación directa de “El Jando” en el vuelo que llevó a Zambada a Estados Unidos.

La FGR también justificó la reserva de información por las posibles consecuencias que tendría la publicación de las comunicaciones oficiales intercambiadas con el gobierno estadounidense.

Según la institución, algunos documentos fueron obtenidos mediante mecanismos de cooperación internacional y contienen detalles sobre solicitudes de información, respuestas, condiciones de intercambio y actuaciones conjuntas.

La Fiscalía advirtió que su divulgación podría comprometer la confianza necesaria para mantener esos canales de colaboración y afectar futuras investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.

Asimismo, señaló que la publicación de los archivos podría permitir que personas investigadas conocieran anticipadamente las pruebas reunidas en su contra y las estrategias utilizadas por las autoridades.

En su respuesta, la dependencia sostuvo que esa circunstancia podría “favorecer indebidamente” a integrantes de organizaciones delictivas o a personas vinculadas con los hechos investigados.

La institución también invocó compromisos derivados del Tratado de Cooperación entre México y Estados Unidos sobre Asistencia Jurídica Mutua y advirtió que divulgar determinados intercambios podría perjudicar las relaciones diplomáticas.

Aunque reconoció la existencia de un interés público por conocer las circunstancias de la captura de Zambada, consideró que ese interés puede atenderse mediante la información divulgada oficialmente, sin entregar los expedientes de la investigación.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también solicitó explicaciones a Estados Unidos después de conocerse la donación del avión utilizado en el traslado.

El 7 de julio de 2026, el canciller Roberto Velasco informó que había pedido a la Fiscalía solicitar formalmente al FBI información adicional sobre su posible intervención. También señaló que la Cancillería mantenía conversaciones con la Embajada estadounidense acerca de las circunstancias en que la aeronave fue entregada al museo.

Hasta la información consignada en el material conocido, no se había establecido cuál fue la respuesta recibida por las autoridades mexicanas.

En Estados Unidos, funcionarios judiciales han mantenido una versión diferente sobre la responsabilidad en el traslado de Zambada.

El 20 de julio de 2026, después de que se dictara una sentencia de cadena perpetua contra “El Mayo” en Nueva York, Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York, afirmó que Guzmán López había reconocido haber organizado el secuestro.

Según Nocella, el hijo de “El Chapo” esperaba obtener beneficios de las autoridades estadounidenses mediante la entrega de Zambada, pero el gobierno de ese país le había comunicado que no recibiría reconocimiento alguno por esa actuación.

El fiscal sostuvo que Estados Unidos no toleraba el secuestro y que las acciones atribuidas a Guzmán López no serían recompensadas.

Mientras continúan las diferencias sobre las circunstancias de la captura, el estado mexicano de Sinaloa permanece afectado por el enfrentamiento entre organizaciones criminales que comenzó después del traslado de Zambada.

Desde septiembre de 2024 se intensificó la confrontación entre “Los Chapitos”, facción vinculada con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, y “Los Mayitos” o “La Mayiza”, organización encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de “El Mayo”.

De acuerdo con las estadísticas oficiales citadas en la información conocida, entre septiembre de 2024 y octubre de 2026 se registraron más de 3.000 homicidios dolosos en Sinaloa.

Durante el mismo periodo, las autoridades contabilizaron más de 2.500 privaciones ilegales de la libertad y las denuncias por desaparición superaron las 4.000. Colectivos de búsqueda estiman, sin embargo, que el número de personas desaparecidas podría sobrepasar las 8.000.

El gobierno federal respondió a la situación mediante el despliegue de efectivos militares. En 2025 fueron enviados 10.516 uniformados a Sinaloa y, para mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional reportaba 13.344 integrantes de las fuerzas militares desplegados en la entidad.

La violencia también motivó manifestaciones ciudadanas. El 13 de septiembre, cientos de personas participaron en una marcha por la paz realizada en Culiacán para exigir medidas que permitieran frenar los homicidios y las desapariciones.

“No estamos marchando contra nadie, estamos marchando por la vida, por nuestros hijos, por nuestras familias, por quienes siguen esperando regresar a casa”, expresó Martha Reyes, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), durante la movilización.

Por ahora, la Fiscalía mexicana mantiene abiertas las investigaciones sobre el presunto secuestro de Zambada, la participación de los implicados y las circunstancias de su traslado a Estados Unidos.

Los documentos solicitados permanecerán reservados durante cinco años, salvo que la institución determine anticipadamente que han desaparecido las razones legales para restringir su divulgación.

Otras noticias