Deuda pública de Colombia se desbordó y llegó a $1.068 billones en el gobierno Petro: Contraloría lanzó siete alertas

La deuda bruta del Gobierno nacional alcanzó los $1.068,33 billones al cierre de agosto de 2026, según cifras de la Contraloría General de la República. Del total de las obligaciones, $818,81 billones correspondían a compromisos internos y $249,52 billones a créditos y títulos externos. El organismo de control emitió siete alertas durante los primeros ocho meses del año por el comportamiento del endeudamiento y sus efectos sobre las finanzas públicas.

Como lo anunció en comunicado de prensa el organismo de control a mediados del año, “Como parte del seguimiento realizado a la Función de Advertencia emitida previamente sobre la evolución de la deuda pública, la Contraloría informó que notificó observaciones con alcance disciplinario al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al director general de Crédito Público, Javier Cuéllar”.

Y es que los compromisos adquiridos dentro del país representaban el 76,6 % de la deuda nacional, mientras que las obligaciones con acreedores internacionales concentraban el 23,4 %. Frente a diciembre de 2025, el saldo interno aumentó $78 billones y el externo disminuyó $69 billones, principalmente por la reducción de la cotización del dólar.

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De acuerdo con los datos suministrados al diario, cada descenso de $100 en la tasa de cambio reduce aproximadamente $7 billones del valor de la deuda externa expresada en pesos colombianos. Sin embargo, esta variación contable no modifica las cantidades adeudadas en moneda extranjera.

El informe también revela que $23 de cada $100 del gasto público se destinaban a atender obligaciones de deuda, situación que motivó advertencias de la Contraloría al Ministerio de Hacienda por el crecimiento de los pasivos y las condiciones financieras de las operaciones realizadas para cumplir los compromisos del Estado.

La mayor proporción del endeudamiento interno corresponde a títulos de tesorería clase B, conocidos como TES B, mediante los cuales el Gobierno obtiene financiación de inversionistas institucionales y particulares. Los títulos de largo plazo, con vencimientos superiores a un año y fechas que se extienden hasta 2062, sumaban $748,01 billones, equivalentes al 70 % de la deuda bruta nacional y al 91,4 % de las obligaciones internas.

Por su parte, los TES B de corto plazo registraban $52,63 billones, mientras que otros compromisos internos alcanzaban $18,17 billones. En conjunto, los títulos de deuda pública constituían el principal mecanismo de financiación del Gobierno.

Los fondos de pensiones y cesantías figuraban entre los mayores tenedores de estos instrumentos, con inversiones por $252,98 billones. Según la información publicada, Porvenir concentraba $117,72 billones; Protección, $88,31 billones; Colfondos, $27,69 billones, y Skandia, $11,53 billones.

A su vez, los fondos de capital extranjero mantenían inversiones por $150,57 billones en títulos internos. Entre los inversionistas identificados estaban Pimco Funds Global Investors Series, con $13,48 billones, y Pimco Income Fund, con $12,73 billones.

Los 20 mayores tenedores extranjeros reunían $63,20 billones, equivalentes al 42 % de las inversiones de ese grupo. Más de 800 inversionistas adicionales acumulaban los $87,37 billones restantes.

En cuanto a las obligaciones internacionales, los bonos colocados entre inversionistas representaban $126,96 billones, equivalentes al 50,9 % de la deuda externa. Los créditos contratados con organismos multilaterales ascendían a $99,46 billones y otros compromisos alcanzaban $23,09 billones.

Entre los acreedores externos figuraban el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con $52,14 billones; el Banco Interamericano de Desarrollo, con $32,65 billones, y el Banco de Desarrollo de América Latina, con $11,84 billones.

La relación de obligaciones también incluía al Fondo de Ahorro y Estabilización, con $8,74 billones; al banco alemán KfW, con $21 billones, y a la Agencia Francesa de Desarrollo, con $5,41 billones.

Otro de los aspectos identificados en las cifras de la Contraloría corresponde al calendario de pagos que deberá atender el Ministerio de Hacienda durante los próximos años.

Los días 25 y 26 de agosto de 2026, la cartera pagó títulos TES B por $6,08 billones, mientras que entre septiembre y diciembre estaban previstos vencimientos adicionales de corto plazo por $16,25 billones.

Para 2027, las obligaciones internas programadas ascienden a $78,46 billones, distribuidos entre $36,38 billones de instrumentos de corto plazo y $42,08 billones correspondientes a títulos de largo plazo.

Los mayores vencimientos internos de largo plazo posteriores a ese año se concentran en 2031, cuando deberán atenderse compromisos por $65,11 billones; en 2033, con $65,26 billones, y en 2035, con $78,65 billones.

En el componente externo, los vencimientos pendientes para el cierre de 2026 sumaban 497 millones de dólares. Para 2027, las obligaciones previstas alcanzaban 3.664 millones de dólares, mientras que los montos más elevados estaban programados para 2030, con 7.262 millones de dólares, y 2036, con 7.060 millones de dólares.

La Contraloría también examinó las operaciones utilizadas por el Ministerio de Hacienda para atender los vencimientos de los títulos durante 2026. Aunque estas permitieron cumplir las obligaciones inmediatas, el organismo señaló que incrementaron los costos financieros correspondientes a los años posteriores.

En abril, la Contraloría Delegada para la Economía dirigió una función de advertencia al Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Germán Ávila y con la dirección de Crédito Público de Javier Cuéllar, por el crecimiento de la deuda y las condiciones que podían comprometer el equilibrio de las finanzas públicas.

Posteriormente, en julio, el organismo de control confirmó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria relacionado con el manejo del endeudamiento nacional y lo trasladó a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia.

La Contraloría consideró que las decisiones examinadas se ajustaban al marco legal, pero advirtió sobre los riesgos fiscales derivados de su aplicación. El hallazgo disciplinario no constituye por sí mismo una declaración de responsabilidad contra el exministro.

El comportamiento de las finanzas públicas también fue abordado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que, según el material publicado, proyectó que el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % en 2027. Esa estimación supera el 7,8 % registrado en 2020, durante la emergencia económica provocada por la pandemia de covid-19.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, el profesor de Economía de la Universidad de los Andes David Pérez-Reyna comparó la situación fiscal con las dificultades que enfrentó Colombia durante la Guerra de los Mil Días, ocurrida entre 1899 y 1902.

El académico explicó que el crecimiento del endeudamiento público puede repercutir sobre las condiciones de financiación de las empresas y los hogares, debido a las tasas de interés que debe ofrecer el Estado para conseguir nuevos recursos.

“Que haya más deuda del Gobierno tiene un efecto directo sobre las tasas de interés: para que más personas quieran prestarle al Estado, la tasa de interés de esa deuda es mayor. Esto tiene efectos negativos sobre la inversión, pues hay menos recursos disponibles para invertir y los que hay van también a demandar un mayor retorno”, señaló Pérez-Reyna.

La información divulgada indica, además, que el país ha reducido la utilización del endeudamiento para financiar proyectos de inversión, como infraestructura vial, hospitales y universidades, mientras destina una mayor proporción de los recursos obtenidos al funcionamiento del Estado.

Según la publicación, el cupo anual de endeudamiento ya había sido utilizado en un 97 % cuando todavía faltaba la mitad de 2026, circunstancia que se suma a los vencimientos previstos para los siguientes ejercicios fiscales.

Las cifras se conocen mientras continúa pendiente la definición del Presupuesto General de la Nación para 2027 y en medio de los anuncios de austeridad formulados por el Gobierno nacional.

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