Investigación contra Zapatero sacude la política española por el rescate de Plus Ultra con millonarios pagos

La investigación judicial sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia dio este martes un giro de enorme impacto político y judicial en España.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien sitúa como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada, según el auto, a obtener beneficios económicos mediante gestiones ante altos cargos de la Administración en favor de terceros, principalmente de la compañía aérea.

La resolución judicial, de 85 páginas, sostiene que la trama habría operado para facilitar la aprobación de los 53 millones de euros entregados a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mecanismo creado durante la crisis derivada del covid-19.

Según el magistrado, la red investigada utilizó contactos políticos, estructuras societarias, contratos de consultoría y sociedades instrumentales para influir en decisiones administrativas concretas y canalizar pagos que terminaron beneficiando al entorno del expresidente socialista. La declaración judicial de Zapatero quedó fijada para el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional.

El auto judicial sostiene que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener el rescate “mediante mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Para ello, habrían desplegado dos líneas de influencia paralelas: una vinculada al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra articulada a través de Zapatero. De acuerdo con el juez, fue esta última la que terminó adquiriendo “un papel predominante” en la operación.

La investigación describe una organización presuntamente estructurada en distintos niveles. En la cúspide ubica al expresidente, a quien atribuye la capacidad de acceder a altos responsables de la Administración y de intervenir en favor de intereses empresariales concretos. Debajo de él sitúa a Julio Martínez Martínez, empresario y amigo personal de Zapatero, señalado como gestor operativo de la red y responsable de coordinar sociedades utilizadas para mover fondos y formalizar contratos.

El magistrado considera que los contratos de asesoría o consultoría utilizados por las empresas investigadas habrían servido únicamente como soporte documental para justificar transferencias económicas. Parte de esos recursos, según la resolución, terminaron en el entorno familiar y societario del exmandatario.

La resolución judicial recoge movimientos financieros que, según la investigación, vincularían a sociedades relacionadas con la trama con pagos dirigidos a Zapatero y a la empresa Whathefav S. L., administrada por sus hijas.

El juez sostiene que la empresa Análisis Relevante, considerada pieza central de la estructura investigada, habría transferido cerca de 490.780 euros al expresidente y más de 239.000 euros a la citada mercantil familiar. Además, otras compañías como Gate Center y sociedades vinculadas al grupo Thinking Heads también habrían realizado pagos al entorno de Zapatero.

En total, la investigación calcula que el exjefe del Ejecutivo y sociedades relacionadas con su entorno habrían recibido cerca de dos millones de euros en operaciones bajo sospecha.

El magistrado considera que existe una conexión temporal y funcional entre los movimientos económicos y las gestiones realizadas para favorecer el rescate de Plus Ultra. La investigación también apunta a la utilización de sociedades interpuestas y estructuras financieras internacionales para dificultar el rastreo del dinero.

Sociedades en Dubái y ramificaciones internacionales

Uno de los aspectos que más preocupa a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es la posible utilización de sociedades en el extranjero para canalizar pagos derivados de la operación.

El auto menciona específicamente la constitución de una sociedad en Dubái denominada Landside Dubai Fzco, vinculada a Idella Consulenza Strategica. Según el juez, la creación de esa firma coincide temporalmente con un contrato suscrito para percibir el 1 % del rescate concedido a Plus Ultra, equivalente a unos 530.000 euros.

La Audiencia Nacional sospecha que dicha estructura pudo haber sido diseñada para desplazar fondos fuera de España y ocultar su trazabilidad. Los investigadores también analizan conexiones empresariales y financieras en Venezuela, donde Plus Ultra mantenía operaciones aéreas y donde, según el sumario, algunos integrantes de la trama habrían realizado gestiones ante autoridades aeronáuticas para facilitar permisos de vuelo.

El juez considera especialmente relevante que algunos investigados tuvieran conocimiento anticipado de la concesión del rescate antes de que el Consejo Gestor formalizara la aprobación definitiva, ocurrida el 9 de marzo de 2021.

La resolución señala que existen mensajes intervenidos en los que dos implicados celebraban la aprobación de la ayuda semanas antes de la decisión oficial, hecho que para la investigación constituye un indicio de acceso privilegiado a información reservada.

Además, el magistrado sostiene que la secuencia de reuniones, llamadas y comunicaciones muestra un objetivo específico: influir en la decisión administrativa para garantizar el desembolso de los fondos públicos a la aerolínea.

La Policía registró este martes la oficina de Zapatero y varias sociedades mercantiles relacionadas con la investigación. Sin embargo, el juez rechazó autorizar el registro del domicilio particular del expresidente, al considerar que no existían elementos suficientes para pensar que allí pudieran encontrarse pruebas relevantes.

El magistrado argumentó que la investigación sobre el rescate de Plus Ultra es pública desde hace tiempo y que ello reduce la posibilidad de hallar documentación relevante en el ámbito privado del exmandatario.

Tras conocerse la decisión judicial, Zapatero defendió la legalidad de sus actividades profesionales y negó cualquier actuación irregular. Fuentes cercanas al expresidente aseguraron a distintos medios españoles que todas las consultorías y pagos fueron declarados conforme a la ley.

La imputación provocó fuertes reacciones en el panorama político español. El Partido Popular y Vox exigieron explicaciones inmediatas al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras dirigentes del PSOE insistieron en la presunción de inocencia y denunciaron una utilización política del caso.

José Luis Rodríguez Zapatero nació en Valladolid el 4 de agosto de 1960 y llegó a la presidencia del Gobierno español en 2004 tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones celebradas días después de los atentados del 11 de marzo en Madrid.

Gobernó España hasta 2011 y construyó una imagen política asociada inicialmente a reformas de carácter social y a un discurso de diálogo político. Sin embargo, su trayectoria también quedó marcada por profundas controversias que continúan dividiendo a la sociedad española.

Durante su mandato impulsó medidas emblemáticas como la legalización del matrimonio igualitario, la ley de dependencia y la retirada de tropas españolas de Irak.

No obstante, sectores conservadores y parte del constitucionalismo español sostienen que muchas de sus decisiones contribuyeron a deteriorar la cohesión institucional y política del país.

Uno de los episodios más controvertidos de su etapa de gobierno fue la negociación con la organización terrorista ETA. Sus detractores afirman que el Ejecutivo abrió conversaciones políticas sin exigir previamente la disolución definitiva de la banda ni una condena expresa de la violencia por parte de su entorno político.

Diversos analistas y asociaciones de víctimas sostuvieron entonces que aquella estrategia otorgó legitimidad institucional al brazo político de ETA y debilitó el consenso democrático construido tras décadas de terrorismo.

Otra de las decisiones que continúa generando debate fue el impulso al nuevo Estatuto de Cataluña aprobado en 2006. El Tribunal Constitucional anuló posteriormente varios de sus artículos por considerarlos incompatibles con la Carta Magna.

Para críticos del expresidente, aquella reforma alimentó el auge del independentismo catalán y creó las condiciones políticas que desembocaron en el desafío separatista de 2017.

La aprobación de la Ley de Memoria Histórica también marcó un punto de fractura. Mientras sus defensores la presentaron como un intento de reparación para las víctimas del franquismo, sus opositores sostienen que reabrió heridas de la Guerra Civil y quebró el espíritu de reconciliación surgido durante la Transición española.

En el terreno económico, el final de su mandato quedó asociado a la crisis financiera internacional de 2008. Durante meses, el Gobierno evitó reconocer públicamente la gravedad de la recesión y mantuvo previsiones de crecimiento que luego fueron corregidas.

España terminó enfrentando una profunda destrucción de empleo, fuertes ajustes fiscales y una crisis de deuda que obligó a reformas de emergencia. Economistas y adversarios políticos responsabilizan a Zapatero de haber reaccionado tarde ante el deterioro económico.

Tras abandonar La Moncloa, el expresidente adquirió un protagonismo creciente en América Latina, especialmente en Venezuela. Desde 2016 ha participado como mediador en distintos procesos de diálogo entre el chavismo y la oposición.

Su papel ha sido respaldado por sectores que defienden la negociación política como salida a la crisis venezolana, pero cuestionado con dureza por dirigentes opositores, organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales.

Diversos sectores venezolanos y españoles lo acusan de actuar como un aliado político del gobierno de Nicolás Maduro y de contribuir a legitimar procesos electorales cuestionados por parte de la comunidad internacional.

También ha sido criticado por su participación en misiones de observación y por respaldar espacios de negociación que, según sus detractores, no produjeron garantías democráticas reales ni mejoras sustanciales en materia de derechos humanos.

En España, la oposición conservadora también le atribuye un papel determinante en las negociaciones políticas impulsadas por Pedro Sánchez con fuerzas independentistas catalanas, especialmente en torno a la ley de amnistía y a los acuerdos parlamentarios que permitieron la continuidad del actual Gobierno.

A lo largo de los últimos años, Zapatero ha desarrollado además una intensa agenda internacional vinculada a foros políticos y empresariales en América Latina, China y Oriente Medio, una actividad que ahora vuelve a quedar bajo escrutinio tras la investigación abierta por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra.

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