Elecciones en Perú sin definición denuncian pérdida de actas y hallan cédulas de votación en la calle

Las elecciones generales realizadas el 12 de abril en Perú continúan generando controversia tras la aparición de nuevos hechos que comprometen la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A las dificultades registradas en el traslado del material electoral, que impidieron el sufragio de más de 50.000 ciudadanos, se suman ahora denuncias por la desaparición de actas de escrutinio y el hallazgo de cédulas de votación en la vía pública.

Los incidentes han intensificado los cuestionamientos sobre la cadena de custodia del material electoral y el manejo operativo del proceso, en un contexto en el que la autoridad electoral, dirigida por Piero Corvetto, enfrenta críticas por su desempeño.

Y es que coordinadores de la ONPE presentaron una denuncia en la Comisaría de Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho, por la desaparición de ocho actas de escrutinio correspondientes a las mesas 057274 y 057275 de la Institución Educativa Antonio Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú.

Según consta en el parte policial, los documentos fueron trasladados el 13 de abril —un día después de los comicios— hacia la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la jurisdicción.

El material viajaba bajo custodia de personal de la ONPE, un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cada mesa registró la participación de aproximadamente 300 votantes. Sin embargo, al momento de verificar el material en la sede descentralizada, los funcionarios advirtieron la ausencia de las actas. Tras intentar localizarlas sin éxito, se procedió a formalizar la denuncia.

El documento policial, suscrito por el comandante PNP Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, señala que los hechos podrían encuadrarse en un presunto delito contra la administración pública en la modalidad de omisión o demora de actos funcionales.

En paralelo, se reportó el hallazgo de cédulas de sufragio abandonadas en la vía pública en el distrito de Surquillo. El material correspondía a cuatro mesas de votación de la Institución Educativa 6082 Los Próceres, en Santiago de Surco.

Las cajas contenían documentación electoral de las mesas 050618, 050619, 050620 y 050627. En varios de estos casos, las actas presentan observaciones como ilegibilidad o errores aritméticos, lo que implica su eventual revisión por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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La Policía Nacional acudió al lugar para recuperar el material y trasladarlo a las autoridades competentes. El director nacional de Investigación de la PNP, teniente general Manuel Lozada, indicó que se iniciaron diligencias para determinar cómo las cédulas terminaron fuera de los canales oficiales.

“Se va a establecer si el material fue dejado, extraviado o desechado, y si existen responsabilidades administrativas o penales”, precisó el oficial, quien no descartó la posible implicación de agentes policiales.

La jefa de la ODPE Surco, Claudia Sandoval, atribuyó el incidente a un “error involuntario” durante el traslado del material electoral. Explicó que las cajas fueron olvidadas en la maletera de un vehículo contratado para el repliegue.

De acuerdo con su versión, en el transporte participaron personal de la ONPE, un fiscalizador del JNE y un efectivo policial. Señaló además que se intentó contactar al conductor del vehículo sin obtener respuesta.

Horas después, la ONPE difundió un comunicado en el que confirmó que cuatro de las 24 cajas transportadas no fueron descargadas oportunamente.

La institución aseguró que los votos correspondientes ya habían sido registrados en las actas de escrutinio y que estas se encuentran en proceso de cómputo.

No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se había presentado públicamente la denuncia policial mencionada por la entidad.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur realizó una intervención en un almacén de la ONPE en Lurín para verificar el manejo del material electoral y establecer posibles responsabilidades.

La diligencia se desarrolló en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, organismo encargado de supervisar el proceso electoral. Las autoridades buscan determinar si hubo vulneraciones en la cadena de custodia, un elemento clave para garantizar la integridad del sufragio.

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