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EE.UU. sanciona a hijos de Daniel Ortega por red minera de oro en Nicaragua
Washington apunta al círculo familiar del poder en Managua por presunto lavado de activos y control político.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, por su presunto papel en una red vinculada al sector aurífero. Las medidas también alcanzan a otros tres personas, incluido un alto funcionario del Gobierno, y a siete empresas mineras.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua”, además de estar implicados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses ligadas a la minería de oro.
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Entre los sancionados figuran Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, dos de los nueve hijos de la pareja presidencial. También fue incluido el viceministro de Energía y Minas, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, junto con otros individuos, entre ellos el ciudadano chino Bian Feiwu.
Según Washington, las siete empresas mineras sancionadas participaron en la incautación de una explotación con capital estadounidense y posteriormente comercializaron importantes cantidades de oro en Estados Unidos. La OFAC indicó que representantes de estas compañías ocuparon el año pasado una planta perteneciente a BHMB Mining Nicaragua, firma creada en 2019 con inversión de una empresa estadounidense.
El Tesoro aseguró que BHMB no ha recibido compensación por la incautación y que, además, el Gobierno nicaragüense revocó recientemente su licencia de operación.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que desde 2020 el régimen ha reestructurado el sector aurífero, convirtiéndolo en “una compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político”.
El comunicado también sostiene que el poder en Nicaragua se ha concentrado progresivamente en la familia gobernante, con la designación de sus hijos en cargos estratégicos para consolidar lo que describe como un proyecto de control político de carácter dinástico.
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