Compras: detalles de la millonaria multa a AliExpress por venta de productos ilegales y peligrosos

La Comisión Europea impuso la mayor sanción económica desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA) al multar con 550 millones de euros a la plataforma china AliExpress, propiedad del grupo Alibaba, tras concluir que incumplió de manera reiterada sus obligaciones para impedir la comercialización de productos ilegales, falsificados y peligrosos dentro del mercado europeo.

La decisión representa un nuevo paso en la estrategia de Bruselas para exigir que las grandes plataformas digitales asuman responsabilidades similares a las de cualquier actor comercial que opera en el espacio físico y marca un precedente para el comercio electrónico mundial.

La investigación que dio origen a la sanción comenzó en marzo de 2024, cuando la Comisión Europea abrió un expediente para verificar si AliExpress estaba cumpliendo las obligaciones impuestas por la DSA, norma que entró en aplicación para las grandes plataformas digitales con el propósito de reducir la circulación de contenidos y productos ilegales en internet, fortalecer la protección de los consumidores y obligar a las empresas tecnológicas a gestionar de manera efectiva los riesgos derivados de su actividad.

Tras más de dos años de inspecciones, auditorías y requerimientos de información, Bruselas concluyó que AliExpress no realizó una evaluación adecuada de los riesgos asociados con la venta de mercancías ilegales ni adoptó medidas eficaces para impedir que estos artículos continuaran disponibles para millones de consumidores europeos. La Comisión determinó que la empresa incumplió tanto su obligación de identificar los riesgos sistémicos como la de mitigarlos una vez detectados.

Uno de los aspectos que más preocupó a las autoridades europeas fue la presencia prolongada de productos considerados peligrosos para la salud y la seguridad de los consumidores. Entre ellos aparecieron juguetes que no cumplían las normas europeas de seguridad, cosméticos potencialmente nocivos, ropa falsificada y otros artículos que infringían la legislación sobre propiedad intelectual o las normas técnicas comunitarias. Según la investigación, muchos de estos productos permanecían publicados durante semanas incluso después de haber sido identificados como ilegales.

La Comisión también concluyó que AliExpress no contaba con recursos humanos suficientes para revisar el enorme volumen de publicaciones realizadas diariamente por vendedores de diferentes países. De acuerdo con los hallazgos oficiales, algunos moderadores apenas disponían de entre 10 y 20 segundos para evaluar si un producto incumplía la legislación europea, un tiempo considerado claramente insuficiente para realizar controles efectivos sobre millones de anuncios.

Otro elemento determinante fue el funcionamiento de los algoritmos de recomendación y publicidad de la plataforma. Bruselas sostuvo que estos sistemas, lejos de limitar la visibilidad de artículos sospechosos, contribuían a aumentar su difusión entre los consumidores europeos. Los investigadores también detectaron deficiencias en los mecanismos automáticos de moderación y en los sistemas destinados a medir la eficacia de las herramientas de control implementadas por la empresa.

La investigación igualmente estableció que AliExpress no aplicó de manera consistente sanciones contra los vendedores reincidentes. En numerosos casos, comerciantes que ofrecían mercancía ilegal continuaban operando en la plataforma pese a haber incumplido reiteradamente las normas internas. Las autoridades europeas señalaron además que algunos vendedores lograban eludir los controles modificando la categoría de los productos o alterando parcialmente sus descripciones para evitar ser detectados por los sistemas automáticos.

Del total de la multa, 110 millones de euros corresponden a las deficiencias detectadas en la evaluación de riesgos y 440 millones de euros fueron impuestos por la insuficiente adopción de medidas para reducir esos riesgos una vez identificados.

Aunque la cifra constituye un récord bajo la Ley de Servicios Digitales, la Comisión recordó que la legislación permite imponer sanciones de hasta el 6 % de la facturación anual mundial de las empresas infractoras, por lo que la multa representa menos del 1 % de los ingresos globales del grupo Alibaba.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, afirmó que la proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales no puede considerarse un costo inevitable del comercio electrónico.

Según la funcionaria, el tamaño de una plataforma no constituye una justificación para incumplir la normativa europea y las empresas deben identificar y gestionar sistemáticamente los riesgos que generan para garantizar compras seguras a los consumidores.

AliExpress manifestó su desacuerdo con la decisión y calificó la sanción como desproporcionada. La compañía aseguró que ha invertido importantes recursos en fortalecer sus sistemas de evaluación de riesgos, mejorar la seguridad de los productos y reforzar la protección de los consumidores desde la entrada en vigor de la DSA. Asimismo, anunció que estudia la resolución y que presentará una apelación contra la multa.

Además del pago de la sanción, la Comisión Europea ordenó a AliExpress presentar antes del 20 de octubre de 2026 un plan de acción detallado para corregir las deficiencias detectadas. Ese documento deberá explicar cómo reforzará los controles sobre vendedores, mejorará la supervisión de productos, reducirá la presencia de mercancías ilegales y fortalecerá los mecanismos internos de evaluación y mitigación de riesgos. Si Bruselas considera insuficientes las medidas adoptadas, la empresa podría enfrentar nuevas sanciones económicas.

La multa contra AliExpress se inscribe dentro de una política más amplia de la Unión Europea para reforzar la supervisión sobre las grandes plataformas digitales.

En los últimos meses también fueron sancionadas otras compañías como Temu, con 200 millones de euros, y la red social X, con 120 millones de euros, por incumplimientos relacionados con las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales.

Las autoridades comunitarias sostienen que el objetivo no es restringir el comercio electrónico, sino garantizar que las mismas normas de seguridad y legalidad que rigen en el comercio tradicional también se respeten en el entorno digital.

La decisión marca un precedente para todas las plataformas que operan en Europa. A partir de este caso, la Comisión deja claro que las empresas tecnológicas deberán demostrar que cuentan con mecanismos eficaces para detectar productos ilegales, retirar con rapidez aquellos que representen riesgos para los consumidores y sancionar a los vendedores que incumplan las normas.

El mensaje de Bruselas es que la responsabilidad sobre la seguridad del comercio electrónico ya no recae únicamente en los vendedores, sino también en las plataformas que facilitan esas transacciones y obtienen beneficios económicos de ellas.

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