EE.UU. prepara cargos por tortura contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La justicia de Estados Unidos prepara nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por su presunta responsabilidad en torturas cometidas contra ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos en cárceles venezolanas durante los años en que Maduro estuvo en el poder, según información conocida este miércoles 7 de octubre.

La eventual ampliación del expediente judicial contra Maduro y Flores fue revelada inicialmente por CNN, que citó a varias personas familiarizadas con la investigación. Reuters confirmó posteriormente con un funcionario estadounidense informado del caso que los nuevos cargos podrían ser presentados desde este jueves 8 de octubre.

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Hasta la noche de este miércoles, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no había anunciado formalmente las nuevas imputaciones.

Un portavoz de esa oficina declinó comentar la información, por lo que los señalamientos relacionados con tortura permanecen, por ahora, como una actuación judicial prevista y no como cargos formalmente presentados.

La investigación se concentra en más de una docena de ciudadanos estadounidenses que, según el Gobierno de Estados Unidos, fueron detenidos injustamente en Venezuela durante el mandato de Maduro.

Los fiscales examinan las circunstancias de esas detenciones y los presuntos abusos sufridos por algunos de los prisioneros.

La investigación podría extenderse más allá de Maduro y Flores. De acuerdo con las fuentes citadas por CNN, los investigadores han discutido la posibilidad de formular cargos contra otras personas por su presunta participación en las torturas contra estadounidenses.

Por ahora tampoco han sido revelados oficialmente los nombres de las víctimas que formarían parte de la eventual nueva acusación ni las conductas concretas que los fiscales atribuirían individualmente a Maduro, Flores u otros posibles acusados.

Los antecedentes de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela abarcan varios casos documentados durante los últimos años. Entre ellos se encuentran Matthew Heath, veterano de los Marines de Estados Unidos, y Osman Khan, quienes recuperaron la libertad en octubre de 2022.

El Departamento de Estado estadounidense calificó oficialmente la detención de Heath como injusta. Había sido arrestado en septiembre de 2020 y permaneció durante dos años bajo custodia venezolana.

También figuran los ejecutivos de Citgo detenidos después de viajar a Caracas en noviembre de 2017 para asistir a una reunión empresarial. El grupo estuvo integrado por Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Pereira.

El Departamento de Estado sostuvo que los seis fueron convocados a Venezuela para una reunión de negocios y posteriormente detenidos por agentes de seguridad encapuchados. Washington cuestionó durante años las condiciones de su proceso judicial y calificó sus detenciones como injustas.

El 1 de octubre de 2022, el Gobierno estadounidense confirmó la liberación de Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Matthew Heath y Osman Khan, además del residente permanente José Pereira, después de negociaciones entre Washington y Caracas.

Las nuevas investigaciones judiciales se producen además sobre un antecedente más amplio de denuncias internacionales por torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, documentó actuaciones de organismos estatales, entre ellos la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.

En su investigación sobre esas estructuras, la misión de Naciones Unidas determinó que existían motivos razonables para considerar que funcionarios de diferentes niveles institucionales y jerárquicos estuvieron involucrados en violaciones contra opositores reales o percibidos del Gobierno.

El organismo internacional documentó detenciones ilegales seguidas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y hechos de violencia sexual y de género.

Sus conclusiones corresponden a investigaciones de Naciones Unidas y no equivalen a una determinación judicial sobre los nuevos cargos que ahora preparan fiscales estadounidenses.

Maduro y Flores ya enfrentan un proceso penal en Estados Unidos después de haber sido capturados el 3 de enero de 2026 durante la operación militar estadounidense denominada “Operation Absolute Resolve”.

Documentos oficiales del Departamento de Justicia confirman que fuerzas estadounidenses aprehendieron a Maduro y Flores en Caracas durante la madrugada de ese día y posteriormente los trasladaron a Estados Unidos.

El expediente contra Maduro tiene antecedentes que se remontan a marzo de 2020, cuando fiscales federales de Nueva York anunciaron cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas.

La acusación fue posteriormente modificada. Documentos judiciales de 2026 incluyen a Maduro y Flores dentro de una conspiración que, según la Fiscalía, buscó importar cocaína hacia Estados Unidos.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro utilizó estructuras estatales venezolanas para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y proteger organizaciones dedicadas al envío de cocaína hacia territorio estadounidense. Esos señalamientos forman parte de la acusación de la Fiscalía y todavía deben ser probados durante el proceso.

Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer esas armas en desarrollo de los delitos imputados.

Maduro y Flores se han declarado no culpables.

La defensa también ha planteado una discusión sobre la jurisdicción estadounidense y la inmunidad que, según sus abogados, correspondería a Maduro por su condición de jefe de Estado al momento de su captura.

Esos argumentos forman parte de las controversias que deberá resolver el juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso en el Distrito Sur de Nueva York.

La captura de Maduro y Flores quedó confirmada posteriormente en documentos oficiales del propio Departamento de Justicia.

En abril, al formular cargos contra un militar estadounidense acusado de utilizar información clasificada para realizar apuestas, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la operación del 3 de enero y confirmó que Maduro y su esposa fueron aprehendidos en Caracas antes de ser trasladados a Estados Unidos.

El proceso judicial entró en una nueva etapa en julio, cuando se estableció el 1 de junio de 2027 como fecha prevista para comenzar el juicio contra Maduro y Flores.

Cilia Flores, además, tiene programada para este jueves una audiencia ante el tribunal federal de Nueva York relacionada con una solicitud para modificar las condiciones de su detención mientras avanza el proceso.

La eventual incorporación de delitos relacionados con tortura ampliaría de manera sustancial el expediente que actualmente enfrentan ambos, aunque el contenido definitivo de la acusación solo podrá conocerse cuando la Fiscalía presente los documentos ante el tribunal.

La defensa de Maduro aseguró a CBS News que hasta este miércoles no había recibido notificación sobre la presentación de nuevos cargos.

La información conocida hasta ahora indica que los fiscales buscan establecer responsabilidades por los presuntos abusos sufridos por estadounidenses detenidos en Venezuela, pero aún no se conoce qué figuras penales utilizarán, qué episodios específicos incorporarán a la acusación ni cuáles personas, además de Maduro y Flores, podrían ser procesadas.

Esos detalles podrían quedar definidos este jueves si la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presenta la nueva acusación ante la justicia federal.

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