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Corte Suprema de EE.UU. habilita orden de Trump contra ciudadanía por nacimiento
Trump retoma medidas migratorias tras fallo clave.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que permite a la administración del presidente Donald Trump avanzar en la implementación de una orden ejecutiva previamente suspendida, orientada a restringir el acceso a la ciudadanía estadounidense por nacimiento para hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal.
El pronunciamiento, adoptado con una votación mayoritaria de seis magistrados frente a tres, deja sin efecto los fallos de instancias judiciales inferiores que habían bloqueado la aplicación de dicha disposición a nivel nacional.
El mandatario se refirió públicamente a la resolución en una declaración difundida en su plataforma digital, donde la calificó como un logro jurídico relevante.
En una comparecencia junto a la fiscal general Pam Bondi en la Casa Blanca, Trump sostuvo que la decisión judicial representa una oportunidad para reactivar un conjunto de directrices del Ejecutivo que habían sido detenidas por orden de tribunales federales.
Según el mandatario, la determinación de la Corte no solo habilita la aplicación de la medida sobre la ciudadanía por nacimiento, sino que también allana el camino para retomar otras políticas incluidas en su agenda.
Entre estas mencionó la eliminación de recursos federales destinados a ciudades con estatus de “santuario” para migrantes, la suspensión de reasentamientos de personas refugiadas, la revisión de programas financiados con fondos públicos y la prohibición del uso de recursos estatales en intervenciones quirúrgicas para personas transgénero.
La orden ejecutiva que busca restringir el alcance de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense fue emitida durante el primer periodo presidencial de Trump, pero su entrada en vigencia fue suspendida tras la presentación de múltiples demandas.
El argumento central de dichas acciones legales se fundamentó en la supuesta vulneración del derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento, consagrado en el texto aprobado en 1868.
La actual decisión del Supremo no entra a resolver el fondo jurídico de la orden ejecutiva, es decir, no determina si la disposición es constitucional o no.
El análisis del alto tribunal se centró en la competencia de los tribunales de menor jerarquía para emitir fallos con efectos nacionales.
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La Corte concluyó que estas instancias no poseen atribuciones para frenar en todo el país una política federal sin que medie un proceso sustancial de revisión judicial.
De acuerdo con el pronunciamiento, la medida presidencial deberá entrar en vigor 30 días después de la publicación oficial del fallo, mientras continúan su curso los litigios pendientes sobre su validez constitucional.
Expertos en derecho constitucional han advertido que este paso podría incidir en la tramitación de decenas de demandas similares relacionadas con decretos del Ejecutivo.
En su intervención, la fiscal general Pam Bondi defendió la competencia del presidente para adoptar decisiones de esta naturaleza, afirmando que la administración mantendrá la implementación de medidas que, en su criterio, buscan proteger los intereses de la ciudadanía estadounidense.
La funcionaria manifestó además que la Corte había corregido una práctica judicial que, a su juicio, venía restringiendo las funciones del poder Ejecutivo en materia de inmigración.
La orden ejecutiva objeto de controversia ha sido parte del conjunto de iniciativas del Gobierno federal para endurecer las políticas migratorias desde el retorno de Trump a la presidencia en enero.
Aunque la aplicación concreta de estas disposiciones sigue sujeta a revisión judicial, el fallo actual representa un precedente que podría debilitar el alcance de futuras suspensiones decretadas por juzgados federales.
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