Publicidad
Publicidad
Cártel de Sinaloa usó datos del FBI para rastrear y asesinar informantes, según EE. UU.
Departamento de Justicia revela uso de vigilancia y datos telefónicos por parte de la organización ilegal del narcotráfico en México.
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, en 2018, un individuo con conocimientos avanzados en sistemas informáticos y vinculado al cártel de Sinaloa obtuvo acceso a datos confidenciales de un funcionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI) asignado a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.
La información sustraída fue utilizada por el grupo criminal para localizar e identificar a colaboradores confidenciales, varios de los cuales habrían sido posteriormente asesinados.
La investigación fue divulgada a través de una auditoría realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, centrada en los desafíos que enfrentan las agencias de seguridad estadounidenses frente a lo que se ha denominado como “vigilancia técnica ubicua”.
Este concepto hace referencia a la acumulación masiva de datos derivados de sistemas de videovigilancia, historiales de comunicaciones y registros de ubicación generados por dispositivos electrónicos, así como al uso que entidades no estatales pueden hacer de esta información.
Lea también: (Argumentos de la Procuraduría para pedir absolución del expresidente Álvaro Uribe)
Según el reporte, el hacker logró identificar al funcionario del FBI mediante el acceso a bases de datos de telecomunicaciones y, a partir del número de teléfono del agente, obtuvo un historial de llamadas entrantes y salientes, junto con datos precisos de geolocalización.
De manera complementaria, utilizó el sistema de cámaras públicas de vigilancia desplegado en la capital mexicana para seguir los desplazamientos del funcionario, observar sus interacciones personales y registrar los lugares que frecuentaba.
La auditoría señala que la información obtenida por el hacker fue transferida al cártel, que la utilizó para intimidar a colaboradores de las autoridades estadounidenses y, en determinados casos, proceder a su eliminación física.
El informe no especifica ni el nombre del presunto pirata informático ni la identidad del funcionario afectado o de las personas víctimas de represalias. Tampoco establece con precisión el número de casos en que esta información habría derivado en asesinatos o actos de coacción.
La organización criminal implicada en los hechos es identificada como una facción del cártel de Sinaloa que operaba bajo el liderazgo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos en 2017.
Actualmente, Guzmán cumple una condena a cadena perpetua tras ser declarado culpable en una corte federal por diversos cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de activos y homicidio.
El reporte también advierte sobre los riesgos crecientes que representa el acceso no autorizado a infraestructuras de telecomunicaciones y redes de vigilancia por parte de organizaciones criminales.
La combinación de datos de localización, imágenes de cámaras urbanas y registros telefónicos representa una amenaza sustancial para la integridad de los sistemas de protección de testigos e informantes, elemento esencial en la lucha contra el crimen transnacional.
Frente a estos señalamientos, ni la Embajada de Estados Unidos en México ni los departamentos de Estado y de Justicia ofrecieron una respuesta oficial inmediata a las solicitudes de información enviadas por los medios de comunicación.
De igual manera, el FBI y la defensa legal de Guzmán se abstuvieron de emitir pronunciamientos sobre el contenido del informe.
El caso plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para resguardar la confidencialidad de sus agentes y colaboradores, particularmente en un entorno donde los recursos tecnológicos disponibles permiten la explotación de datos sensibles con fines criminales.
También pone de relieve las vulnerabilidades sistémicas existentes en las plataformas de vigilancia pública, que, pese a estar concebidas para fines de seguridad, pueden ser manipuladas por terceros si no se adoptan medidas estrictas de control y cifrado.
La auditoría recomienda revisar los protocolos actuales del FBI para el manejo de dispositivos móviles, así como la interacción de sus agentes con tecnologías de localización en contextos de alto riesgo.
El informe sugiere fortalecer los mecanismos internos para detectar posibles filtraciones de información y mejorar la protección de las identidades de los informantes, especialmente en regiones donde operan estructuras criminales con capacidades técnicas avanzadas.
Otras noticias
Etiquetas
