Gobierno inscribe comité para impulsar constituyente con reformas al Banco de la República y la justicia

El Gobierno nacional dio un nuevo paso para promover una asamblea nacional constituyente tras la inscripción formal de un comité promotor ante la Registraduría Nacional, con el objetivo de activar el mecanismo de iniciativa popular. La propuesta, impulsada desde el Ejecutivo, busca introducir cambios de fondo en el orden institucional, económico y judicial del país.

La inscripción del comité, integrado por nueve personas, fue liderada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y se produce en un contexto de dificultades del Gobierno para sacar adelante varias de sus reformas sociales en el Congreso. De acuerdo con el documento fundacional, el Ejecutivo argumenta que existe un “bloqueo institucional” y omisiones legislativas que habrían limitado la garantía de derechos fundamentales.

El texto del proyecto, conocido por medios de comunicación, expone de manera detallada las razones que, según el comité promotor, justificarían la convocatoria de una constituyente mediante voto popular. Aunque el registro ante la Registraduría formaliza el inicio del proceso ciudadano, el trámite aún no ha llegado a instancias decisivas del ámbito político y jurídico.

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Entre las propuestas centrales figura una transformación del modelo económico. El documento plantea revisar el papel del Estado en sectores estratégicos, fortalecer la economía popular, cooperativa y solidaria, y modificar el funcionamiento del Banco de la República, incluyendo la eliminación de su actual autonomía, un punto que ha generado amplio debate entre expertos y sectores económicos.

Según el texto, la iniciativa propone ajustar la política monetaria y rescatar la banca pública como herramientas para impulsar un programa nacional de desarrollo productivo orientado a la generación de empleo masivo. Estas ideas coinciden con cuestionamientos que el presidente Gustavo Petro ha expresado en repetidas ocasiones sobre el rol del banco central y el modelo económico vigente.

En el ámbito judicial, la propuesta contempla reemplazar la Corte Constitucional por un Tribunal Constitucional Autónomo. Este nuevo organismo tendría facultades reforzadas para abordar omisiones legislativas estructurales, emitir sentencias con efectos modulados y ordenar políticas públicas en casos de violaciones masivas de derechos.

El documento sostiene que estas modificaciones buscarían fortalecer la jurisdicción constitucional y evitar que la justicia sea utilizada con fines políticos, planteándola como un pilar para la protección efectiva de los derechos ciudadanos y la consolidación de la paz.

En medio de las críticas y cuestionamientos desde distintos sectores políticos, el presidente Gustavo Petro negó que la iniciativa tenga como objetivo concentrar el poder o prolongar su permanencia en el cargo. El mandatario afirmó que no pretende instaurar un régimen autoritario y que una eventual constituyente no se desarrollaría durante su gobierno.

Mientras el debate público se intensifica, la propuesta permanece en una fase inicial y su viabilidad dependerá del respaldo ciudadano, los controles institucionales y la discusión política que se abra en los próximos meses en torno a la eventual convocatoria de una asamblea nacional constituyente.

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