Publicidad
Wadith Manzur se entrega en el búnker de la Fiscalía tras orden de captura de la Corte Suprema por el caso UNGRD
Fue uno de los congresistas más votados en las elecciones del domingo.
El representante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur compareció ante las autoridades judiciales luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera su captura dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La presentación del congresista se produjo en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, pocas horas después de que se conociera la decisión adoptada por la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal.
La providencia ordena medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.
Antes de acudir a las autoridades, Manzur publicó un mensaje en la red social X en el que informó que se encontraba a disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dentro del expediente que se adelanta por el presunto delito de cohecho impropio.
Según el congresista, su decisión de comparecer responde al interés de atender los requerimientos judiciales derivados de la investigación.
En ese pronunciamiento público señaló que recibía la decisión del tribunal con respeto y que colaboraría con las actuaciones que se desarrollen dentro del proceso.
También manifestó que confía en que la investigación permita esclarecer los hechos y sostuvo que actuó conforme a la ley durante su ejercicio en el Congreso.
La orden de captura contra Manzur forma parte de las actuaciones adelantadas por la Corte Suprema en el marco del escándalo de corrupción que involucra contratos y decisiones administrativas dentro de la UNGRD, entidad encargada de coordinar las políticas públicas relacionadas con la prevención y atención de desastres en el país.
Dentro de la misma decisión judicial, la Sala Especial de Instrucción también dispuso medida de aseguramiento contra la representante a la Cámara Karen Manrique.
La congresista se presentó ante las autoridades en el municipio de Tame, departamento de Arauca, para atender la orden emitida por el tribunal.
De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación preliminar, la Corte examina la posible existencia de acuerdos entre varios congresistas y funcionarios del Gobierno relacionados con decisiones adoptadas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Lea también: (Juan Daniel Oviedo en el concierto de Miguel Bosé: público coreó “¡Vice, vice!” en el Movistar Arena)
Este órgano tiene entre sus funciones emitir conceptos sobre operaciones de endeudamiento que el Gobierno nacional pretende realizar en los mercados financieros.
Según la hipótesis planteada por la Sala de Instrucción, algunos integrantes del Congreso habrían aceptado ofrecimientos atribuidos al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Dichos ofrecimientos, según la investigación, habrían estado orientados a obtener conceptos favorables de la comisión frente a determinadas operaciones de crédito público.
La Corte sostiene que en varias reuniones privadas se habría planteado la posibilidad de impulsar procesos contractuales y actividades de interventoría relacionados con tres proyectos vinculados a la UNGRD.
Estos proyectos, según los documentos examinados por el tribunal, se desarrollarían en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
Las actuaciones judiciales buscan establecer si existió un acuerdo para direccionar procesos contractuales asociados a esas iniciativas y si tales decisiones estuvieron vinculadas a la emisión de conceptos dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
En el mismo expediente, la Corte Suprema también adoptó decisiones frente a otros integrantes del Congreso. El tribunal resolvió llamar a juicio a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
La etapa de juicio implica que el alto tribunal consideró que existen elementos suficientes para que estas personas enfrenten un proceso penal formal ante la Corte, donde se evaluarán las pruebas recopiladas por la Sala de Instrucción y se determinará la eventual responsabilidad penal en los hechos investigados.
El caso relacionado con la UNGRD ha generado diversas actuaciones judiciales en los últimos meses debido a la posible existencia de irregularidades en la gestión de recursos públicos y en la asignación de contratos vinculados a proyectos financiados por el Estado.
Otras noticias
Etiquetas
