Soldados que vendieron fusil y munición a grupo armado en Jamundí fueron condenados

Dos soldados regulares del Ejército Nacional fueron condenados por vender armamento oficial a integrantes de un grupo armado ilegal que opera en el Valle del Cauca, en un caso que volvió a encender las alarmas sobre la infiltración criminal en zonas golpeadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

La decisión judicial fue adoptada por los juzgados 1203 y 1204 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado, que sentenciaron a los uniformados a 42 meses de prisión por el delito de hurto de armas y bienes de defensa.

Además, ordenaron su separación definitiva de la Fuerza Pública y la inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de marzo de 2026 en el municipio de Jamundí, una de las zonas más sensibles del suroccidente colombiano por la presencia de estructuras armadas ilegales, especialmente disidencias de las Farc vinculadas al frente Jaime Martínez, organización señalada por múltiples ataques contra la Fuerza Pública en Valle y Cauca.

Según la investigación de la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial, los soldados, adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3, realizaron previamente labores internas para identificar rutas de acceso y verificar la vigilancia alrededor del sitio donde se almacenaban las armas y municiones.

Tras varios días de observación, aprovecharon una situación extraordinaria dentro de la base militar para ingresar al depósito y sustraer un fusil, un proveedor y 35 cartuchos de munición.

Las autoridades establecieron que el armamento fue negociado con integrantes de un grupo armado organizado de la región a cambio de 30 millones de pesos.

El caso comenzó a esclarecerse luego de que uno de los propios soldados denunciara lo ocurrido. A partir de esa información, la Justicia Penal Militar asumió la investigación y recopiló pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad instaladas dentro de la unidad militar.

Los videos permitieron identificar plenamente a los uniformados involucrados en el robo y posterior comercialización del armamento.

En menos de 24 horas fueron capturados y llevados ante el Juzgado 1718 Penal Militar y Policial con función de control de garantías, que les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Posteriormente, el procedimiento de legalización de captura fue adelantado por el Juzgado 1715 Penal Militar y Policial.

La investigación avanzó rápidamente debido a la contundencia del material probatorio y al reconocimiento de los hechos por parte de los procesados.

En menos de un mes se produjo la condena, algo que la Justicia Penal Militar destacó como una muestra de respuesta inmediata frente a hechos que comprometen la seguridad institucional y ciudadana.

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En el fallo, los jueces advirtieron que la conducta de los militares representó un grave riesgo para la población civil y para los propios integrantes de la Fuerza Pública, debido a que las armas iban a ser utilizadas por estructuras ilegales que delinquen en el suroccidente del país.

El caso ocurre en un momento especialmente delicado para Jamundí y otras zonas del Valle del Cauca, donde las autoridades mantienen operativos permanentes ante el incremento de acciones armadas contra estaciones de Policía, bases militares y comunidades rurales.

En los últimos meses, las autoridades regionales han denunciado el uso de drones acondicionados con explosivos y ataques dirigidos contra tropas del Ejército en corredores estratégicos para el narcotráfico.

Jamundí ha sido históricamente uno de los municipios más afectados por la confrontación armada en el Valle del Cauca.

Su ubicación estratégica entre Cali, el norte del Cauca y la salida hacia el Pacífico convirtió al territorio en un corredor clave para economías ilegales y estructuras armadas.

La región ha sido escenario de disputas entre guerrillas, grupos narcotraficantes, organizaciones paramilitares y bandas criminales durante las últimas décadas.

Incluso, el municipio quedó marcado por uno de los episodios más graves de la historia reciente de la Fuerza Pública: la masacre de Jamundí de 2006, cuando militares asesinaron a diez integrantes de la Dijín y a un civil en medio de una operación vinculada posteriormente con estructuras narcotraficantes.

Aunque las autoridades no revelaron el nombre del grupo armado que recibió el fusil y la munición, organismos de seguridad han advertido en reiteradas oportunidades sobre los intentos de organizaciones ilegales por infiltrar o corromper integrantes de la Fuerza Pública para acceder a armamento, información de inteligencia y movimientos operacionales.

La Justicia Penal Militar aseguró que la decisión busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente a actos de corrupción dentro de las instituciones armadas.

“Con la decisión se reafirma el compromiso de las diferentes instancias de la jurisdicción para resolver con celeridad estos hechos que ponen en riesgo la seguridad de la Fuerza Pública y de la comunidad”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

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