Simón Trinidad pide ser reconocido como víctima en la JEP por exterminio de la Unión Patriótica

Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, identificado durante su militancia en las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como Simón Trinidad, presentó una solicitud formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ser acreditado como víctima en el Caso 06, el cual está centrado en el análisis de los crímenes cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica (UP), movimiento político surgido durante los procesos de diálogo entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia.

La petición fue radicada el 5 de diciembre por su equipo de defensa, que dirigió el escrito a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP.

En el documento, Trinidad expresó su voluntad de ser reconocido como víctima conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018, que regula aspectos procesales de la justicia transicional en Colombia.

Según su declaración, los hechos que lo vinculan a este proceso se enmarcan en la persecución sistemática a sectores políticos alternativos, específicamente en su calidad de integrante y dirigente de un grupo insurgente que tuvo afinidad política con la Unión Patriótica en algunos contextos regionales durante la segunda mitad del siglo XX.

El documento contiene una certificación firmada por Trinidad, en la que declara la veracidad de la información presentada, e incluye una lista de personas allegadas, familiares y miembros de comunidad que también habrían manifestado su intención de ser reconocidas como víctimas en el mismo expediente.

Con base en este argumento, su defensa considera que la solicitud se alinea con los principios de inclusión y centralidad de las víctimas que rigen el sistema transicional creado a partir del Acuerdo Final de Paz.

Simón Trinidad permanece privado de libertad en territorio estadounidense, cumpliendo una condena de 60 años de prisión impuesta por una corte federal tras haber sido hallado responsable del secuestro de tres ciudadanos contratistas del Gobierno de ese país en 2003. Su captura tuvo lugar en Quito, Ecuador, en 2004, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

Desde entonces, no ha retornado al país ni ha participado presencialmente en las diligencias de la JEP. No obstante, ha enviado declaraciones escritas y ha solicitado participación en distintos casos.

A pesar de su situación jurídica en el exterior, la JEP ha adoptado decisiones respecto a su situación en Colombia. En abril de 2025, la Sala de Amnistía o Indulto del tribunal transicional resolvió otorgarle amnistía en 20 procesos judiciales, relacionados en su mayoría con delitos de rebelión y uno más por daño en bien ajeno.

Estas decisiones contemplaron expedientes en etapa de indagación, acusación y condena, tramitados por distintas fiscalías y juzgados especializados en justicia ordinaria, incluidos el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar y unidades especializadas de derechos humanos y terrorismo en Bogotá, Villavicencio y otras ciudades.

En varios de estos casos, el tribunal concluyó que no existía evidencia suficiente de su participación directa en los hechos imputados, razón por la cual recalificó las conductas como delitos políticos amnistiables.

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La amnistía, sin embargo, no tiene efectos sobre la sentencia que cumple en Estados Unidos. La JEP ha precisado en pronunciamientos anteriores que sus competencias no alcanzan a modificar decisiones judiciales adoptadas en el extranjero ni a suspender penas impuestas por otros Estados.

Por ello, las órdenes de libertad derivadas de decisiones en sede transicional quedan sin efecto práctico en relación con su actual lugar de reclusión.

El Caso 06 ante la JEP tiene como objetivo esclarecer los hechos que condujeron al exterminio de la Unión Patriótica, organización política que nació en 1985 como resultado de los acuerdos de cese al fuego entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, en el marco de los diálogos adelantados en el municipio de La Uribe, Meta.

La UP buscó representar un proyecto político alternativo con presencia en distintos niveles de representación popular. Sin embargo, sus miembros fueron objeto de una persecución sistemática en varias regiones del país.

Según informes de la Fiscalía General de la Nación, al menos 1.620 personas vinculadas al movimiento, entre ellas candidatos, dirigentes y simpatizantes, fueron asesinadas desde mediados de la década de 1980.

Por su parte, organizaciones como la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica han estimado que el número de víctimas supera las 6.000, incluyendo casos de desaparición forzada, desplazamiento, amenazas y violencia política.

Estas entidades han utilizado la expresión “genocidio político” para referirse a la naturaleza y escala de las agresiones, subrayando la responsabilidad institucional en los patrones de impunidad.

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