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Siete policías y expolicías procesados por tráfico de información en investigación

Los investigados pertenecían a la Sijin del Departamento de Policía de Cundinamarca, y a la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa.

POLICÍA NACIONAL FOTO
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 12/07/2023 - 07:45 Créditos: Red+

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional Especializada contra los Delitos Informáticos, presentó ante un juez de control de garantías a siete integrantes y exintegrantes de la Policía Nacional señalados de ingresar irregularmente a los sistemas de la entidad para extraer información sobre una investigación que no estaba a su cargo.

Los hoy procesados pertenecían a la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca, y a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Los elementos de prueba dan cuenta de que se habrían articulado para acceder a dos bases de datos distintas con el propósito de conocer las identidades y los números de contacto de los uniformados que tenían asignado un caso de contrabando.

De esta manera, presuntamente, ubicaron a los investigadores encargados y les ofrecieron dinero para que les contaran detalles sobre las personas que estarían involucradas y las actividades previstas.

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Estas actuaciones ilegales ocurrieron en 2021. Los posibles responsables fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI y la DIJIN de la Policía en Bogotá. Los detenidos son:
Subintendentes Edwin Arlex Gil Cortés y Diego Alejandro Sánchez Ome, y la técnico para el apoyo de la seguridad Mónica Alexandra Buitrago Morantes, señalados de acceder abusivamente a la plataforma de talento humano y al Sistema para la Información de Equipos Automotores.

Además el Intendente Jeisson Eduardo Capera Jiménez, Intendente en retiro Alexander Garavito Neira, subintendente Héctor Fabián Mora Marcillo y patrullero Anderson José Mariño Patarroyo, quienes habrían ofrecido dinero a los uniformados encargados de caso de contrabando.

 La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones, y cohecho para dar u ofrecer.

Los procesados recibieron medidas aseguramiento, cuatro de estas privativas de la libertad.

 

 

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