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Senado aprueba la Ley Jineth Bedoya para fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres
La iniciativa establece capacitación obligatoria y evaluable en enfoque de género y derechos humanos para todos los servidores públicos y contratistas del Estado.
La Plenaria del Senado aprobó en último debate el Proyecto de Ley 352 de 2026 (Senado) – 193 de 2024 (Cámara), conocido como la Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que busca fortalecer la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres mediante la capacitación obligatoria de quienes ejercen funciones públicas en Colombia.
La norma establece que todos los servidores públicos, contratistas y particulares que desempeñen funciones públicas deberán recibir formación permanente y evaluable en materia de violencias basadas en género, derechos humanos y aplicación de la Ley 1257 de 2008, que contempla medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La aprobación de la iniciativa contó con la presencia en el recinto de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien durante más de dos décadas ha impulsado la búsqueda de justicia tras haber sido víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el año 2000.
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Durante su intervención ante los senadores, Bedoya se refirió a las críticas y cuestionamientos expresados por algunos sectores durante el debate legislativo.
“Llevo 26 años recibiendo una constante revictimización, hoy no fue la excepción”, afirmó la periodista. Asimismo, aseguró que continuará defendiendo los derechos de las víctimas pese a las amenazas y ataques que, según indicó, sigue enfrentando.
“Soy una mujer sobreviviente y aún estoy amenazada, y así sigo ejerciendo el periodismo. Me importan los derechos y me pararé una y mil veces donde me tenga que parar, así me humillen y me revictimicen”, expresó.
El principal objetivo de la nueva ley es combatir la violencia institucional que enfrentan muchas mujeres cuando acuden a entidades públicas en busca de atención, protección o justicia. Según los promotores de la iniciativa, numerosas víctimas son revictimizadas por funcionarios que actúan sin el conocimiento adecuado sobre enfoques de derechos y atención diferencial.
Entre los aspectos más relevantes de la norma se encuentra la obligación de implementar procesos de formación continua y evaluable sobre violencias de género y derechos humanos, evitando que estas capacitaciones se conviertan en simples trámites administrativos sin impacto real.
La ley tendrá aplicación en todo el sector público, incluyendo entidades de la Rama Judicial, organismos de control, la Fuerza Pública, entidades territoriales, instituciones de salud, comisarías de familia, así como contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas.
Además, la iniciativa busca dar cumplimiento a las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, decisión internacional que responsabilizó al Estado colombiano por las fallas en la protección y acceso a la justicia de la periodista.
Los impulsores del proyecto consideran que la Ley Jineth Bedoya representa un paso importante para garantizar una atención más adecuada a las víctimas de violencia de género y para promover cambios institucionales que contribuyan a prevenir la revictimización dentro de las entidades públicas del país.
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