Seis implicados en red de corrupción de la Ungrd se entregan a la Fiscalía; buscan a César Manrique

Seis personas implicadas en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación. La entidad las investiga por su presunta participación en una red que habría desviado más de 29.000 millones de pesos destinados a la compra de carrotanques, en un entramado de contratos irregulares, sobornos y lavado de activos.

La Fiscalía confirmó que los capturados —Ana María Riveros, Sonia Romero, Francisco Estupiñán, Óscar Cárdenas, Édgar Echeverry y Jorge Aristizábal— formaban parte de una estructura criminal que operó entre octubre de 2023 y abril de 2024, bajo el liderazgo de César Manrique, actualmente prófugo. Según el ente acusador, el grupo direccionaba contratos a cambio de coimas que alcanzaban hasta el 7 % del valor total.

Uno de los episodios más reveladores en las audiencias fue el testimonio sobre cómo Aristizábal habría retirado y trasladado 3.000 millones de pesos en efectivo desde una sede bancaria hasta un baño en el centro comercial Gran Estación, donde supuestamente entregó el dinero a un funcionario clave.

La red criminal habría favorecido a la Fundación Yapurutú en la adjudicación de un contrato millonario. Édgar Echeverry, exconcejal y candidato a la Asamblea del Vaupés, figura como su representante legal, mientras que Francisco Estupiñán coordinaba las ventas dentro de la misma organización.

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Por su parte, la contratista Sonia Romero habría suministrado información interna clave para asegurar las adjudicaciones. La Fiscalía señala que seguía instrucciones de Edgar Riveros —abogado ya capturado—, quien también habría involucrado a su hija, Ana María Riveros, como intermediaria en el retiro y entrega del dinero en efectivo.

En audiencia, la fiscal María Cristina Patiño afirmó que César Manrique, sin tener vínculo laboral con la Ungrd, acordó con el entonces director Olmedo López el pago de sobornos por cada contrato firmado entre la entidad y la Agencia Nacional de Tierras. Aunque su paradero sigue siendo desconocido, se presume que podría estar en Bogotá.

Los delitos que enfrentan los implicados incluyen concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. Todos permanecerán en Bogotá mientras avanza la investigación.

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