¿Quiénes son “Los Nuevos Nule”? Los señalados de manejar red que habría desviado hasta $3,5 billones

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió identificar una red señalada de apropiarse y direccionar recursos del Sistema General de Regalías (SGR) mediante contratos ejecutados en al menos 19 departamentos del país. El entramado, denominado por las autoridades como “Los Nuevos Nule”, habría comprometido recursos públicos por una cifra proyectada entre $3,1 billones y $3,5 billones.

Según la investigación, la estructura habría operado durante cinco años y concentró su actividad en proyectos financiados con regalías destinados a infraestructura, educación, salud, agua potable, saneamiento básico, energía, deporte y vivienda rural.

Lea también (De la Espriella pide revertir aumento: así quedó el precio de la gasolina tras cuatro años de gobierno Petro)

El centro de las operaciones habría sido el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada, entidad constituida formalmente en 2021 con un aporte privado de un millón de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, el fondo habría aprovechado su régimen de contratación y la aplicación de un manual interno para evitar los procedimientos ordinarios de licitación pública y los controles establecidos para la contratación con recursos estatales.

Por medio de este mecanismo, el Fondo Sierra Nevada habría intervenido como intermediario en el direccionamiento de 1.147 contratos hacia un grupo de empresas, consorcios y uniones temporales previamente seleccionados.

La investigación estableció que, para concretar las adjudicaciones y presentar ante las autoridades administrativas los procedimientos como ajustados a las normas, presuntamente fueron elaboradas actas, registros y documentos privados falsos.

Los investigadores también detectaron posibles irregularidades relacionadas con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En varios proyectos, las empresas encargadas de ejecutar las obras pertenecían al mismo grupo empresarial de las firmas responsables de realizar la interventoría.

A esto se sumaron casos en los que directivos del propio fondo presuntamente terminaron beneficiándose mediante contratos de prestación de servicios, mientras desempeñaban funciones dentro de la organización encargada de gestionar los recursos.

La Fiscalía reunió interceptaciones telefónicas, correos electrónicos, documentos y elementos obtenidos durante diligencias de allanamiento para reconstruir la forma como habría funcionado el esquema y establecer la participación de sus integrantes.

Entre el material recopilado aparecen conversaciones en las que miembros de la organización se referían a Esteban José Cleves Daza como el “Nule chiquito”. Según lo establecido dentro de la investigación, las referencias estaban relacionadas con el propósito de alcanzar un nivel económico comparable con algunas de las grandes fortunas de Valledupar.

Las pesquisas también documentaron los gastos y bienes atribuidos a algunos de los señalados. De acuerdo con la Fiscalía, recibían asignaciones mensuales que se encontraban entre $30 millones y $60 millones.

Los investigadores determinaron, además, que integrantes de la estructura adquirieron vehículos de alta gama por valores cercanos a $400 millones e inmuebles en Valledupar por más de $1.500 millones.

Entre los gastos identificados por las autoridades también figura un viaje de 30 días para asistir al Mundial de Fútbol de 2026, cuyos costos habrían sido asumidos por miembros de la organización.

El operativo adelantado como resultado de la investigación terminó con la captura de 13 personas en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio.

Entre los judicializados están Esteban José Cleves Daza y Patricia Cerchiaro Carranza, señalados como socios fundadores del entramado. También fueron vinculados Martín Guillermo Zuleta Mieles, exalcalde de La Paz, y Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, además de directivos, supervisores y contratistas relacionados con las operaciones investigadas.

Tras las capturas, la Fiscalía presentó a los procesados ante una jueza penal de control de garantías y formuló imputaciones por delitos relacionados con la contratación y el manejo de recursos públicos.

Entre las conductas imputadas se encuentran concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad y prevaricato.

Como resultado de las audiencias, la jueza de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra ocho de los procesados.

La investigación de la Fiscalía sostiene que el esquema utilizó al Fondo Sierra Nevada como instrumento para canalizar contratos financiados con recursos de regalías y direccionarlos hacia empresas, consorcios y uniones temporales vinculados con el grupo investigado. En total, las autoridades identificaron 1.147 contratos dentro del entramado y calculan que los recursos comprometidos podrían alcanzar entre $3,1 billones y $3,5 billones.

Otras noticias